El principal investigado está actualmente en prisión por delitos similares cometidos en Albacete
Trabajaban en el campo en turnos las 24 horas del día, descansaban hacinados en pequeñas habitaciones con colchones en el suelo y cocinaban y comían en unas instalaciones completamente insalubres y llenas de suciedad. Es el infierno del que la Policía Nacional ha rescatado a 65 personas, en su mayoría procedentes de India y Nepal, que trabajaban en condiciones de semiesclavitud para una empresa agrícola del municipio murciano de Ulea.
El propietario de la empresa y supuesto cabecilla de esta trama de explotación laboral está actualmente cumpliendo prisión por otros delitos similares cometidos con otra empresa en la provincia de Albacete. La Policía ha detenido además a otras cinco personas, tres de las cuales han sido enviadas a prisión provisional por estos hechos.
Los ciudadanos liberados se encontraban en situación irregular en España, y los detenidos aprovechaban esa situación de extrema vulnerabilidad para explotarlos y obligarlos a trabajar en condiciones absolutamente infrahumanas, según destacadas fuentes de la investigación, que se inició el pasado mes de septiembre de 2025 en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia y del Operativo EMPACT de Europol.
Según ha desvelado la investigación policial, estos inmigrantes irregulares eran explotados “bajo unas condiciones totalmente precarias y abusivas”, obligados a trabajar las 24 horas del día en diferentes turnos, y “algunos a unas condiciones indignas e inhumanas”.
Estas personas pasaban todo el tiempo en la finca agrícola en el término municipal de Ulea, una localidad de apenas 1.000 habitantes en el Valle de Ricote, en el interior de la Región de Murcia. En las instalaciones agrícolas se habían habilitado unas estancias que la Policía calificaba de “insalubres” en las que los ahora liberados descansaban hacinados, se aseaban o comían.
Las imágenes facilitadas por la Policía muestran colchones ocupando todo el suelo de las estancias, sobre los cuales se apilan mantas y efectos personales de las personas explotadas, así como pequeños electrodomésticos de cocina con mucha suciedad.
Los cinco detenidos en esta operación están acusados de delitos de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
En cuanto a las personas liberadas, según han explicado a EL PAÍS fuentes de la investigación, buena parte de ellos han sido derivados a diferentes ONG y asociaciones que trabajan con migrantes en situación irregular con el objetivo de darles apoyo, facilitar su integración en el país y ayudarles a llevar a cabo los trámites para regularizar su situación. No existe un protocolo único para este tipo de casos con víctimas de explotación laboral , sino que cuando se lleva a cabo una operación de este tipo, la Brigada de Extranjería estudia la situación de cada uno de los afectados, su posible arraigo familiar o las posibilidades de ofrecerles una salida legal en el país.
Para Gerardo Medina, secretario general del área de Industria y Agricultura de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, los casos de explotación laboral a personas en situación irregular en el campo murciano que son detectados y que salen a la luz son solo “la punta del iceberg” de un problema mucho más amplio. Los datos oficiales sobre economía sumergida apuntan a que esta ronda entre el 20% y el 22% en el sector del campo en la Región de Murcia, por encima del 17% que de media tiene la economía en esa comunidad autónoma, debido en parte a la enorme vulnerabilidad de los trabajadores. “Son personas que quieren trabajar a toda costa y se ven engañados en un país que desconocen y en el que, por pésimas que sean las condiciones, pueden considerarlas mejores que en sus países de origen”, ha lamentado.
En estos casos extremos, el representante sindical ha advertido de que se suman otros en los que las empresas sí tienen datos de alta legalmente a trabajadores de origen extranjero, pero “aunque las contrataciones son legales, luego pagan por debajo del salario mínimo interprofesional, imponen jornadas de más de 12 horas, no respetan los descansos o no facilitan el transporte hasta las fincas”, entre otras irregularidades, por lo que ha subrayado la necesidad de aportar más recursos para inspeccionar este tipo de empresas.
Fuente: EL PAÍS
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