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lunes, 7 de abril de 2025

Elon Musk y la hermandad de la motosierra

 

 Por Meagan Day  
      Escritora y editora estadounidense que se centra en temas de clase, cuestiones laborales, desigualdad económica y política estadounidense. Editora de Jacobin.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense no se tambalea por sus desacertados esfuerzos de reforma. Está saboteando deliberadamente las agencias federales para dar paso a las privatizaciones.





     A principios de esta semana, The Economist preguntó con tono quejumbroso si Elon Musk estaba arreglando el gobierno federal, tal como había prometido, o destruyéndolo. «Este periódico esperaba con cierta esperanza lo que el Sr. Musk podría hacer», afirmaba, pero debió limitarse a observar con creciente preocupación cómo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Musk «infringió leyes con alegría y destruyó carreras con crueldad», además de «hacer afirmaciones falsas sobre despilfarro y apoderarse de datos personales protegidos por ley».


¿Elon Musk está rehaciendo el gobierno o destruyéndolo?

El artículo concluye que Musk se embriagó tanto con el poder autoritario y fue tan consumido por mezquinos agravios culturales y políticos que su buen sentido de la organización quedó en el camino: se trataría del trágico declive de un genio, que arrastra al gobierno federal con él.

The Economist debería darle un poco más de crédito a Musk. Si DOGE no logra que el gobierno federal sea más eficiente, es porque Musk tiene una visión más grandiosa para él, una que muchos en The Economist podrían encontrar agradable: la privatización.

Todos los destrozos, la destrucción y la ruina total no son accidentales. Sirven a un propósito superior: romper las instituciones públicas para darle paso a alternativas del sector privado.

En una conferencia de Morgan Stanley en el mes de marzo, Musk fue franco sobre esta ambición, diciendo que el gobierno debería privatizar «todo lo que sea posible».

La derecha estadounidense lleva mucho tiempo queriendo lograr exactamente esto. En la famosa frase poética del estratega conservador de la era de George W. Bush, Grover Norquist: «No quiero abolir el gobierno. Simplemente quiero reducirlo a un tamaño en el que pueda arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera». Por supuesto, cuando los servicios públicos ya no son fiables o no están disponibles, eso no significa que ya no sean necesarios. Significa que el control de su prestación volverá al mercado privado, donde los capitalistas pueden beneficiarse de la venta de sustitutos de lo que fue destruido. (Norquist, por su parte, está muy entusiasmado con DOGE).

Incluso una mínima atención a las propias declaraciones de Musk sobre la privatización aclara el asunto. No está haciendo un intento mal encaminado para racionalizar y ajustar las agencias gubernamentales. Hacer que las instituciones públicas funcionen mejor sería contraproducente para su objetivo final de trasladar sus respectivos activos y servicios al sector privado. El caos es intencionado. Cuanto más débiles sean las agencias federales, más fácil será ahogarlas.

La hermandad de la motosierra


La imagen de Musk blandiendo una motosierra en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero se convirtió rápidamente en un emblema de la estrategia de DOGE de atacar a las agencias federales. Si se examina más de cerca, también ofrece una ventana a la filosofía fundamental de DOGE y a su objetivo a largo plazo de promover la privatización.


Musk y Milei blandiendo la motosierra.

El hombre que regaló la motosierra a Musk en el escenario fue el presidente argentino Javier Milei, tan entregado a los planes de privatización que propuso convertir la donación de órganos en «un mercado más» gestionado por «mecanismos de mercado». Milei blandió la motosierra muchas veces, primero como candidato autoproclamado «anarcocapitalista» y luego, después de diciembre de 2023, ya como presidente electo de Argentina.

Para Milei, la motosierra tiene un significado inequívoco: representa una estrategia disruptiva de ajuste severo y privatización radical. Tras ser electo, Milei declaró: «Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en manos del sector privado». En cuestión de meses, avanzó con la privatización de medios públicos y empresas energéticas, al mismo tiempo que imponía medidas de ajuste brutales sobre la población del país.


Milei pide 'mecanismos de mercado' para solucionar la falta de donantes de órganos.

Desde entonces, Milei desmanteló más de la mitad de los ministerios argentinos, creó nuevas agencias promercado como el Ministerio de Desregulación y despidió a decenas de miles de empleados públicos. ¿Les suena familiar? Su gobierno colaboró con figuras como Marcos Galperin, a quien Boston Review describió como «el Elon Musk de Argentina», al tiempo que busca alianzas internacionales con multimillonarios tecnológicos para la extracción de litio y la expansión de Internet por satélite. En enero, la venta de IMPSA, una empresa nacional de energía y tecnología, a un fondo de inversión estadounidense marcó la primera privatización formal de Milei. Pero promete más privatizaciones en el futuro.

Donald Trump definió a Milei su «presidente favorito». Mientras tanto, Musk y Milei frecuentemente publican mensajes de admiración entre ellos en Twitter. En abril de 2024, se reunieron en las instalaciones de Tesla en Texas, donde discutieron su visión política compartida y las preciosas reservas de litio de Argentina, que son valiosas para las baterías de los vehículos eléctricos de Tesla. Más allá del espectáculo de la CPAC, «crearon un sistema de amplificación mutua: Milei señala el apoyo de Musk como validación, mientras que Musk señala a Argentina como prueba de que su enfoque funciona».


Donald Trump definió a Milei «su presidente favorito».

La motosierra se convirtió, con razón, en un símbolo de la estrategia de recortes agresivos de DOGE, pero también es emblemática del propósito que hay detrás de esa estrategia. A Milei no le preocupa racionalizar las operaciones gubernamentales; rechaza fundamentalmente la legitimidad del propio gobierno, más allá de servir como un aparato administrativo mínimo para las operaciones del mercado privado. Esta base ideológica es igualmente cierta para Musk, cuyas disrupciones de DOGE no son intentos equivocados de reforma sino un asalto deliberado al concepto mismo de gobernanza pública.

Negocios en el río revuelto

A diferencia de The Economist, el Washington Post parece comprender la razón de ser de DOGE, afirmando que el grupo de trabajo está «allanando el camino para un nuevo cambio hacia el sector privado» y que su «objetivo final es limitar el alcance del gobierno y privatizar lo que queda».

El periódico señala iniciativas menos discutidas, que ya están en marcha. En la Administración de Servicios Generales, afiliada a DOGE, por ejemplo, los funcionarios están orquestando discretamente la venta de cientos de edificios federales a empresas privadas —incluidas las sedes del Departamento de Justicia y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano—, que luego volverían a alquilarle estos espacios al Gobierno). Los empleados de carrera ya expresaron su alarma por la posibilidad de que estas propiedades se le vendan con grandes descuentos a los aliados de Trump.

Mientras tanto, DOGE le apunta al Servicio Meteorológico Nacional para llevar a cabo importantes reducciones de personal, aparentemente en línea con la visión del Proyecto 2025 de «comercializar plenamente» la previsión meteorológica. La Administración Federal de Aviación está estudiando el posible papel de los satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, para contribuir a la previsión meteorológica, lo que seguramente sea una coincidencia.

Más allá del DOGE, la administración Trump en general adoptó la privatización con el mismo entusiasmo. El secretario del Interior de Trump está trabajando para abrir tierras federales de todo el oeste a promotores privados, mientras que el secretario del Tesoro expresamente prometió «reprivatizar la economía».

Según el Post, también se están considerando seriamente otras propuestas orientadas a la privatización. La administración está evaluando un plan para asignarle 40 000 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que fue cerrada, a inversores y empresas privadas. Y el contratista militar de extrema derecha Erik Prince, que fundó el servicio de mercenarios antes conocido como Blackwater y con el que la administración Trump tiene fuertes vínculos, propuso entregarle las operaciones de defensa y la aplicación de la ley de inmigración a empresas de seguridad privadas.

Un economista jefe de la red de servicios financieros RSM declaró al Washington Post: «Desde los primeros días de la administración quedó claro que uno de sus principales objetivos a largo plazo es la privatización de muchos activos gubernamentales. Fueron muy claros en cuanto a sus intenciones».

Para cualquiera que siga de cerca estos acontecimientos, es evidente que la motosierra no es una herramienta para recortar posibles excesos. Se trata de talar la infraestructura pública y preparar el terreno para el control corporativo.

Sé como Wells Fargo

No hay ejemplo más obvio del impulso privatizador que se está desarrollando que la intervención del DOGE en el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). En febrero, DOGE se «asoció» con USPS para recortar diez mil puestos de trabajo y reducir en 3500 millones de dólares sus costos operativos. En teoría, estas reformas se llevan a cabo en nombre de la eficiencia. Sin embargo, los críticos señalan que los recortes harán que el USPS sea menos eficiente, especialmente en las zonas rurales, donde el servicio ya está muy exigido.

Por otro lado, Elon Musk dejó claro que le gustaría que el USPS se privatizara por completo. ¿Qué es más probable: que los recortes del USPS del DOGE sean un intento de mejorar las operaciones o de degradarlas, erosionando el apoyo público al servicio y allanando el camino para alternativas privadas?

Wells Fargo conoce la respuesta. Como Jacobin informó, el gigante bancario, relamiéndose, hizo circular un memorando interno en marzo que esbozaba un plan detallado para la privatización del USPS. Su plan prevé dividir inicialmente la agencia en dos: vender los componentes rentables de paquetes y encomiendas y dejar la entrega de correo como una entidad básica financiada por los contribuyentes. Admite que la nueva empresa privada tendría que subir los precios y que la parte pública restante del USPS tendría dificultades para mantener las entregas. Este escenario haría más fácil superar la oposición de los sindicatos y del público para lograr la privatización total.

La estrategia es sencilla: romper el servicio público lo suficiente como para que la privatización se convierta en la solución por defecto. Como señaló el sociólogo Paul Starr en su análisis de las estrategias de privatización, este enfoque ejemplifica la «privatización por desgaste», en la que se empuja deliberadamente a los servicios públicos a deteriorarse, animando a la gente a recurrir a opciones privadas, incluso cuando esos nuevos servicios mercantilizados tienen precios más altos y peor rendimiento. Los otros métodos de privatización identificados por Starr (transferencias directas de activos, subcontratación y desregulación) también se están aplicando simultáneamente en todo el gobierno federal ante la insistencia del DOGE.

Trump sugirió recientemente que el mandato de Musk en DOGE podría estar llegando a su fin. Aun así, la motosierra está en marcha. El DOGE no está fracasando en hacer que el gobierno sea más eficiente. Está saboteando con éxito las instituciones públicas para transferirlas a manos privadas. Wells Fargo lo reconoce. Y nosotros también deberíamos.


Fuente: JACOBIN

martes, 15 de octubre de 2024

Las grandes tecnológicas venden su aceite de serpiente como progresismo

 

Escritor y comentarista político.


Los empresarios tecnológicos que prometen “participación comunitaria” están tratando de sacar provecho de la equidad en materia de salud. La respuesta de Silicon Valley al bienestar social implica poner una etiqueta "progresista" a los servicios sociales por suscripción y, al mismo tiempo, monetizar la red de seguridad.




     La aglomeración de la política de la Tercera Vía y la tecnosfera es uno de los fenómenos más insidiosos de nuestro tiempo. Es lo más parecido a un Borg de la vida real que hemos visto fuera del universo ficticio de Star Trek. Su capacidad de permanencia es un testimonio de su influencia. Con el auge del conservadurismo tipo Elon Musk y la fragilidad de nuestro momento político, puede parecer anacrónica.




     Sin embargo, fuera de los oscuros distritos de la esfera dominada por Peter Thiel de Silicon Valley, gran parte del nexo tecnológico sigue siendo el dominio del tecnoutopismo liberal, con sonrisa de Stepford. Pero esto no debería sorprender a nadie: el progresismo estereotipado de la clase profesional-gerencial “de izquierda” que ha llegado a dominar gran parte de la política occidental tiene raíces en las promesas tecnocráticas de Silicon Valley.


Peter Thiel.

     El fenómeno no es competencia exclusiva de un programa o una empresa en particular, pero algunos son representantes destacados de la tendencia. En 2021, la corporación de beneficio público Findhelp había recaudado poco menos de 50 millones de dólares, posicionándose como líder en la "construcción de una mejor red de seguridad social". El sitio web de la empresa señala que "la red de seguridad social se creó para garantizar que se cubran las necesidades básicas de las personas". Pero hay un problema, uno que, aparentemente, solo una empresa tecnológica emergente puede resolver.




     ¿El problema que se pretende resolver? “La colaboración entre los programas gubernamentales, la filantropía y las iniciativas comunitarias es torpe, frustrante e ineficiente”.

      ¿La solución que recomienda? Bueno, naturalmente, es “un software que respalde la colaboración entre los sectores público y privado”. Un modelo de suscripción, por supuesto, con niveles para satisfacer las necesidades de los clientes. Findhelp otorga licencias de su servicio a organizaciones, ofreciendo cuatro niveles que van desde $5,400 al año para el paquete básico hasta $75,000 al año para “empresa+”.

La evolución de Findhelp

     Con más de cincuenta y un millones de usuarios, la empresa existe para “simplificar el complicado proceso de conectar a las personas con la ayuda” y cita a cientos de clientes en salud, educación, vivienda y más, ya que sirve como puente para organizaciones, programas e individuos.

     La empresa, que ha sido acusada de prácticas antilaborales, también se encuentra actualmente en los tribunales argumentando que la Junta Nacional de Relaciones Laborales es inconstitucional. Es revelador que una empresa cuyos materiales promocionales comercializan el cuidado y la compasión establezca una línea tan firme cuando se trata de apoyar a quienes luchan por un mejor lugar de trabajo.




     Findhelp es el resultado natural de un sistema de bienestar social que ha sido descuidado y cada vez más externalizado al libre mercado, un mercado que incluye a las B Corps, que, cualesquiera sean sus objetivos sociales, siguen siendo fundamentalmente lucrativas. Cuanto más retrocede el estado de bienestar y la tarea de proporcionar servicios necesarios como salud, vivienda y educación se queda corta, más interviene el mercado privado, monetizando y lucrando con las brechas en el apoyo social.




     Para gestionar un Estado de bienestar se necesitan inversiones, pero las empresas con ánimo de lucro, impulsadas por la necesidad de maximizar sus ingresos, suelen crear feudos dentro de este ecosistema. Su concentración en las ganancias socava el objetivo central de los programas del Estado de bienestar: servir al público, no ganar dinero.




     A medida que las empresas tecnológicas vayan dominando cada vez más el espacio de la asistencia social, utilizando un lenguaje “progresista” para justificar su invasión, el Estado de bienestar caerá cada vez más en las idolatrías del mercado y la sed de lucro. La industria tecnológica está llena de activistas antiestatales, libertarios cuyo llamado a las armas, “muévanse rápido y rompan cosas”, es una promesa de desmantelar no sólo los viejos modelos de mercado, sino también el Estado y sus programas sociales.




     No cabe duda de que los progresistas de la Tercera Vía que buscan “soluciones” e “innovaciones” son blancos fáciles para esta jugada. Durante años, los progresistas reformados de la era de Tony Blair y Bill Clinton han estado construyendo manuales en prosa de aluminio cepillado, siempre “innovando” y resolviendo problemas por medio de la “deliverología” o cualquier nueva moda que esté arrasando en las escuelas de marketing o los programas de MBA o las salas de juntas de Silicon Valley.




Lenguaje de programación “progresista”

     Cualquier compromiso de resolver los problemas del Estado de bienestar mediante modelos de suscripción tecnológica con fines de lucro (en lugar de, por ejemplo, una base de datos o un servicio estatal) es una señal de alerta sobre el compromiso del gobierno de servir a los necesitados. Para cuando los sitios web de terceros comiencen a cantar los elogios obligatorios pero superficiales de la “equidad sanitaria”, la “participación comunitaria”, la “superación de las barreras sistémicas de la inequidad”, etc., mientras extraen cualquier beneficio que puedan, el Estado de bienestar estará en serios problemas.




     Al apoyar estas “soluciones basadas en el mercado”, los entusiastas liberales del solucionismo tecnológico están construyendo una bestia poderosa y terrible que, en última instancia, intentará desplazar lo que queda del papel del Estado en la garantía de una atención generalizada para sus ciudadanos. ¿Por qué crear iniciativas dirigidas por el Estado cuando se pueden subcontratar?




     Organizaciones como Findhelp representan una combinación perfecta de libertarismo, tecnocracia de clase gerencial y profesional y tecnoutopismo de Silicon Valley. Mientras la izquierda socialista lucha por un retorno a la política de clase y a los programas universales, este nuevo modelo socava esos esfuerzos mediante un aire santurrón de superioridad.




     Casi se puede oír la condescendencia en sus preguntas: “¿Quieren ayuda real o ineptitud gubernamental?” O el juicio, cuando advierten que “mientras ustedes se preocupan por la desigualdad, nosotros estamos trabajando para acabar con la inequidad en el lugar de trabajo”. O quizás, lo peor de todo, para aquellos de nosotros que a veces nos vemos obligados a codearnos con estas personas, son las charlas durante la cena o las copas sobre el poder de los artilugios y el genio sublime que, por fin, “desbloquearán la atención integral a la persona”. Es un infierno.

El tecnosolucionismo no nos salvará

     La idea de que las herramientas tecnológicas pueden ayudar a resolver los problemas de coordinación y acceso no es errónea; de hecho, estas herramientas son esenciales para abordar esos problemas. El problema es que las herramientas no son lo importante. El peligro del tecnosolucionismo impulsado por el lucro reside en su tendencia a privatizar proyectos fundamentalmente públicos, eclipsando en última instancia y potencialmente eliminando, el papel del Estado. Se hace eco del mantra de la era de Ronald Reagan de que el gobierno no es la solución a los problemas, sino el problema en sí.




     En misiones como las de FindHelp está implícita la premisa de que el Estado no puede o no quiere realizar el trabajo que debe hacerse para cuidar de su gente. Y si eso es cierto —y vaciar el Estado de bienestar, de hecho, garantizará que lo sea— entonces, por supuesto, sólo el libre mercado puede intervenir para resolver el problema. No importa que el problema haya sido creado por la misma clase que desea que el Estado fracase, se marchite y muera para poder llenar el vacío.




     Para reconstruir el Estado de bienestar es necesario rechazar la combinación de la política de la Tercera Vía y las promesas de Silicon Valley. Debemos empezar por alejarnos de las pulidas afirmaciones de la comunidad de empresas emergentes. Debemos reconocer que su argot “progresista” no es más que la retórica seductora de fuerzas que, en el mejor de los casos, son ingenuos bienhechores cegados por sus posiciones de clase y, en el peor, cínicos especuladores que despliegan una grandilocuencia alegre y reluciente para enmascarar su verdadero objetivo de hacer dinero.

Fuente: Jacobin