El desahucio del Mar Menor y el pacto de los farsantes

 

 Por Pedro Costa Morata

No, no es verdad -y esto es de convicción casi general- que las administraciones públicas estén trabajando por resolver los problemas ecológicos del Mar Menor. Al revés, están guardando, cubriendo y hasta alimentando a los causantes, consintiendo en la permanencia de los terribles impactos que degradan y condenan a nuestra albufera. Lo que sí hacen es el paripé, el teatro y la pérdida de tiempo (ganancia para ellas), con la irresponsable compensación de volcar millones en un escenario de impostura pertinaz, aunque con luces y taquígrafos.

No sin cierto retintín (conociendo el percal), los medios destacaron el paseo, al alimón, de la ministra Ribera y el presidente López Miras, por la ribera del Mar Menor para “recuperarlo”, aludiendo a “acuerdo”, “sello de la paz”, “segunda oportunidad”, “comienzo de una nueva etapa”, etcétera, que son términos, típicos y clásicos, de la palabrería hace tiempo consagrada en este asunto; que es lo que aquí yo destaco, consciente de que invento bien poco. La ocasión la ha causado la firma conjunta del protocolo (entre las tres administraciones del Estado) para la creación de la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, que tiene como objeto “coordinar y cooperar institucionalmente en la ejecución de las políticas y actuaciones públicas que afecten a la laguna”.

El gesto de esos políticos por el Mar Menor sucedía en pocos días a la publicación del resultado del concurso público abierto a mediados de 2023 para otorgar subvenciones a entidades que se postularan con propuestas para la “Restauración y Mejora ambiental del Mar Menor”. Unas propuestas que ignoraban el hecho evidente de que los problemas ambientales no se resuelven sin actuar sobre las causas, por más millones que se echen al actuar sobre los efectos; cosa que es de puntual conocimiento de quienes participan en la patraña (pero como si nada, oigan).

El esquema de la inepcia y la mala voluntad siempre es el mismo y no varía: se acuerda no tocar lo importante (fase de entendimiento implícito), se crea una comisión y se encarga un estudio; o veintidós, como es el caso. En ocasiones se crea, además, un órgano ad hoc, como se hizo con la Dirección General del Mar Menor, autonómica, que empezó a funcionar con inútiles de mucho cuidado, carentes de la menor sensibilidad ambiental. Nada de lo cual servirá para gran cosa, fuera de celebrar reuniones, entretener a la prensa, dejar que pase el tiempo y actuar in extremis ante las emergencias sin afectar a la dinámica de degradación, parcheando con remiendos y taponando fugas: total, nada de nada.

La Fundación Biodiversidad ha debido seguir tres criterios a destacar en la concesión de las subvenciones: cuidar el clientelismo, o sea, camelar a los (potenciales) críticos que se dejan (en definitiva) comprar; apaciguar a los (rebeldes) culpables; y, envolviendo a ambas, cuidar el entretejido del sainete, es decir, aparentar una preocupación inexistente y ganar tiempo en la barahúnda inconstante del clamor por los crímenes contra la laguna; es decir, marear la perdiz.

Y como de repartir dinero se trata, el MITECO, patrono de esa Fundación, mantiene lo esencial de su hoja de ruta: disimular su preocupación acallando voces críticas que señalan lo que -verdaderamente- hay que hacer, y convertir las desgracias del Mar Menor en atractiva -y facilona- fuente de ingresos y negocio para empresas, consultoras y fundaciones. Brevemente aludiré, por lo que a los agraciados por la generosidad oficial se refiere, a los que callan y apoyan, como las dos universidades públicas (a las que el interés social y la ética pública trae al pairo), y el grupo (de negocios) Anse, que fuera ecologista y que funge de pesetero e inmobiliario. Unas palabras, qué menos, para la Fundación Sierra Minera, premiada, como Anse, con más de medio millón de euros, a la que mi experiencia (larga y acre, así como harta de mojigangas) ve como chiringuito de existencia semi clandestina y de cuyos trabajos se ignora casi todo, así como de su utilidad social.

                                            

           Los máximos ganadores del concurso, los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier ven correspondida su histórica afinidad por el urbanismo cerril y depredador y su fatal impacto en las aguas marmenorenses, con casi dos millones de euros. A los que sigue, en nivel de emolumentos, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, gran agente cautelar del crimen del Mar Menor y con la que -pese a ello- la ministra Ribera mantiene especiales lazos de entendimiento. En el grupo de entidades distinguidas, y que pertenecen al mundo de enemigos necesarios o funcionales de la laguna, hay que incluir a dos organizaciones, ASAJA y COAG, a la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena y, sobre todo, a Proexport, ese lobby en la cúspide del agropoder que manda en el agrocantón murciano y, por lo tanto, visible y activo motor de nuestras agrodesgracias. A estas últimas organizaciones, en lugar de llevarlas a los tribunales penales y reclamarles multas de miles de millones de euros, al MITECO le da por seducir, con dinerillo y una sonrisa, para que, si es posible, nos llevemos bien todos. Esa sería la más propia y leal política oficial desde ese Ministerio, ya que el Gobierno de España no lanza un 155 constitucional contra la institución autonómica, al menos en sus competencias ambientales, por reaccionaria, rebelde, tóxica y falsaria: por ser un peligro público, en suma.

          Este cronista no conoce el enunciado de los trabajos premiados, y alinea su juicio según la significación socioecológica de los premiados; pero no duda en rechazar que algo de todo esto tenga que ver con esa Transición Ecológica que -tan adulterada y chuscamente- pretende llevar adelante el MITECO. Y llama a la ofensiva civil y cívica, ecologista y social, tenaz e inteligente -con menos aspavientos, romerías y lamentaciones; y más, mucha más indignación y agresividad contra esta farsa y estos farsantes, por el bien del Mar Menor.

“Tú tira palante, pero si pasa algo yo no sé ná”

 

Por Pedro Costa Morata

El compadreo, tan frecuente y próspero entre administradores corruptibles y emprendedores corruptores es seña de identidad de nuestro país, tradicionalmente en las instancias municipales, sí, pero la España autonómica, tan deseada y alabada, no ha tardado en engalanarse con insuperables gestas de corrupción a mayor nivel, dimensión desconocida y gran vistosidad.

La tragedia de las discotecas de la capital murciana ha puesto de relieve a escala regional lo que la mayoría de los murcianos sabemos, sufrimos e incluso denunciamos: que nuestra tierra está a la cabeza de la corrupción, principalmente municipal, con sus 45 ayuntamientos, casi sin excepción, pasados por esta vergüenza pública, lo que no quiere decir que toda la basura que en ellos se dirime llegue a ser de general conocimiento, ni mucho menos. El país entero hace cuentas y encuentra – como en tantas pifias abusos y escándalos- que Murcia brilla de indecencia en numerosos ámbitos, con especial éxito delictivo en cuando se refiere al ámbito municipal: los alcaldes y alcaldesas encarcelados, condenados o encausados son legión, y los escándalos urbanísticos, sin ir más lejos, sustentados por técnicos y funcionarios dibujan una profusa constelación de indeseables.

“Tú hazlo y tira palante hasta donde puedas, ahora bien, si pasa algo y la cosa se pone fea, ya sabes que yo no sé ná”. Así nos imaginamos, muy certeramente, que se rematan -en diálogo breve entre buenos entendedores- variopintas negociaciones de no menos floridos contenidos que suelen aludir, bien a codicia, bien a arrogancia, pero siempre a desvergüenza: se traman sobre un fondo, naturalmente, de alegre compincheo, de algún trueque y dando por supuesta la impunidad. Los objetos negociados suelen tener que ver con licencias a otorgar y su permisividad adherida, tanto si se trata de una licencia indebida, de obra o actividad, como si afecta a licencia que no se cumple o se amplía y sobrepasa. El caso es que, ¿a quién no le suena esa frasecita, soltada en nuestra presencia, interceptada en nuestro entorno o sabida por confidencia?

Y esta práctica, costumbre o pillería, que muy raramente resulta puesta en evidencia y, menos aún castigada, no es solo cosa de los ayuntamientos, aunque sea ahí donde radica la tradición del trapicheo y la componenda. Se compruebas que esto es práctica usual en el entorno de Administraciones indecentes y gamberras de los tres estratos -municipal, autonómico y estatal-, que se alían para enriquecer al listo canalla y humillar o amenazar al pueblo soberano, a la tierra madre, al agua nutricia…

Porque si hemos de hablar del desmadre y la corrupción del agua en nuestra región, “Huerta de Europa”, con no otra cosa nos encontramos que la generosidad y la benevolencia con el poderoso y el desprecio o el castigo con el débil, superviviente éste de un campo arrasado por el negocio y amparado por la corrupción desde hace mucho (pero especialmente envilecido, física y moralmente, por las aguas del Trasvase). Precisamente en estos días, nada menos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) daba a conocer un informe sobre la catastrófica situación de manantiales y niveles freáticos en la Cuenca del Segura, señalando que un centenar de estos manantiales se encuentran secos o a punto de secarse …”por las extracciones de agua de los pozos cercanos”, pero sin añadir: “Todo eso es culpa nuestra, de la CHS, que nos importa un pito lo que le pase a esos hermosos manantiales históricos, y por eso consentimos extracciones masivas, pozos piratas e incumplimientos sistemáticos de la Ley de Aguas en pro del regadío, y además nos pasamos las denuncias por el arco del triunfo: ¿qué pasa?”.

Por supuesto que nuestras desgracias -las puntuales y dramáticas como las ordinarias, más discretas- se producen por la ausencia de vigilancia, en la que las autoridades -municipales, autonómicas, estatales- ponen muy escaso celo. Nuestras guarderías fluvial, costera o forestal son una birria, en permanente estado de adelgazamiento y pobreza de medios humanos y técnicos (y no excluyo al Seprona); y en ello se complacen las distintas Administraciones, que prefieren que las cosas discurran con la mayor tranquilidad posible: sin denuncias de sus propios elementos ni disgustos para los amigos y las empresas actuantes, siempre merecedoras de respeto y consentimiento por parte oficial. Y cuando las denuncias llegan desde afuera, como las de los ecologistas, la bien probada práctica de neutralización se encarga de (1) ignorarlas, (2) de dejarlas sin efecto cuando no se pueden ocultar, y (3) de enviarlas a procedimientos negros o vacíos cuando los administradores se ven obligados a cumplir plazos y renunciar a la ocultación impune; total, que muy pocas, poquísimas, prosperan, y cuando así se comprueba, el resultado es tardío, mínimo, o incluso nulo.

El compadreo y el consentimiento de los pozos ilegales (¿cientos, miles?), genera robo de agua, a cargo de la complacencia -ya que saber y no vigilar ni castigar es esto, a más de delito de consentimiento sostenido-, pero a estos hechos, ese nido de prevaricadores que es la CHS les ha dado carta de naturaleza, asumiéndolos como carne de su carne; y hasta se permite informar, incluso subrayando la desgracia de la pérdida de caudales y derechos, en modo alarma, como si los responsables no fueran esos funcionarios indolentes, perversos y acorazados. Que, dada su fuerza corporativa y su enquistamiento en la Administración del Estado, esta CHS es inmune a cualquier corrección, limpieza o saneamiento funcionarial, y así se desenvuelve, tradicionalmente, en el seno de Ministerios donde siempre medra como “Estado dentro del Estado”, soberana e intocable.

Por resumir este traslado al agua de la permisividad administrativa que florece en lo urbanístico-municipal, solo citaré, como un indicador suficientemente significativo la situación de los acuíferos en el Noroeste murciano, con la multiplicación de granjas porcinas que no siempre funcionan con licencia municipal, con el agua concedida o cumpliendo los debidos requisitos de la Consejería de Agricultura, que ni planifica ni ordena (solo dice que sí) ; es decir, mostrando la confluencia desvergonzada de las tres Administraciones confluyentes (porque no hay más…).

Ahí tenemos al ayuntamiento de Caravaca, que incluso se permite conceder licencia de obras en casos en que la CHS le ha advertido que la granja porcina del caso no dispondrá del agua necesaria: la licencia municipal se emite, la Consejería de Agricultura da su placet encantada y el propietario pincha sus pozos y se burla de la CHS, que conoce, consiente y calla. O ese secuestro del río Turrilla, en la estepa lorquina, cuyas aguas se bloquean (con dos filas de bloques de cemento) y el pillo de turno planta sus bombas y se lleva el agua a sus granjas. Todo esto se denuncia, la CHS ve y sabe: ¿y qué?

Fuente de las Tosquillas, Caravaca.

Y en el vértice de la pirámide presumiblemente vigilante, sea la materia delictiva de expresión municipal, autonómica o estatal, nuestros fiscales aparecen semiocultos, agazapados y fugitivos, acomodándose al escaso prestigio que les concede esta tierra de impunidad. Así, y a renglón seguido del incendio de las discotecas ilegales, a nuestro fiscal jefe, el del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, todo lo más que se atreve a decir es que “puede haber responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Murcia”, apuntando a que el castigo -si lo hubiere- se dirigirá principalmente sobre el directo culpable, no sobre los responsables indirectos, es decir, los últimos alcaldes, concejales y técnicos de la cosa, tan culpables como el empresario canalla. Lo que refleja otra realidad desgraciada de una tierra en manos de un poder global conservador, dentro del cual el judicial no suele desentonar. Un fiscal jefe al que le deben salir granos del susto cuando se entera- todos los días, como quien dice- de robos o abusos del agua, siempre a manos de los poderosos, o por irresponsabilidad de políticos o funcionarios, haciendo como que no se entera o que se trata de pecadillos a dirimir de forma no judicial; o, si no tiene más remedio, enviándole el asunto al fiscal subordinado, el de medio ambiente, un antipático e incompetente funcionario de la justicia al que le debe salir sarpullido cuando, por ejemplo, se le recuerda que investigue los milagros del agua en la finca del Chopillo, término de Moratalla, y otras pifias de suculentas extracciones de agua para extender el regadío en tierra de secano, forestal o quemada. En nuestros esfuerzos por salvar el agua y el futuro, los ecologistas en lucha hemos llegado a estar hartos de ambos -hablo de estos dos fiscales- por ineptos, miedosos y políticamente incorrectos: el pueblo y sus intereses parecen traerlos al pairo. Poco diferente es el juicio que me merecen los jueces y juezas de esta tierra con sus sentencias, tan escasas en este ámbito como inútiles de cara a su obligada, y esperada, ejemplaridad.

Total, que en casos de licencias, sean de obras o de actividad, o de concesiones de agua, sean indebidas o consientan en el robo, y en otros numerosos casos más, nuestra región florece con generosos corrompidos de toda laya y nivel, demasiado benevolentes hacia una tropa corruptora, de todo pelaje y pretensiones, que consigue lo que quiere con la seguridad de una impunidad altamente probable, cuasi sistémica, confiando en que la suerte (la de los canallas, tan extendida) librará a ambos grupos de malhechores del castigo correspondiente.

Porque, en efecto, la corrupción, la desidia y la mala fe, matan, humillan y destruyen. Murcia es un ejemplo cerril -profuso, desvergonzado, impune- de estas desgracias de origen político, de lenidad de esos a quienes votamos, o de indecencia de aquellos funcionarios cuyos sueldos pagamos: “Tú tira palante, y si pasa algo, yo no sé ná”.