Periodista
por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre
migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.
Cómo
las ultraderechas europeas, Vox y un sector del PP han evolucionado
del negacionismo climático a un falso ecologismo nacionalista que
justifica la xenofobia
España
se quema. Está siendo el peor verano de incendios en nuestro país
en los últimos 30 años. Las decenas de fuegos propagados durante el
último mes y medio ya han calcinado más de 300.000 hectáreas,
dejando al menos cuatro muertos, más de 30.000 personas evacuadas y
multitud de casas y bosques carbonizados.
Esta
tragedia también se está utilizando como arma política entre el
Gobierno central y los ejecutivos autonómicos de las comunidades
autónomas más afectadas (Galicia, Castilla y León y Extremadura),
donde gobierna el PP, en algunos casos con el apoyo de Vox.
Miembros de la UME trabajan para frenar un fuego en Caminomorisco -Cáceres-, el pasado 1 de agosto.
Sin
embargo, la disputa verbal sobre la logística y los efectivos
desplegados, las carencias de medios técnicos para extinguir el
fuego o la precariedad del personal de emergencias se ha extendido al
terreno de la narrativa sobre el cambio climático. Vox no ha dudado
en culpar de los incendios al “fanatismo climático” y a la
Agenda 2030, y el PP también ha contribuido a construir el discurso
antiecologismo difundiendo bulos y desinformación.
Ambos
partidos, a través de figuras como Javier Ortega Smith o Isabel Díaz
Ayuso, han asegurado que “las agendas ideológicas” prohíben
limpiar montes, márgenes de ríos o desbrozar, algo que queda
desmentido por el Artículo 48 de la Ley
de montes. En
2019 Vox se negó a firmar una declaración institucional que
relacionaba los incendios con el cambio climático tras alegar que
tenía un “enfoque ideológico”.
Del
negacionismo al ecofascismo
El
cambio climático, como el feminismo, la violencia machista o la
inmigración, es uno de los ejes del discurso reaccionario de la
extrema derecha en todo el mundo. Ante la evidencia científica, los
partidos ultra han dejado atrás el negacionismo simplista para
reorientar la narrativa climática hacia el nacionalismo excluyente.
En
este nuevo marco se sustituye la negación por la apropiación de
discursos aparentemente verdes que legitiman políticas de
jerarquización de la ciudadanía (los españoles primero) y de
cierre de fronteras, desplazando el debate ecológico hacia el
terreno de la identidad nacional. Así, las aduanas y la cultura se
presentan como barricadas protectoras del medioambiente frente a la
“saturación” que provocaría lo extranjero.
Otra
de las estrategias de la extrema derecha para desplazar el foco de la
amenaza climática es culpar al ecologismo por las consecuencias de
diversos problemas sociales, como los incendios en España. Hace unos
años, el líder del Partido Nacional Británico llegó a
responsabilizar a los parques eólicos de la muerte por hipotermia de
las personas mayores, y en Alemania el partido neonazi AfD acusó a
las políticas verdes de aumentar el desempleo en sectores
tradicionales.
El
ecofascismo enfatiza la protección del “ecosistema nacional”
frente a supuestas amenazas externas. Este discurso ha permitido a
partidos de ultraderecha presentarse como defensores del
medioambiente y del campo, pero circunscribiendo su visión al
nacionalismo, no al ecologismo y la protección del entorno. El
origen del término se remonta a los años cuarenta, cuando la
propaganda nazi adoptó el concepto Blut
und Boden (sangre
y tierra) para justificar el vínculo entre pureza racial y tierra
que romantizaba la vida agraria y la protección ambiental como parte
integral de la nación.
Integrantes de Núcleo Nacional haciendo el saludo nazi.
Vox:
localismo y xenofobia
En
España, el giro del discurso negacionista clásico hacia el
nacionalismo ecológico ha sido impulsado por Vox, aunque en los
últimos años lo han incorporado diversos sectores del PP. La
formación de Santiago Abascal ha adoptado una visión instrumental
de la ecología, vinculándola con la defensa del agricultor local y
la soberanía hídrica, a la vez que apuesta por una narrativa
abiertamente xenófoba.
En
el programa de Vox no hay ninguna medida que contemple crear más
zonas verdes o reducir la contaminación; únicamente hablan de
agricultores españoles, soberanía de los acuíferos y la
deportación masiva de migrantes, muchos de los cuales son jornaleros
del campo y trabajan en explotaciones agrarias. Hace tan solo unas
semanas, Vox propuso la “remigración
masiva”
de “millones de inmigrantes y sus hijos”, e intentó justificar
la medida no solo con argumentos de seguridad, sino también con la
defensa de la identidad y la cultura españolas.
Poco
a poco el PP ha ido incorporando parte del discurso y las propuestas
de Vox a su propio programa, especialmente en materia de migración.
El resultado es un discurso híbrido que tiene un gran calado en
zonas rurales. Seduce a votantes que están preocupados por la crisis
climática, pero les da el marco discursivo de la inmigración como
amenaza para los recursos y la cultura locales.
Ecologismo
identitario en Europa
En
Europa, el discurso ecofascista ha adquirido formas distintas según
el contexto nacional, aunque todos comparten la instrumentalización
de la crisis climática y ambiental como argumento para justificar
políticas antiinmigración.
En
Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen también ha mutado
del negacionismo a una visión de la ecología como proyecto
nacionalista. Le Pen apela a la protección de la producción local
frente a la globalización y considera la inmigración como una
amenaza tanto identitaria como medioambiental. Miembros del partido,
como el eurodiputado Hervé Juvin, han propuesto defender el
ecosistema nacional, y presentan la frontera francesa como un
elemento “protector” frente al “nomadismo”.
Bajo
esta “ecología patriótica” vinculada al localismo y la
autosuficiencia, Le Pen ha vertebrado un discurso que impulsa la
xenofobia, con la idea central de que sólo la población nacional
cuida realmente de la tierra.
Aunque
Marine Le Pen no niega abiertamente el cambio climático, varios
dirigentes de su partido cuestionan su gravedad o que esté causado
por la acción humana. Además, son habituales los ataques a
instituciones científicas como el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), a las que acusan de
alarmismo. También ignoran políticas de adaptación a un escenario
de digitalización y evitan comprometerse a aplicar medidas para
reducir emisiones de carbono.
Alternativa
por Alemania, tradicionalmente negacionista del cambio climático,
también ha evolucionado hacia posiciones proteccionistas basadas en
el nacionalismo identitario. Si bien mantienen corrientes reticentes
a asumir la crisis climática, varios sectores del partido han
empezado a articular la defensa de “los recursos alemanes”. Esto
se plasma en su rechazo a políticas migratorias de integración como
al Pacto Verde Europeo. Se centran en remarcar que ellos priorizan al
ciudadano alemán.
Caso
similar es el de Italia, donde la Lega y Fratelli d’Italia han
incorporado en su discurso ambiental la protección del agricultor
local y la defensa del Made
in Italy.
El argumento identitario se mezcla con propuestas de soberanía
alimentaria, la oposición al Mercado Común Europeo y el rechazo a
las migraciones, de nuevo deslizando la idea de que los productos
nacionales y las comunidades locales son más sostenibles y
respetuosas con el entorno. El ecologismo, por tanto, se utiliza para
reforzar la batalla cultural por la identidad italiana y justificar
medidas proteccionistas y restrictivas.
En
Europa central y oriental, Hungría y Polonia son los mayores
referentes de cómo los partidos de extrema derecha asumen el
discurso ambiental como parte de su estrategia para legitimar
políticas excluyentes. En estos contextos, la protección del medio
ambiente se convierte en excusa para exaltar la cultura nacional y
culpar a migrantes o países vecinos de la degradación ecológica.
En
todos los casos se observa una tendencia a enfocar la sostenibilidad
desde la óptica de la “resistencia nacional”, donde la
transición verde se convierte en un instrumento para proteger las
capacidades nacionales y justificar una política migratoria
restrictiva, que impide la entrada bajo supuestos como la “saturación
ecológica” o el “agotamiento de recursos”.
Este
enfoque contrasta con las políticas climáticas solidarias y
redistributivas que apuestan por la justicia global, la cooperación
y la equidad socioambiental. Mientras las primeras consolidan
barreras y jerarquías de ciudadanía bajo la bandera de la ecología,
las segundas defienden que la verdadera sostenibilidad implica un
reparto justo de recursos y responsabilidades más allá de las
fronteras.
En
nombre de la seguridad y el control
El
concepto ecobordering sintetiza
esta tendencia. Los partidos de extrema derecha presentan el cierre
de fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias como
medidas de protección, también ambiental, justificando barreras
físicas y tecnológicas bajo el pretexto de preservar lo nacional.
Organizaciones como Adelphi han
documentado los
efectos de esta retórica en el entorno europeo actual, subrayando el
peligro de que la respuesta climática derive en políticas
abiertamente excluyentes bajo una falsa apariencia de sostenibilidad.
En
2021, los expertos británicos Joe Turner y Dan Bailey publicaron un
estudio donde
constatan esta estrategia de la extrema derecha de vincular las
políticas fronterizas rígidas con la protección del medioambiente.
Esta idea queda perfectamente resumida en las palabras que Marine Le
Pen pronunció en 2019: “El ambientalismo es el hijo natural del
patriotismo, que es el hijo natural del arraigo”, y “La mejor
preservación del medioambiente es la defensa de las fronteras”.
Un
informe de
la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre adaptación al clima
advierte de que los colectivos más vulnerables (personas mayores,
con bajos ingresos o enfermedades) están soportando el mayor peso de
los impactos climáticos, desde las olas de calor hasta las
inundaciones o los incendios.
Precisamente
quienes menos contribuyen a la crisis climática son los más
afectados por sus consecuencias. Según un informe
de Oxfam y
el Stockholm Environment Institute, el 1% más rico produjo más
emisiones que el 50% más pobre entre 1990 y 2020. Por lo tanto, es
evidente que el proceso no afecta por igual a todos los sectores y
clases sociales.
Es
lo mismo que concluyen varios estudios del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o el informe
sobre transición ecológica publicado
por el Observatorio Transición Justa, que evidencian cómo en todos
los ámbitos vinculados al cambio climático se producen
importantes desigualdades
de género,
renta y edad, que se trasladan también al proceso de digitalización.
Por ejemplo, sólo una de cada siete personas ocupadas en empleos
verdes en España es mujer, mientras que los mayores y quienes viven
en situaciones de pobreza sufren con mayor intensidad el impacto de
los desastres naturales.
Fuente:
Ctxt
Por Pablo Rivas 
