La histórica lucha por la tierra en Colombia comienza a cosechar sus frutos

 

 Por Mauricio Morales   

      Periodista y fotógrafo colombiano radicado en España. Su trabajo se centra en los conflictos en Oriente Medio y Colombia.

La llegada de la extrema derecha al gobierno de Colombia activa la organización y la solidaridad para hacer frente a lo que pueda afectar a una parte del campesinado organizado en un proyecto agroecológico y autogestionado en los territorios

Comienzo de una de las asambleas en la finca Lucha Campesina parte del TECAM de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César. Fotografía de Mauricio Morales.

     “Agroecología sin lucha de clase es jardinería”, dice emocionado uno de los miembros de la comunidad de La Libertad, una de las fincas que componen el Territorio Campesino Agroalimentario (Tecam) de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César, en la región Caribe colombiana.

En la finca La Libertad, en el municipio de Codazzi, bajo un sol sofocante y envueltos en un espíritu de lucha, se lleva a cabo una de las tantas reuniones y asambleas que la caravana solidaria internacionalista de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher) realiza con las comunidades de algunos Tecam que visita, como parte de una acción solidaria de acompañamiento e intercambio de saberes.

Los Tecam son una apuesta política de protección, soberanía y poder popular del campesinado colombiano para luchar por la tierra, la dignidad y la vida. La tenencia y el acaparamiento de la tierra por parte de las élites de terratenientes y multinacionales han sido una de las causas de las resistencias históricas de los movimientos sociales campesinos e indígenas en Colombia.

La gente de la finca La Libertad lo tiene claro. Históricamente han sido víctimas de despojo y desplazamiento forzoso por parte de las mismas élites que, a través del proyecto paramilitar, han forzado a millones de campesinos en la historia de Colombia a abandonar sus tierras para dar cabida a las empresas multinacionales extractivistas, los monocultivos y la ganadería extensiva.

Con la llegada de la ultraderecha al gobierno de la mano de Abelardo de la Espriella una nube de incertidumbre ha puesto en marcha la organización de los movimientos populares en estos territorios y los lazos de solidaridad internacional para defender sus territorios y su proyecto político en los Tecam.

Es por eso que, aunque legalmente se aprobó en el acto legislativo de 2024, esta lucha lleva décadas vigente. Es una lucha que han encabezado organizaciones sociales como la Coordinadora Agrario Nacional (CNA). En el caso específico de esta zona del sur del Cesar, la CNA ha trabajado codo a codo junto al Movimiento de Trabajadores y Campesinos del Cesar (MTCC), que asesora a estas comunidades organizadas.

Desde la recuperación y tenencia de la tierra hasta el desarrollo de los proyectos productivos agrícolas, hay un camino que no solo acaba con la formalización legal de los Tecam, sino con la capacidad de echar a andar el proceso y permanecer en el territorio. Para muchos en el movimiento campesino, los Tecamson una de las puntas de lanza de una de las luchas históricas en Colombia: la Reforma Agraria Integral y Popular.

La lucha por la tierra

La tierra que ahora tienen en los predios de la finca La Libertad se ha luchado. En la noche, alrededor del fuego y cuando el calor comienza a dar un respiro, se reúnen la comunidad y los miembros de la caravana para recordar las historias de lucha por la tierra, los recuerdos de las avanzadas paramilitares y el reguero de muertos y horror que dejaron a su paso cuando comenzaba el milenio.

Pero ese dolor lo transforman en anécdotas que, en ocasiones y con la capacidad única de aquellos que luchan, pueden convertir en risas.

En 2024 comenzaron a recuperar las tierras para los campesinos que estaban en manos de terratenientes. Meterse al monte, acampar y estar en condiciones difíciles con el miedo del paramilitarismo acechándolos. Las brigadas ganaderas solidarias, grupos de seguridad privada nacida de la poderosa agrupación Fedegan, que asocia a poderosos ganaderos y terratenientes en Colombia y que ha estado vinculada a grupos paramilitares, son usadas para contrarrestar las acciones de los campesinos que recuperan las tierras.

Los rodeaban con cientos de camionetas y hombres para presionarlos a abandonar los predios. Pero resistieron hasta donde pudieron. Fueron desalojados de algunas fincas y decidieron seguir su lucha acampando en el cementerio de Casacará durante más de un año. Esa resistencia finalmente les otorgó las tierras que ahora se disponen a trabajar y habitar, concedidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “Puede sonar muy bonito lo de lo colectivo, pero si no se construye el poder popular, se queda solo en eso”, dice un miembro de la comunidad que ve la importancia no solo de la tenencia y de la titulación legal de la tierra, sino de la necesidad de tener el poder para tomar decisiones sobre ella.

Paramilitarismo y otras amenazas

Desde 2009, después de las arremetidas paramilitares que despojaron a miles de campesinos del sur del Cesar, la empresa minera estadounidense Drummond comenzó a explotar carbón en una mina de cielo abierto cerca del pueblo de Casacará. Las comunidades denuncian las afectaciones particulares de este tipo de minería: sobre los recursos hídricos, ruidos de la mina, polvillo de la explotación del carbón e hipervigilancia de la seguridad privada de la mina, que ha colocado cámaras de seguridad dirigidas a las vías públicas cercanas a la finca La Libertad.

“El paramilitarismo no se ha ido”, dice la comunidad, que teme otra arremetida con la llegada del gobierno del ultraderechista Abelardo de La Espriella, pero algo tienen claro: “De acá no nos vamos”. “Acá nada se ha regalado. ¡Acá todo ha sido producto de la lucha!”, dice Gladis Rojas en una asamblea en el pueblo de Micoahumado, en el sur de Bolívar, una mujer que hace parte del liderazgo del proceso del Tecam de la Serranía de San Lucas.

Gladis, con una formación en pedagogía popular, lleva inmersa en los movimientos sociales y populares desde que tenía 15 años y está especialmente vinculada a los procesos populares del sur de Bolívar y el Magdalena Medio. “En el sur de Bolívar ha habido una ausencia total del Estado, muy mínima, muy ineficaz. La única presencia es la militar, que no ha servido sino para reprimir a la gente, porque frente al paramilitarismo hay una total connivencia, una postura de no hacer nada para detenerlos. Ellos han avanzado, se han posesionado, controlan con el beneplácito de la fuerza pública. El sur de Bolívar es una de las zonas más militarizadas del país, tiene alrededor de 5.000 efectivos, y el paramilitarismo controla; ahí queda clara la estrategia”, dice Gladis, que también reflexiona sobre la deuda que el gobierno de Petro tuvo con el territorio, donde el paramilitarismo se expandió en este periodo que termina.

Gladis también apunta la importancia de las mujeres en este y otros procesos: “Para nosotras en el territorio, una prioridad es la organización de las mujeres, que son esa fuerza incontenible que a veces no se ve pero se siente. Las mujeres han estado en los momentos más difíciles al frente, de la mano con los compañeros resistiendo; entonces necesitamos que ellas estén fortalecidas para la lucha común y la propia”. La violencia y la amenaza paramilitar es más palpable en este territorio. Ataques recientes a casas y escuelas campesinas en algunas veredas cercanas a Micoahumado así lo evidencian, así como el asesinato sistemático de algunos liderazgos, como el del querido líder Narciso Beleño, asesinado en 2024 por organizarse junto a otros campesinos y denunciar el incremento de la arremetida paramilitar que pretende tomarse el pueblo y las veredas del territorio donde está el Tecam.

En el cementerio de Micoahumado, los pobladores recuerdan a sus muertos. Todavía se ven las trincheras en las que el ejército colombiano tomó posición dentro del casco urbano de la población, poniendo a la gente en peligro en combates con estructuras del Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) en el año 2019. El grupo insurgente ELN también tiene presencia en la zona, donde libra combates con las fuerzas paramilitares que acechan al pueblo.

Este grupo insurgente es ahora, después de la desmovilización de las FARC-EP, el grupo armado con el que Petro no pudo avanzar en la negociación de paz.

La solidaridad como lazo activo

“No estamos solos. No están solos”, se escucha en cada asamblea en la que los caravanistas nacionales e internacionales se reúnen con las comunidades de los diferentes Tecam en un ejercicio de acompañamiento y discusión política. Los miembros de la caravana comparten luchas: la lucha por la tierra de las comunidades campesinas e indígenas de Guatemala, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil y su efectiva organización, las luchas por la defensa del medio ambiente y anticapitalistas en Portugal, los movimientos por la vivienda en el Estado español, la resistencia de las organizaciones rurales en El Salvador.

Los Tecam, la lucha campesina en Colombia y la solidaridad internacionalista, hoy más que nunca se busca afianzar para defender lo conquistado ante la llegada de la ultraderecha al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano. Las violencias estructurales del sistema de expolio en Colombia, la negación histórica a una vida digna del campesinado, las violencias de la guerra y el proyecto paramilitar han dejado heridas profundas en el corazón de muchas y muchos campesinos, pero estas se han transformado en una de las bases de la lucha por ese mundo nuevo que llevan en sus corazones.

Fotogalería de Mauricio Morales:

La comunidad de la finca de la Libertad del TECAM de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César, se reúnen y hacen un ejercicio de memoria de las violencias que han sufrido.

La comunidad de la finca de la Libertad del TECAM de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César. y el campamento de la caravana de REHER.

La cocina, los alimentos se manejan de manera colectiva por la comunidad de la finca, la Libertad.

Reportaje TECAM Colombia – 4.

El acceso al agua es uno de los desafíos de la comunidad de la finca de la Libertad, con un verano y una sequía fuerte, cuentan con pocas fuentes de agua, para el consumo y riego.

Recorrido por las trochas del TECAM de la Serranía de San Lucas.

Fuente: El Salto

Doble sacudida en Colombia: bombas y temblores

 

 Por Berta Camprubí Pàmies   

      Periodista y comunicadora catalana especializada en feminismo anticolonial, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Más allá de su bienvenida en forma de sismo trágico, la llegada al poder de De La Espriella marca el retorno de la guerra y la cultura narco y una amenaza directa a los pueblos indígenas, negros y campesinos, a las mujeres y a las comunidades LGTBIQ+

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella durante un encuentro con las fuerzas armadas para coordinar las labores tras el terremoto.

     10 de agosto de 2026, primer día laborable del nuevo gobierno de extrema derecha en Colombia: un terremoto sacude todo el país, con un saldo oficial de 250 muertos, sin haber medido aún la totalidad de los daños ocasionados en el epicentro del fuerte seísmo: el Chocó, un territorio históricamente excluido en la región del Pacífico de población negra.

Tres días antes, el 7 de agosto, se celebraba la posesión como presidente del abogado Abelardo de la Espriella, quien ejerció en 2008 la defensa de varios jefes paramilitares tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en 2018, en Miami, defendió a narcotraficantes como Alex Saab.

El ultra De la Espriella asume la presidencia de una Colombia inmersa en una regresión del proceso de paz.

La madrugada del 8 de agosto, retumbaron explosivos sobre infraestructuras del Estado como peajes o estaciones de policía en departamentos como el Cauca o el Cesar, perpetrados según las fuerzas armadas por las disidencias de las FARC y el ELN. Una secuencia de hechos que no para y que marca el inicio de lo que muchos auguran como cuatro años oscuros para los pueblos colombianos.

La Petrotusa y el fraude electoral

El concepto de “Petrotusa” ha recorrido las redes sociales y los corazones de la mitad de los colombianos en los últimos días. Se refiere a la melancolía y sensación de desesperanza por el fin del mandato del presidente Gustavo Petro, cuatro años marcados por políticas sociales como la matrícula gratuita en las universidades, la reforma laboral y la reforma pensional, el financiamiento de organizaciones sociales históricamente perseguidas y excluidas, la restitución de tierras al campesinado, el reconocimiento de las madres comunitarias, un frenazo de la deforestación, la reducción de la pobreza con una subida del salario mínimo, etcétera.

Petro restablece el salario mínimo vital suspendido por el Consejo de Estado.

Todas ellas medidas que se augura se reviertan en cuestión de meses o semanas.

La Petrotusa -donde tusa es similar a duelo- aumenta con el hecho de que la diferencia entre De la Espriella y la fórmula del candidato Iván Cepeda, histórico defensor de los derechos humanos, y Aida Quilcué, lideresa indígena del pueblo nasa, fue de tan solo 250.000 votos. Nunca la izquierda en el país de García Márquez había obtenido tantos votos: casi 13 millones. Un duelo marcado también por la sensación de injusticia, crónica en Colombia, luego de que Petro anunciara acciones legales por fraude electoral mediante algoritmos y manipulación de software orquestados desde California e Israel, dos territorios con un papel importante.

Abelardo de la Espriella era poco conocido en Colombia antes de que el presidente Donald Trump y sus inversores le dieran su apoyo en las elecciones del 31 de mayo. “No lo conocía nadie, lo apoyé y ganó”, reconoció el magnate estadounidense. Y, en efecto, uno de los primeros gobiernos en felicitar al nuevo presidente, de nacionalidad colombiana y estadounidense, fue el de Israel. “Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, predicó Benjamín Netanyahu en X. Una de las primeras medidas de política exterior de De la Espriella ha sido cancelar la apertura de la embajada colombiana en Ramallah, Palestina y ha prometido restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, trasladar la embajada a Jerusalén y retirar a Colombia de la denuncia por genocidio en Gaza ante la Corte Penal Internacional

Los Acuerdos de Isaac y el Escudo de las Américas

Los llamados Acuerdos de Isaac son un nuevo marco de cooperación estratégica firmado inicialmente entre Javier Milei y Netanyahu pero extendido a Estados pro-israelíes en América Latina, en una réplica de los Acuerdos de Abraham que Israel firmó con cuatro países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos.

Israel y Argentina firman acuerdo para reforzar cooperación.

Firma de los Acuerdos de Abraham en Washington.

Los supuestos pilares de este acuerdo, firmado ya por líderes políticos, religiosos y empresariales de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Bolivia y Panamá (y el bolsonarismo de Brasil) son la libertad, la innovación tecnológica y la lucha contra el narcotráfico, el antisemitismo y el terrorismo.

Estados Unidos anuncia que Colombia le autoriza a realizar operativos militares en su territorio “para combatir el terrorismo”.

Pero incluso un medio tradicional conservador como Clarín en Argentina ha calificado este acuerdo como “un escudo retórico”, cuyo verdadero propósito es el 'blindaje diplomático' en foros internacionales ante las acusaciones globales de genocidio en Gaza.

Colombia legitima la ocupación israelí de los Altos del Golan tras sufrir 224 víctimas en un terremoto.

La otra cara de la moneda de este acuerdo es la Coalición Anticárteles de las Américas, también llamada Escudo de las Américas, “una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas a nuestra seguridad”, aseveró el nuevo presidente colombiano en su primer discurso.

El ‘Escudo de la Américas’, la nueva coalición militar de Trump contra el narcotráfico.

La hegemonía de este escudo la ejerce evidentemente Estados Unidos: semanas antes de la posesión, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ya dictaba el guión del operativo, un rastreo de seguridad que comenzó en Popayán y terminó convirtiendo a Cali en la ciudad más blindada del continente por ese día.

Y es que, en un inicio, De la Espriella anunció que su posesión como presidente tendría lugar en Popayán, la capital del Cauca, departamento donde tiene más fuerza el movimiento indígena liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), su guardia indígena y prácticas como la minga social o los cortes de la Panamericana para exigir sus derechos y autonomía. El CRIC había pedido a sus comunidades resguardarse ese fatídico día 7 de agosto que se acercaba, para no dar lugar a masacres u otros hechos violentos. Pero la misma tierra protegió el territorio: la actividad del volcán Puracé llenó el espacio aéreo de ceniza y anuló los vuelos a Popayán obligando a mudar la posesión a Cali, epicentro del histórico Paro Nacional de 2021.

A la posesión no acudió Donald Trump pero si dos de sus hombres de confianza: el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el director de la DEA, Terry Cole. Llegaron también los líderes del nuevo orden regional de ultraderecha Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros. No faltó tampoco el rey de la antigua metrópoli, Felipe VI. Según fuentes salvadoreñas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador no hizo presencia en Cali para no aparecer en la foto de los países alineados con las directrices de Washington, cuidando así el carácter teóricamente nacional de su modelo de control de pandillas. En Colombia, este alineamiento por ahora se traducirá en un nuevo esquema militar nacional financiado por EEUU: un plan pactado en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que proyecta una asistencia de 1.000 millones de dólares en lo que ya han llamado un “Plan Colombia 2.0”.

Revivir la pesadilla del paramilitarismo

El primer Plan Colombia fue una estrategia militar y antinarcóticos basada en la War on drugs (guerra contra las drogas) financiada por Estados Unidos entre los años 2000 y 2015, para supuestamente combatir el narcotráfico y guerrillas como las FARC. Los años y la sangre derramada demostraron que la guerra no era contra las drogas sino contra los pueblos: este plan se convirtió en el motor de una violencia sistémica cuyas principales consecuencias recayeron sobre las comunidades rurales del país. La militarización del territorio no solo provocó el desplazamiento forzado de millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras ancestrales, sino que la presión militar por entregar resultados operativos bajo este esquema propicióen tiempos en que el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, era el ministro de defensa,el auge de las ejecuciones extrajudiciales comúnmente llamadas falsos positivos. 

Según esclareció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su histórico Auto de 2021, esta práctica cobró la vida de al menos 6.402 civiles legítimamente presentados como bajas en combate. La implementación del Plan Colombia coincidió y se cruzó de forma directa con la mayor expansión de los grupos paramilitares en todo Colombia. Y todo esto es lo que se teme de nuevo en territorios donde abunda el cultivo de la hoja de coca como el Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Nariño o el Chocó. El temor a revivir el pasado impregna el día a día de muchas comunidades: “Estamos esperando el golpe”, aseguran líderes indígenas en un encuentro comunitario en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, “pero resistiremos como siempre hemos hecho”.

En posible peligro territorios indígenas liberados

En el Norte del Cauca, las comunidades indígenas del pueblo nasa se han asentado durante los cuatro años de Petro en tierras ancestrales recuperadas de los terratenientes dueños de ingenios azucareros. En el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, iniciado en 2014, más allá de desarmonías internas, había una sensación de victoria y calma: lo que había sido monocultivo de caña, ahora son campos sembrados con comida y casitas de guadua y bahareque —bambú y barro—. Donde había una hacienda latifundista o una base militar ahora hay un centro cultural indígena. Pero con el regreso de la ultraderecha se ha esclarecido que no está todo ganado.

La realidad es que, de miles de hectáreas recuperadas donde hoy viven y siembran comida las comunidades nasa, sólo se ha logrado la entrega de títulos de propiedad de algunos cientos de hectáreas. El resto, está en el aire. Y considerando que el nuevo mandatario se comprometió a dar atención y protección militar prioritaria a los predios de los ingenios de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), existe un miedo fundado del regreso a los desalojos violentos por parte del ejército o el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios que durante el gobierno de Petro se ha convertido en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o de ese otro tipo de actor armado: “hace dos días vimos varios 4x4 polarizados entrando y saliendo de la base militar: quién más puede ser sino paramilitares?”, asegura un líder nasa del Resguardo Indígena de Corinto, uno de los epicentros de la Liberación de la Madre Tierra.

Preparada la resistencia: “La Muerte No Volverá”

A pocos kilómetros de allí, en Cali, el contraste de esta transición se sintió con fuerza. El rector de la Universidad Santiago de Cali dimitió tras la oleada de rechazo que provocó haber permitido que la posesión se realizara en sus instalaciones. El acto, confinado en un auditorio más bien pequeño y con notables sillas vacías, distó enormemente de la multitudinaria y colorida toma de posesión de Petro hace cuatro años en una Plaza de Bolívar desbordada. Mientras De La Espriella pronunciaba su primer discurso blindado desde un cantón militar y lanzaba amenazas judiciales contra Petro y Cepeda, las calles de la ciudad respondían. En Puerto Resistencia, el icónico epicentro del estallido social de 2021 que abrió el camino del Pacto Histórico al poder, una gran pancarta proclamaba: “La Muerte No Volverá”. A su alrededor, las barriadas populares pintaban muros con consignas directas: “Abelardo, gonorrea, el pueblo no copea” y “El presidente gringo nos regala IsraHell”.

La “mano dura” prometida por De la Espriella con el Plan Colombia 2.0 es el núcleo de una declaración de guerra total que cierra definitivamente las vías del diálogo con los grupos armados que desangran las regiones —y que Petro había entablado con al menos nueve grupos armados en su política de “Paz Total”—. Su agenda para los próximos cuatro años pretende desmontar los cimientos de la Colombia progresista: ha prometido el retorno de las aspersiones aéreas con herbicidas similares al glifosato y la instauración de la cadena perpetua, a pesar de que ambas medidas están explícitamente prohibidas por la legislación nacional.

Asimismo, reinará el punitivismo penal mediante la anunciada construcción de diez megacárceles al estilo de Nayib Bukele y ha anunciado un proyecto legislativo para liquidar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); una reforma institucional que analistas y expertos como el senador Ariel Ávila advierten que se traducirá, en la práctica, en un ahogamiento financiero para paralizar las investigaciones abiertas. La JEP tiene entre manos 11 macrocasos abiertos que investigan los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. El tribunal se encuentra en un momento definitorio: acaba de poner en firme sus dos primeras sentencias condenatorias e implementó el mecanismo de monitoreo para las sanciones restaurativas.

Solidaridad comunitaria ante el algoritmo del despojo

La ofensiva no es solo militar, sino económica y cultural. Una de sus primeras medidas contempladas es la eliminación del impuesto al patrimonio, un guiño directo a las élites financieras que se complementa con la reactivación de proyectos extractivistas ecocidas como el fracking, camuflado bajo el cínico adjetivo de “responsable”. En paralelo, el nuevo ejecutivo se alinea con la extrema derecha mundial para desatar una batalla cultural orientada a recortar los derechos de las mujeres, las disidencias LGTBIQ+, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes.

Y como si la Petrotusa y el miedo a revivir la pesadilla no fueran suficientes, el terremoto del pasado 10 de agosto deja una grieta física sobre el país que agrava la situación. Mientras el saldo preliminar asciende a 265 muertos y 496 desaparecidos, las comunidades ya han entendido que la verdadera reconstrucción no vendrá desde los despachos oficiales y ya se han organizado recolectas solidarias de alimentos y todo tipo de material que se necesite para hacer frente al drama colectivo.

Las víctimas mortales del terremoto en Colombia ascienden a 265 y De la Espriella cifra en 496 los desaparecidos.

Frente al algoritmo, el Escudo de las Américas y los planes de despojo diseñados desde el norte, el mapa social del país se prepara para un invierno hostil. Pero si algo ha demostrado la historia de esta geografía, es que la dignidad de la gente no se decreta en un cantón militar. En las montañas del Cauca, en las selvas del Chocó y en las barriadas que resistieron en Cali, la memoria de los pueblos ya se organiza para defender el territorio y la vida.

Fuente: El Salto

El “Octavo Frente”: Palestina y la batalla por el relato

 

 Por Jaldía Abubakra   

      Destacada activista, política y militante hispano-palestina nacida en Gaza en 1967.

Palestina y la batalla por el relato.

Más de mil millones de dólares, empresas de influencia, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte de una ofensiva global por condicionar cómo se mira, se interpreta y se cuenta Palestina. Frente a esa maquinaria, la disputa ya no es solo por la opinión pública, sino también por la memoria, el conocimiento y el derecho de un pueblo a narrar su propia historia

     Hay una batalla que no se libra con aviones, drones ni soldados. No tiene fronteras claramente delimitadas y, sin embargo, atraviesa continentes. Se libra en las pantallas de nuestros teléfonos, en las universidades, en los grandes medios, en las iglesias evangélicas, en los parlamentos y, cada vez más, en ese territorio aparentemente invisible donde algoritmos e inteligencia artificial intervienen en nuestra manera de acceder al conocimiento.

El propio aparato israelí ha comenzado a tratarla como un frente estratégico. Benjamin Netanyahu la ha presentado como el “Octavo Frente”: la batalla por “los corazones y las mentes”, con especial atención a la juventud occidental y a sectores conservadores de Estados Unidos. Cuando un Estado convierte la opinión pública en un frente de guerra, está reconociendo que las palabras, las imágenes y la interpretación de la realidad han adquirido para él un valor estratégico.

No estamos hablando simplemente de campañas publicitarias ni de la vieja hasbará adaptada a TikTok. Hablamos de una infraestructura internacional de influencia que combina empresas de comunicación, campañas digitales, delegaciones políticas, periodistas, creadores de contenido e influencers, y que comienza a extenderse hacia un terreno mucho más profundo: el entorno informativo del que se alimentan buscadores y sistemas de inteligencia artificial.

Una investigación publicada en julio de 2026 por el Quincy Institute for Responsible Statecraft, basada en registros de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos —FARA— y documentos de contratación pública israelíes, calcula que el gobierno israelí ha destinado más de mil millones de dólares a diplomacia pública desde octubre de 2023.

Dentro de la campaña de influencia de Israel de mil millones de dólares.

Desde entonces, más de 100 millones de dólares han sido destinados a actividades de influencia israelí declaradas bajo FARA y 17 nuevas empresas se registraron entre 2024 y 2025 para trabajar en favor de intereses israelíes. Para 2026 se planteó, además, un presupuesto de unos 750 millones de dólares para diplomacia pública, aproximadamente cuatro veces el del año anterior, según se explica en el informe del Quincy Institute. En este contexto, quizá la pregunta más interesante que debamos hacernos no sea cuánto dinero está gastando Israel con todo esto, sino por qué necesita gastarlo ahora.

Las opiniones desfavorables hacia Israel van en aumento

Durante décadas, Israel disfrutó de una posición excepcional en buena parte de Occidente y no necesitaba convencer desde cero. Gobiernos, grandes medios e instituciones culturales y académicas reprodujeron los marcos desde los que debía entenderse Palestina. La colonización se convertía en “conflicto”, la ocupación desaparecía detrás de la “seguridad” y la resistencia palestina era separada de las condiciones históricas que la habían producido. Cada nueva agresión comenzaba informativamente cuando Israel decidía responder, como si todo lo anterior perteneciera a otra historia.

El 7 de octubre de 2023 no creó esa maquinaria narrativa. Existía desde mucho antes. Pero lo ocurrido después en Gaza produjo algo que no había previsto en toda su dimensión: millones de personas comenzaron a observar, casi en tiempo real, aquello que durante décadas había sido filtrado, fragmentado o explicado por intermediarios. Periodistas palestinos, familias, médicos y habitantes de Gaza mostraron directamente al mundo barrios destruidos, hospitales atacados, desplazamientos masivos, hambre, niños y niñas asesinados y familias enteras borradas de los registros civiles. Entonces apareció un problema mucho más difícil de resolver mediante relaciones públicas. Ya no se trataba solamente de decidir qué contar sobre Palestina, sino de convencer a millones de personas de que aquello que habían visto debía interpretarse de otra manera.

Los datos permiten observar esa ruptura. En febrero de 2026, Gallup registró por primera vez que la simpatía de la población estadounidense hacia los palestinos superaba a la expresada hacia los israelíes: 41% frente a 36%. Entre las personas de 35 a 54 años, la diferencia llegaba al 46% frente al 28%.

Los israelíes ya no lideran la simpatía de los estadounidenses hacia Oriente Medio.

El Pew Research Center encontró además que entre los republicanos de 18 a 49 años el 57% tenía una opinión desfavorable de Israel.

No sorprende que jóvenes, conservadores y evangélicos aparezcan entre los públicos prioritarios de las nuevas campañas. La documentación examinada por el Quincy Institute incluye una campaña de 3,2 millones de dólares dirigida a cristianos evangélicos y otra destinada a reclutar influencers menores de 30 años para alcanzar audiencias conservadoras en Instagram y TikTok. La batalla consiste también en impedir que continúe erosionándose el consenso que sostuvo durante décadas la relación especial entre Washington e Israel.

Estados Unidos no es una excepción. En 2026, una encuesta del Pew Research Center realizada en 36 países encontró una mediana del 67% de opiniones desfavorables hacia Israel, frente a un 25% favorables. En todos los países europeos incluidos predominaban las opiniones negativas. En España alcanzaban el 96% entre quienes se situaban en la izquierda, pero también el 66% entre quienes se identificaban con la derecha.

Aquí aparece una contradicción cada vez más visible: mientras amplios sectores de las sociedades europeas se alejan de Israel, numerosos gobiernos mantienen estrechas relaciones militares, económicas, tecnológicas, científicas y diplomáticas con el Estado israelí. Por eso la batalla por la opinión pública no busca únicamente mejorar encuestas, sino evitar que el rechazo social termine convirtiéndose en fuerza política: embargos de armas, sanciones, rupturas institucionales, boicot o cuestionamientos de la impunidad israelí.

La misma disputa atraviesa América Latina. En 2026, las opiniones desfavorables hacia Israel superaban el 50% en países como Chile, México, Colombia, Argentina y Brasil, según el Pew Research Center. Precisamente porque Palestina conserva un enorme capital histórico de solidaridad en la región, Israel y organizaciones que trabajan por estrechar sus relaciones con ella buscan llegar no solo a gobiernos, sino también a parlamentos, empresarios, medios, periodistas, creadores de contenido y sectores religiosos.

Este pasado mes de junio, Leah Soibel, fundadora de Fuente Latina, afirmaba que su organización había llevado a Israel a 300 periodistas hispanos no judíos y habló abiertamente de trabajar con periodistas, influencers y creadores latinoamericanos, según documentaba Genesis Prize Foundation.

El líder argentino Milei lanza una iniciativa para impulsar los lazos entre Israel y América Latina.

A ello se suman iniciativas como los Acuerdos de Isaac, concebidos para ampliar las relaciones de Israel con América Latina y para los que se anunció una inversión inicial de un millón de dólares.

No todas estas iniciativas están financiadas directamente por el Estado israelí ni forman parte de una única estructura centralizada. Existen fundaciones, organizaciones aliadas, redes empresariales, actores políticos y movimientos religiosos con autonomía propia. Pero esa diversidad muestra una amplia red internacional de actores e intereses capaz de extender la influencia mucho más allá de las embajadas. Las redes del sionismo cristiano desempeñan aquí un papel especialmente importante.

Acercarse a los países árabes

En el mundo árabe la estrategia adopta otras formas. Israel lleva años desarrollando una diplomacia digital específicamente en lengua árabe. Construye un relato propio: Israel como Estado moderno y dispuesto a vivir en paz; Palestina reducida a un problema de seguridad; la resistencia convertida en responsable de guerras producidas por décadas de colonización; y la normalización presentada como puerta hacia la estabilidad. La propia Knéset informó de campañas que alcanzaron alrededor de 858 millones de visualizaciones en medios digitales en árabe.

Sin embargo, cuando pasamos de las pantallas a las sociedades aparece otra realidad. Arab Barometer encontró que, después del 7 de octubre de 2023, en ninguno de los siete países árabes estudiados la población que apoyaba la normalización con Israel superaba el 13%. En Marruecos, el apoyo cayó del 31% al 13%. El Arab Opinion Index registró además que el 89% rechazaba que sus países reconocieran a Israel y que el 92% consideraba la causa palestina una cuestión de todos los árabes y no solamente de los palestinos. Hay una enseñanza que décadas de acuerdos no han conseguido borrar: se pueden normalizar relaciones entre gobiernos sin normalizar la conciencia de los pueblos.

El “Octavo Frente”, sin embargo, mira también hacia el futuro. Y ahí aparece la inteligencia artificial: en mayo de 2024, OpenAI informó de que había interrumpido varias operaciones encubiertas de influencia que utilizaban sus modelos. Una estaba vinculada a STOIC, una empresa comercial israelí, que habría empleado herramientas de inteligencia artificial para generar artículos y comentarios difundidos posteriormente en distintas plataformas. OpenAI señaló, sin embargo, que no había encontrado pruebas de que sus modelos hubieran aumentado significativamente el alcance de aquella operación.

El Quincy Institute documenta además un contrato israelí con Clock Tower X que incluye la creación de páginas web y contenidos orientados a influir en la forma en que los sistemas generativos recuperan y presentan información, buscando determinados encuadres en conversaciones con sistemas GPT y una mayor presencia de ciertos contenidos en buscadores.

Esto no significa que Israel controle ChatGPT ni ningún otro sistema de inteligencia artificial. La cuestión es diferente y probablemente más importante a largo plazo. Si millones de personas utilizan sistemas de IA para comprender la historia y el presente, influir sobre las fuentes y los contenidos que componen el entorno informativo se convierte también en una batalla por el conocimiento del futuro. Está en juego el espacio del que dependerán las respuestas que mañana recibamos cuando preguntemos qué ocurrió en Gaza, qué es el sionismo, cuándo comenzó la colonización de Palestina o por qué existe la resistencia palestina.

Aquí cualquiera que lea este artículo tiene también una responsabilidad: aprender a reconocer cómo funciona la propaganda. La más eficaz rara vez necesita inventarlo todo; le basta con decidir dónde comienza la historia, qué palabras se utilizan y qué queda fuera del encuadre.

La necesidad de recuperar el relato palestino

Cuando escuchamos que “Israel se defiende”, conviene preguntar: ¿en qué momento comienza la historia que nos cuentan? Cuando se habla de “conflicto israelí-palestino”, ¿por qué una realidad de colonización, ocupación y enorme desigualdad de poder se presenta como un enfrentamiento entre iguales? ¿Por qué desaparecen la ocupación y la dominación colonial, como si la resistencia palestina hubiera nacido en el vacío?

Lo mismo ocurre cuando se habla de “la única democracia de Oriente Medio” —esto último una denominación geográfica colonial que debería ser sustituida por Asia Occidental—. ¿Democracia para quién? ¿Dónde quedan los millones de palestinos sometidos a ocupación, bloqueo, desplazamiento, discriminación y regímenes jurídicos profundamente desiguales?

La propaganda pierde parte de su poder cuando dejamos de discutir dentro de las palabras que ella misma ha elegido. Pero su maquinaria sigue siendo poderosa: mil millones de dólares compran campañas, acceso político, producción audiovisual, influencers, consultores y tecnología, sin contar grandes organizaciones estadounidenses favorables a Israel que no reciben financiación del gobierno israelí, como AIPAC.

Esa maquinaria puede contribuir a criminalizar organizaciones, presionar universidades, condicionar debates y perseguir la solidaridad con Palestina. Conocerla y exponerla no es una tarea exclusivamente de la población palestinas, sino de todas aquellas personas que quieran saber quién intenta condicionar lo que ve, lee y cómo interpreta el mundo.

A todo ello se suma una cuestión que pocas veces se reconoce fuera de Palestina. Desde los Acuerdos de Oslo (1993 y 1995), una parte importante del discurso oficial palestino fue desplazando el lenguaje de la liberación hacia el del “proceso de paz”, la negociación permanente y la construcción de un Estado en una parte del territorio. Palestina quedó cada vez más reducida a Cisjordania y Gaza, relegando a los refugiados, el derecho al retorno y a los palestinos de los territorios ocupados en 1948, mientras la cuestión colonial cedía espacio al lenguaje del “conflicto”, la gestión y la diplomacia.

Recuperar el relato palestino exige superar también esos límites. Palestina no es una Autoridad ni un territorio administrado: es Gaza, Jerusalén, Cisjordania, las ciudades y aldeas palestinas ocupadas en 1948, los campos de refugiados y la diáspora. Es una tierra, un pueblo y una historia que la fragmentación no ha conseguido convertir en causas diferentes. Recupera el relato palestino significa también reivindicar el derecho de un pueblo a definir qué significa liberarse, cuáles son sus derechos inalienables y qué futuro reclama.

Para comprender Palestina hay que abandonar dos filtros: dejar de mirarla únicamente a través del relato sionista y dejar de encerrarla en los límites que décadas de negociación y diplomacia oficial impusieron sobre la propia cuestión palestina; porque Palestina no empezó con la creación del Estado de Israel ni puede reducirse a una sucesión de agresiones y respuestas. Antes de la Nakba había ciudades, pueblos, escuelas, periódicos, sindicatos, asociaciones de mujeres y una sociedad enfrentada ya a la colonización. Después hubo campos de refugiados convertidos en espacios de organización, generaciones que preservaron las llaves y los nombres de sus aldeas, presos que escribieron desde las cárceles y una cultura que atravesó fronteras sin abandonar la idea del retorno.

Conocer esa historia es romper una de las formas más persistentes del colonialismo: reducir a un pueblo a aquello que su colonizador dice de él. Significa recuperar archivos y voces silenciadas, incluidas las de generaciones que nacieron lejos de las aldeas de sus familias y siguieron transmitiendo sus nombres. Dejar de preguntar solamente qué hace Israel y preguntarnos también quiénes son los palestinos, qué memoria conservan y qué futuro reclaman. Más de mil millones de dólares pueden leerse también como la medida del problema que Israel intenta resolver.

Durante décadas, el sionismo consiguió que una parte considerable del mundo occidental discutiera Palestina dentro de límites previamente establecidos. Hoy esa relación empieza a mostrar grietas. Gaza ha abierto una de las más profundas. No porque los palestinos hayan descubierto cómo contar su historia, sino porque millones de personas han visto demasiado: niños y niñas asesinados, médicos sin medios, periodistas asesinados, familias desplazadas y personas buscando comida. Pero también han visto a un pueblo que, en medio del genocidio, continúa enseñando, estudiando, cuidando y aferrándose obstinadamente a la vida.

Frente a un pueblo que despliega una maquinaria extraordinaria del dinero, la tecnología y el poder, la respuesta no puede ser construir una propaganda más eficaz, sino investigar, contrastar, escuchar las voces que el poder intenta silenciar y preservar la memoria. No se trata de vivir respondiendo a Israel, sino de devolver al centro a Palestina: su historia, su pueblo, su resistencia, su memoria y su futuro. Porque esta batalla también se libra sobre las palabras y el conocimiento, y no pertenece solamente a los palestinos: interpela a cualquiera que crea que no se deben silenciar la verdad, la memoria de los pueblos ni su derecho a contar su propia historia.

Israel puede comprar campañas, contratar empresas, financiar influencers y producir millones de contenidos. Puede intentar ocupar cada nueva tecnología que transforme nuestra manera de acceder a la información. Pero hay algo mucho más difícil de borrar.

Después de Gaza, la batalla ya no consiste solamente en conseguir que el mundo mire a Palestina. Consiste en impedir que, después de haberla visto, alguien vuelva a convencerlo de que no vio lo que vio. Y también en aprender, por fin, a mirar Palestina sin necesitar que Israel —ni quienes durante décadas administraron los límites de lo posible— nos diga qué estamos viendo.

Fuente: El Salto