Los millones de la petrolera Exxon Mobil detrás de los expertos que piden bombardear Venezuela

 

 Por Bruno Sgarzini   

   Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     “El instituto Brookings y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) son los dos grandes centros de estudios con los que trabajamos y en los que participamos activamente”, sostuvo en 2019 el lobista de la petrolera Exxon Mobil, Keith McCoy, en una entrevista de trabajo. Lo que no sabía McCoy es que la conversación era grabada y que su reclutador, para una compañía de inversión en energía, en realidad, era un activista climático. El lobista, sin quererlo, había confesado que se apoyaba en los informes de los académicos de ambos tanques de pensamiento para influir en los congresistas, y los medios de comunicación, contra cualquier legislación en contra de los combustibles fósiles.

Vista de la refinería de ExxonMobil en Baton Rouge, Luisiana.

Los académicos, a cargo de presentar sus informes en el Congreso, y el directorio de ambas instituciones, por supuesto, negaron cualquier conexión con la petrolera. Pero los datos hablan por sí solos; Exxon Mobil ha aportado al CSIS 12 millones de dólares que han fluido hacia su programa de “Seguridad Energética y Cambio Climático” y otros relacionados hacia iniciativas energéticas en las “Américas y África”, dos regiones donde la petrolera tiene profundos intereses. También aportó, según los registros, cinco millones para la construcción de la nueva sede del instituto y en su directorio ejecutivo tiene a su actual CEO, Darren W. Woods. El ejecutivo sustituyó en el puesto al antiguo mandamás de la empresa, Rex Tillerson, exsecretario de Estado de Trump durante su primera Administración.

Woods heredó el encono personal de Tillerson con Hugo Chávez y Venezuela después de que Exxon Mobil no aceptara la política de nacionalizaciones que daba a su yacimiento venezolano Cerro Negro en la Faja del Orinoco, la mayoría accionaria a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Al no aceptar esta nueva conformación accionaria, Chávez ordenó la expropiación del yacimiento y Exxon Mobil, bajo el mandato de Tillerson, inició una larga batalla judicial en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) luego de no aceptar el pago ofrecido por el gobierno chavista. Exxon Mobil pidió un resarcimiento de 18 mil millones de dólares, pero después, de varias apelaciones, los tribunales le dieron la razón a Venezuela y la petrolera recibió más de 900 millones de dólares.

“La venganza de Exxon llegó de la mano del vecino vecino de Venezuela: Guyana. En 2015, Tillerson —quien se convirtió en secretario de Estado del presidente Trump dos años después— comenzó a trabajar con Guyana para explorar 11 mil millones de barriles de petróleo en aguas reclamadas por Venezuela”, según los investigadores José Bouchard y Nick Cleveland-Stout de Responsible StateCraf.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, señala un mapa de la frontera entre Venezuela y Guyana, mientras se encontraba en el palacio presidencial en Caracas.

En concreto, Exxon Mobil se convirtió en accionista, junto a la petrolera Hess y la China National Corporation, del bloque Strabroek, uno de los mayores descubrimientos de gas y petróleo de los últimos 25 años, de acuerdo a The Wall Street Journal. Los recursos de Straboek, de forma paradójica, pertenecen a la misma formación geológica, conocida como “Roca Madre, la Madre”, que genera los recursos hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco. El principal reservorio de petróleo del mundo del que se fue Exxon Mobil con las nacionalizaciones de Chávez.

Detrás del asedio a Venezuela; el lobby de Chevron y 35 mil millones de barriles de petróleo sin explotar

“Es la jugada más especulativa de mi vida”, exclamó en 1912 Henri Deterding, el presidente de la empresa petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell (Shell), luego de definir la compra de la Caribbean Petroleum Company y, por ende, de sus concesiones petroleras en el Lago de Maracaibo. La “transacción más colosal” de la historia de Shell, tiempo atrás, había sido definida cuando Deterding abrió bien grande los ojos al ver la presentación de los estudios del geólogo Raph Arnold, contratado por la Caribbean Petrolum, en su despacho de La Haya en el corazón de Europa. Arnold, en pocas palabras, le había dejado en claro que las reservas de Venezuela eran una de las más grandes del mundo.

Organizaciones sin fines de lucro de EE. UU., en contra de Exxon y Chevron por el petróleo venezolano.

Diez años después, la jugada más especulativa de su vida le dio resultados cuando la Venezuela Oil Concessions taladró uno de los pozos abandonados por la Caribbean, comprada por Shell, en el Lago de Maracaibo y encontró que podía producir un total de 100 mil barriles diarios. “El pozo más productivo del mundo”, lo calificó The New York Times al dar la noticia de que ese el pozo más “productivo del mundo”; lo que desató una “fiebre inversionistas” que llevó en pocos años, a la competidora estadounidense de Shell, la Standard Oil de John Rockefeller, ha comprar distintas compañías petroleras venezolanas, la más importante de ellas, la Creole Corporation. Para 1933, esa apuesta especulativa del ejecutivo de Shell, basada en un estudio, convirtió a Venezuela en el mayor proveedor petrolero de Europa.

Foto del pozo Barroso 2 considerado el más productivo del mundo en la primera parte del siglo XX.

En pocos años, las concesiones volvieron a renovarse con la reforma petrolera de 1944, sancionada bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita, un reclamo venezolano por el suministro petrolero estratégico dado a los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta legislación hizo más equitativas las ganancias que recibían las petroleras y el Estado Venezolano a través de impuestos y “royalties”, así como el compromiso de instalar varios parques de refinación de petróleo en lugares como Amuay (Standard) y Cardon (Shell), ambos en la Península de Paraguaná al Occidente de Venezuela, zona seleccionada por su relativa cercanía a los campos del Lago de Maracaibo, según el investigador petrolero Bernard Mommer, y exasesor de Hugo Chávez.

Más de cien años después, la historia del país sigue atada a los estudios sobre sus reservas y los planes “inversionistas” de Chevron, una de las principales compañías estadounidenses presentes en el país. Su principal interés en el país es un campo llamado Boscán, ubicado entre el Lago de Maracaibo y la frontera con Colombia, descubierto en 1946 por la antecesora de Chevron, Richmond Exploration, filial de la Standard Oil, hasta que un fallo judicial estadounidense obligó a la empresa a dividirse en múltiples compañías por sus prácticas monopólicas. Boscán fue administrado por la Richmond Exploration hasta la nacionalización de la industria petrolera en los años 70, que convirtió a sus gerentes en los mandamases de la división de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cargo de este enorme campo, una de las mayores acumulaciones de petróleo de Venezuela, según el historiador venezolano Alejandro Cáceres. La situación fue tan surrealista que, tiempo después, varios empleados de la recién creada PDVSA denunciaron que en la junta directiva solía aparecer el gerente de Chevron para dar su opinión sobre las decisiones de la compañía, según el historiador petrolero venezolano Carlos Mendoza Potellá.

El CSIS, en consecuencia, se ha convertido en un gran promotor de Guyana al punto de invitar sus fotos al presidente del país, Mohamed Irfaan, para hablar de las bondades petroleras y gasíferas del país. Como sucedió con las políticas contra el cambio climático, el tanque de pensamiento se ha convertido en una correa más de su maquinaria petrolera de influencia y propaganda para vender sus intereses.

De Juan Guaidó hacia las sanciones y la promoción de bombardeos en Venezuela

Cuando Tillerson fue secretario de Estado, según el gobierno venezolano, llamó a Julio Borges, jefe negociador de la oposición, en febrero de 2018 para que no firmara un acuerdo con el chavismo, bajo el auspicio de José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de participar en las presidenciales de 2018 y consensuar un programa económico y una Comisión de la Verdad. A pesar de que la llamada fue negada por Borges, en la práctica, el boicot electoral dio lugar a que un año después, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela y desconociera el nuevo mandato de Nicolás Maduro. El CSIS, el 10 de abril de ese mismo año, organizó una reunión bajo el nombre “Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela” de la que participaron figuras como el exjefe del Comando Sur del Pentágono, Kurt Tidd a cargo de América Latina, Roger Noriega, exsubsecretario para América Latina y uno de los arquitectos del escándalo Irán-Contras, William Brownfiel, exembajador estadounidense en Caracas responsable de armar una hoja de ruta para salir de Hugo Chávez, y el embajador paralelo en Washington de Guaidó, Carlos Vechio, un antiguo abogado, además, de Exxon Mobil.

Asesores de Trump y funcionarios latinoamericanos consideraron ataque militar estadounidense contra Maduro en reunión privada en Washington D. C.

El CSIS emitió, después del fracaso de Guaidó, un informe titulado “Las Sanciones están funcionando” para hablar a favor de que continúen como “instrumentos de presión contra el régimen de Maduro”. Por supuesto, esto no llama la atención si se tiene en cuenta que entre los integrantes de su “Iniciativa para el Futuro de Venezuela” hay una conjunción de exfuncionarios estadounidenses pro intervención en Venezuela, como Brownfield, Mark Feierstein, el exjefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), Juan Crutz, exasesor de seguridad nacional de Trump para América Latina, y miembros de la línea más extremista de la oposición como el exprocurador de Guaidó, Juan Ignacio Hernández, culpable, por ejemplo, de la estrategia legal de la oposición para quedarse con los activos venezolanos en Estados Unidos.

Con la llegada de Biden, Ryan Berg, el director de la Iniciativa para el Futuro de Venezuela de CSIS, se convirtió en un acérrimo crítico de las licencias petroleras otorgadas a Chevron, rival de Exxon Mobil, por “darle hasta diez mil millones de dólares al régimen venezolano”, y un firme defensor de María Corina Machado. Con el regreso de Trump, el propio Berg, junto con el exprocurador de Guaidó, Juan Ignacio Hernández, escribieron un informe con el nombre “Terminando con la línea de vida petrolero de Maduro”, donde propusieron, otra vez, “usar las sanciones como instrumento de presión y pidieron la revocación de las licencias petroleras actuales que permiten a empresas occidentales asociarse con PDVSA”. En el evento de presentación del informe, incluso, participó la propia Corina Machado. De 2023 hasta 2025, la propia líder de la oposición ha participado en distintos eventos, moderados por Berg, en el CSIS, donde ha rechazado negociar con Maduro y ha llamado a endurecer las medidas contra Venezuela por parte de Estados Unidos.

Poner fin al salvavidas petrolero de Maduro: revisión de las licencias petroleras otorgadas en virtud del Acuerdo de Barbados.

Las posiciones del CSIS, por lo general, se emiten a través de informes y luego se repiten con la aparición de sus autores en los medios de comunicación convencionales, como CNN, Fox News, NBC y CBS, o columnas de opinión en diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post, y revistas especializadas en temas internacionales como The Foreign Policy. También en audiencias del Congreso, lo que les da a estos expertos la posibilidad de influir en temas específicos que benefician a donantes del CSIS, como Exxon Mobil. Para Brooke Williams, profesora de periodismo de la Universidad de Boston; “los think tanks, que se presentan como “universidades sin estudiantes”, tienen influencia en los debates sobre políticas gubernamentales porque se les considera investigadores independientes de intereses económicos. Sin embargo, en su búsqueda de financiación, impulsan agendas importantes para los donantes corporativos, lo que difumina la línea entre investigadores y cabilderos. Y lo hacen mientras se benefician de su exención fiscal, a veces sin revelar sus vínculos con intereses corporativos”.

Títular del artículo en The Foreign Policy publicado por Ryan Berg, director del CSIS para la 'Iniciativa para Futuro de Venezuela'.

Según el CSIS, por lo general, tiene reuniones periódicas con representantes de sus donantes para hablar sobre los temas que tratan.

Con el despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe, el CSIS ha desplegado un lobby guerrerista que coincide con los intereses de su principal donante, Exxon Mobil, para sacar al chavismo del poder. En un artículo en The Foreign Policy, el director de su programa sobre Venezuela, Berg, ha hablado a favor de “derrocar a Maduro sin tropas sobre el terreno”, donde ha cuestionado las visiones antibélicas del mundo maga sostenidas por el periodista Tucker Carlson o el antiguo estratega trumpista Steve Bannon. “A diferencia de una invasión terrestre de Venezuela para derrocar a Maduro, un colapso del régimen implicaría una campaña más limitada de ataques estadounidenses contra objetivos clave del régimen de Maduro de las fuerzas armadas del país y a sus élites políticas. Estos ataques utilizarían municiones guiadas de precisión y armas estadounidenses de distanciamiento, disparadas desde una distancia segura, lo que posiblemente catalizaría el movimiento interno para forzar la salida de Maduro, todo ello sin poner en riesgo al personal estadounidense, como en una estrategia de cambio de régimen”, según él.

Extracto del informe La campaña caribeña de Trump - Los datos detrás de la Operación Lanza del Sur escrito por Mark Cancian y Chris Park del CSIS.

Cuando, hace unos días, llegó a El Caribe, el portaaviones Gerald Ford, el más grande del arsenal estadounidense, Cancian, por ejemplo, escribió; “la potencia de fuego de largo alcance de la que dispone Estados Unidos en el Caribe es ahora comparable a los niveles utilizados en campañas anteriores de alcance y duración limitados.

Medios donde la voz 'experta' de Cancian es citada para influir en la opinión pública estadounidense, según el CSIS.

Hay dos posibles objetivos para tales ataques: las instalaciones del cártel de Los Soles y las del régimen de Maduro. Los portaaviones son un recurso escaso, con solo un tercio de la flota en alta mar. Otros comandantes regionales querrán el Ford para la respuesta a crisis, ejercicios con aliados y demostraciones de fuerza ante competidores de nivel similar. Para el Comando Sur de los Estados Unidos, el comando regional para el Caribe, el portaaviones es un activo que se usa o se pierde”.

Portaviones USS Gerald R. Ford.

La tarea de los “expertos” del CSIS está concentrada más que nada en combatir, en la opinión pública estadounidense, el Congreso y la Administración Trump, cualquier tesis en contra de una intervención en Venezuela. Por eso, figuras como Berg promocionan, de forma constante, artículos de The Wall Street Journal, como uno escrito por Rafael de la Cruz, director de la oficina de Corina Machado, donde cuestiona que el “colapso del régimen venezolano” pueda generar un escenario caótico similar al de Libia post Muammar Gadafi. “Las guerras civiles suelen estallar cuando el poder colapsa y no hay un sustituto claro, o cuando facciones rivales se disputan la autoridad. En Venezuela, las condiciones son fundamentalmente diferentes. El amplio mandato de María Corina Machado guiará una transición unificada. Su legitimidad se arraiga en la voluntad popular; las transiciones con estas características tienden a ser ordenadas”, de acuerdo a Cruz.

O también las tesis de Elliot Abrams, exencargado del Departamento de Estado para Venezuela, quien señala que; “Trump debe entender que esto se trata de que gané él o Maduro”. Una cartelización deliberada de los expertos del CSIS con otros tanques de pensamiento, y figuras, para cavar trincheras en función de cambiar la percepción en contra de una acción militar en Venezuela de la mayoría de los estadounidenses, que alcanza el 70% según una encuesta de CBS News.

Por supuesto, esto coincide, además, con la propuesta de María Corina Machada, titulada Venezuela, la oportunidad de un billón de dólares, basada en privatizar todos los recursos petroleros y gasíferos de Venezuela. Un festín preparado para los gustos, y deseos, de una Exxon Mobil, que anhela cobrarse venganza de las nacionalizaciones de Hugo Chávez.

Fuente: Bruno Sgarzini

Los pueblos frente al fracaso ecocapitalista

 

 Por José Seoane   

      Profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.

Fue en la posguerra, al compás de la significación creciente que adquiría la problemática ambiental, cuando surgieron y se multiplicaron los estudios científicos sobre el papel de las emisiones de dióxido de carbono en la elevación de la temperatura de la Tierra y sobre sus potenciales efectos catastróficos

     Entre los años sesenta y setenta se consolidó el consenso científico sobre el llamado cambio climático que en la década siguiente se transformó en voz de alarma. Y a principios de la década siguiente la Convención Marco sobre cambio climático adoptada por los países miembros de las Naciones Unidas reconoció que  “las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera… lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad” siendo que “tanto históricamente como en la actualidad la mayor parte de las emisiones… han tenido su origen en los países desarrollados”.

Y, pocos años después, se adoptó el primer acuerdo internacional para reducir esas emisiones, el Protocolo de Kioto,  en el que los países industrializados se comprometían a reducirlas “a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012”.

Casi treinta años después el panorama no podría ser más contrapuesto y amenazante. Las mediciones oficiales señalan que entre 1991 y 2021 se emitió más dióxido de carbono que en los dos siglos anteriores, siendo que esas emisiones no han dejado de crecer año tras año, a excepción de 2020 bajo la pandemia de COVID. La misma tendencia creciente experimentaron las concentraciones de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. El calentamiento global ha dejado de ser una advertencia de científicos y gobiernos para convertirse en el despliegue recurrente de fenómenos meteorológicos extremos que golpean y afectan hoy la vida de poblaciones y territorios. El propio Secretario General de Naciones Unidas reconoció hace unos años que “ha llegado la era del hervor global” afirmando que “el cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es solo el principio… la única sorpresa es la velocidad del cambio”. Esa es la realidad actual, el cambio climático se ha transformado en crisis, en crisis climática.

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita).

Las mediciones internacionales sobre la evolución de la temperatura media global terrestre indican la misma presentificación de esta crisis. 21 de los 22 meses transcurridos entre julio de 2023 y abril de 2024 registraron incrementos iguales o mayores a 1,5 °C, uno de los límites a no superar según los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris, y el año 2024, que superó ese límite, se convirtió en el más cálido desde que se tienen registros.

Los vehículos de pasajeros grandes y pesados ​​fueron responsables de más del 20% del crecimiento de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía el año pasado.

La propia Organización Meteorológica Mundial reconoció que existen grandes posibilidades de superar la marca de los 1,5 °C en el quinquenio 2025–2029, una estimación que comparten estudiosos y movimientos populares. Pero no requerimos necesariamente de estas evidencias para dar crédito a la presencia y gravedad de esta situación, afrontamos hoy sus efectos en la vida cotidiana, en particular, con la evolución de colapsos climáticos locales recurrentes que avanzan afectando diferentes lugares a lo largo y ancho del mundo.

Es claro que las soluciones ecocapitalistas que se han implementado en las décadas pasadas han fracasado estrepitosamente. Ni la mercantilización del clima con los mercados de carbono ni el solucionismo tecnológico que reduce el cambio al uso de las energías renovables han conseguido reducir las emisiones y salir del rumbo que lleva a la catástrofe. La máquina del capitalismo fósil y los intereses de una elite que se beneficia del mismo han podido imponerse hasta ahora. Y cuando el cambio del clima se transforma en crisis, cuando esa crisis se expresa en múltiples dimensiones de la vida social con recesión y desigualdad, con autoritarismos y violencia, con la expansión de la guerra y la militarización, cuestionando al capitalismo moderno colonial, la llegada de las extremas derechas levanta las banderas del negacionismo climático.

En otras oportunidades hemos analizado las recetas del solucionismo tecnológico de mercado, de la llamada economía verde y el Green New Deal, sus vinculaciones con las racionalidades neoliberales y sus consecuencias societales. En este caso, nos proponemos reflexionar sobre las significaciones que adopta la historia y los efectos de poder de esa narrativa que niega la crisis climática y sus orígenes sociales.

Del negacionismo climático al ecofascismo

No se trata de que las elites desconozcan el cambio climático, su dinámica y efectos presentes y futuros. El selecto grupo de empresarios, gerentes y políticos que participan del Foro Económico Mundial de Davos identificaron entre los riesgos más importantes a afrontar en la próxima década a los eventos climáticos extremos y al cambio climático de los sistema terrestres.

Y el propio Donald Trump que impulsa el abandono de las negociaciones y acuerdos internacionales sobre el calentamiento global y ataca estas políticas y saberes científicos incluso en el plano nacional, no modificó el monitoreo y planificación del Departamento de Estado y el Pentágono sobre los efectos del cambio climático, así como sus amenazas de comprar o anexar Groenlandia y Canadá se inspiran en que el deshielo de esos territorios permitirá la explotación de estimados bienes naturales y abrirá la ruta marítima del Ártico al comercio internacional.

Así, no es la ignorancia sino el interés lo que sostiene al negacionismo climático. Por una parte, se trata de rechazar toda intervención o regulación pública estatal de la economía, así tenga inspiraciones ecológicas, en consonancia con los preceptos que guían las ideas neoliberales. Para este campo de pensamiento, particularmente para sus expresiones libertarias y anarcocapitalistas como la que formuló el economista estadounidense Murray Rothbard, la problemática socioambiental, junto al feminismo, forman parte de esa agenda nominada como woke que utilizan las fuerzas de izquierda para sostener hoy su crítica al capitalismo contemporáneo y su demanda de intervención estatal.

Pero, por otra parte, el rechazo a las políticas nacionales o internacionales que promuevan cierta transición ecológica, particularmente en el campo de las fuentes de energía, encuentra el inicial y más potente sustento en el complejo industrial hidrocarburífero particularmente afectado por estos cambios. Entre estas corporaciones se cuentan las grandes petroleras, las llamadas “siete hermanas” señaladas como responsables de tantos golpes de Estado y guerras que plagaron de dolor la historia de los pueblos del Sur del mundo. Son justamente estas empresas las que promovieron y financiaron redes de ONG, científicos, periodistas, medios, instituciones, coaliciones de la sociedad civil y fueron construyendo los dispositivos y los discursos del negacionismo climático.

Se trata de un proceso similar al experimentado con las tabacaleras en los Estados Unidos en la posguerra en lo que podría bautizarse como la estrategia Philips Morris. Aún a sabiendas que el consumo de cigarrillos provocaba cáncer y otras afecciones a la salud humana, cuestión que conocían desde mediados de los años cincuenta, las empresas del sector lo mantuvieron en secreto, lo negaron por todos los medios y llevaron a cabo campañas publicitarias engañosas, mintieron bajo juramento, incidieron sobre los responsables políticos y financiaron investigaciones sesgadas para crear confusión y ocultar sus responsabilidades mientras proseguían con sus negocios e incrementaban sus ganancias.

Esa fue la respuesta del capital. La defensa del lucro privado en desmedro de la vida. Y es la misma que llevan adelante hoy las petroleras y el complejo hidrocarburífero frente a la crisis climática, planteando una amenaza mucho mayor sobre las poblaciones y ecosistemas, sobre la vida humana y no humana.

Las predicciones climáticas mundiales indican temperaturas en niveles sin precedentes o cercanas a ellos durante los próximos 5 años.

  

De este modo, frente a la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido por sus siglas en inglés IPCC por Intergovernmental Panel on Climate Change) en 1989, la compañía Exxon Mobil promovió la creación de la Global Climate Coalition que se transformó en el mayor grupo de presión sobre política climática a nivel global, se opuso al Protocolo de Kioto y desempeñó un papel nada menor en el bloqueo de su ratificación por parte de los Estados Unidos.

Integrada por las principales corporaciones petroleras, del carbón, automovilísticas, forestales, entre otras, esta poderosa coalición buscó sembrar dudas sobre las evidencias del cambio climático, financiando a políticos, periodistas y científicos que cuestionaran el consenso que estaba constituyéndose a nivel internacional sobre sus causas, su significación y sus consecuencias a pesar de que internamente las mismas eran reconocidas.

Sin embargo, con la elaboración del Protocolo de Kioto a partir de 1997, las empresas comenzaron a abandonar la coalición en un cambio de estrategia que las llevaría a presionar por incorporar los mecanismos de mercado en el tratamiento del cambio climático que ya hemos examinado. Estas opciones por el greenmarket (mercados verdes) y el greenwashing (engaño publicitario) condujeron al surgimiento de otras asociaciones como, por ejemplo, el  Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible o Negocios por una Política Climática y Energética Innovadora.

Finalmente en 2001 la Global Climate Coalition se disolvió y comenzó otro periodo del negacionismo climático más orientado a negar sus causas sociales antropogénicas que a cuestionar la existencia de un cambio en el clima y la consecuente intensificación de los fenómenos meteorológicos, a promover lo que ha sido llamado el escepticismo climático y a articularse crecientemente con el neoconservadurismo estadounidense que estaba ya en expansión.

Finalmente, con la elección presidencial de Donald Trump en 2016, el negacionismo consolidó su vínculo con las extremas derechas y se expresó como política pública a nivel nacional e internacional de la potencia hegemónica del capitalismo occidental. Esta vinculación se expresó también en sus redes organizacionales y de think tanks como la Red Atlas creada en 1981 y la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora) inaugurada en 1974 donde confluyeron tanto el financiamiento del capitalismo fósil como la promoción del negacionismo climático.

Bajo la configuración de estas nuevas derechas y su orientación neofascista se desplegó así un nuevo movimiento negacionista que cuenta con estructuras de financiamiento, organización, producción intelectual, difusión y acciones colectivas.

Bajo las extremas derechas, este movimiento se caracterizó por la articulación del antiecologismo con el racismo antiimigrante; donde la inmigración, particularmente musulmana, y los movimientos socioambientales son concebidos como cuestionadores del modo de vida occidental, de su progreso y bienestar; así, desde esta mirada, expresan  el intento de las poblaciones del Sur del mundo por apropiarse de la riqueza y el trabajo del Norte Global. A la inmigración y el ambientalismo se los presenta así como promotores de una reprimitivización del capitalismo nortecéntrico.

En esta programática, el negacionismo climático en clave neofascista adquiere finalmente la fisonomía de un ecofascismo, de construcción de un régimen autoritario justificado también para gestionar los eventos catastróficos de la crisis climática. Se trata de la promoción de un lebensraum, de un espacio vital que proteja con murallas a un fragmento de la sociedad identificado por una ciudadanía racial del resto del mundo que se hunde en ruinas.

Esta tradición del negacionismo climático vinculada a las extremas derechas del Norte Global puede comprenderse, desde cierta perspectiva, como expresión de una de las dos corrientes del pensamiento ambiental sistémico que viene desplegándose con diferentes inflexiones desde el siglo XIX, aquella que podemos identificar bajo el nombre de neomaltusianismo y que hemos examinado detenidamente en otra oportunidad.

La otra corriente, la del solucionismo tecnológico de mercado que hemos referido anteriormente, más presente en las extremas derechas latinoamericanas, por ejemplo en el Gobierno argentino actual, sostiene un negacionismo climático que se orienta menos  por el racismo y más por la promoción del libre mercado.

Pero, en sus diferentes inflexiones el movimiento negacionista promueve la naturalización de la crisis, busca transformar en natural aquello que es profundamente social, como lo demuestran hasta el cansancio todas las evidencias científicas de las que disponemos, entre ellas las mediciones del crecimiento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el siglo XIX, a partir de la revolución industrial y la máquina de vapor, y, de modo paralelo, el incremento de la concentración de estos gases en la atmosfera y de la temperatura media terrestre global.

Pero existe otra forma de naturalizar la crisis climática que, incluso, está tan extendida como la anterior. Nos referimos a aquella perspectiva que reduce sus causas sociales a la naturaleza humana. Desde esta mirada, son las sociedades humanas, la especie en si misma, su prioridad natural de maximizar el bienestar individual por encima de todo, el giro  antropocéntrico que eleva y enaltece a los humanos mientras objetiviza y subordina a la naturaleza, las causas y los responsables de la destrucción ambiental y, en definitiva, del  calentamiento global.

Expresión de esta perspectiva es también la nominación  de Antropoceno para identificar a una edad geológica que sucede al Holoceno y que se caracteriza por estos efectos terribles sobre la naturaleza, el ambiente y la vida. Y, sin embargo, los que acuñaron este término fecharon el comienzo de esta era en la Revolución Industrial.

Ciertamente, construir una concepción antropocéntrica o de naturaleza humana en base los últimos dos siglos y medio respecto de una historia humana de dos mil siglos (200.000 años, desde la aparición del homo sapiens) no parece muy serio. Por el contrario, la naturalización humana del cambio climático oculta la responsabilidad que en éste tiene una forma particular de organizar la sociedad, la producción y el trabajo que se llama capitalismo.

Sobre ello, se ha demostrado que la opción por la máquina de vapor en el Siglo XIX resultó una decisión del capital para debilitar las fuerzas y demandas obreras concentrando las industrias en las ciudades donde operaba un nutrido ejército de reserva, así como el desarrollo de una matriz energética basada en el uso de los hidrocarburos a principios del siglo XX tuvo un apoyo central en la fuerza ganada por el complejo petrolero y automovilístico estadounidense.

Asimismo, desde Marx a numerosos estudiosos han fundamentado que la escisión social –naturaleza que justifica la cosificación, explotación y deterioro de esta última- se constituye por primera vez en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo en Europa -proyectada globalmente a partir de la conquista y colonización europea del Sur del mundo- y que dicha dualización adopta una nueva y más destructiva forma bajo la neoliberalización capitalista. La crisis climática no resulta así una responsabilidad de las sociedades humanas, sino específicamente del capitalismo moderno colonial; se trata, en definitiva, del Capitaloceno.

De la naturalización climática a la adaptación microsocial

Ciertamente, la progresión del cambio climático y su mutación en crisis en los últimos años con el reguero de colapsos locales que se despliegan a lo largo y ancho del mundo, evidencian el fracaso de las soluciones sistémicas planteadas hasta ahora. Pero este fracaso es ocultado en parte al promover la naturalización de la crisis.

Ernst Bloch, ante otra era de catástrofes, la de entreguerras del siglo XX, afirmaba que “el interés burgués quisiera incluso incluir en su propio fracaso todo interés que se le oponga; para hacer desfallecer la nueva vida, trata de convertir en principio su propia agonía aparentemente ontológica”.

Así mismo sucede con la naturalización de la crisis climática. Si la misma se transforma en natural, el combate de sus causas resulta relativamente inútil, solo queda prepararse para afrontarla. Y eso ha acontecido en el marco de las negociaciones y políticas climáticas a nivel global. En los últimos años lo que se llama oficialmente mitigación, las políticas orientadas a reducir los gases de efecto invernadero y potenciar la absorción de los sumideros, han ido perdiendo importancia en la atención internacional, mientras ha ido cobrando centralidad la llamada adaptación, es decir, las acciones que se adoptan para reducir la vulnerabilidad  de las poblaciones y los territorios frente al impacto de la crisis climática.

En esta dirección, en 2010 la aprobación del Marco de Adaptación de Cancún en el marco de la COP de Naciones Unidas resolvió la creación de un Comité de Adaptación, un programa para ayudar a los países menos industrializados a elaborar planes nacionales de adaptación y un programa de trabajo sobre pérdidas y daños asociados al cambio climático. Y, en 2015, el Acuerdo de Paris estableció, en su artículo séptimo, como uno de sus principales objetivos “aumentar la capacidad adaptativa, reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.

Sin embargo, el financiamiento acordado en los últimos años por el Norte en relación a este y otros rubros climáticos estuvo lejos de cumplirse. Compromisos limitados e incumplidos transforman en irrealizable el requerimiento de 387.000 millones de dólares estimado por Naciones Unidas para costear hasta 2030 la adaptación en los países llamados en desarrollo.

En similar dirección, la hegemonía de las políticas neoliberales y de ajuste, incluso bajo la forma de las extremas derechas, profundiza el desmantelamiento de las regulaciones estatales y del gasto fiscal social.

Consideremos que solo 55 países han presentado sus planes nacionales de adaptación. De este modo, mientras que Naciones Unidas estima que alrededor de 3600 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) se encuentran expuestas a los peores efectos del cambio climático, los límites capitalistas para sostener una política pública consistente incluso con las estrategias de adaptación a nivel internacional y nacional y el arte de gobierno neoliberal que enfatiza la individuación de la responsabilidad promueven su desplazamiento al ámbito de lo microsocial.

Así, en los últimos años hemos visto desplegarse prácticas y discursos orientados hacia estrategias individuales y/o grupales de respuesta a la amenaza de una catástrofe o a su presentificación actual.

Por una parte, esa capa de multimillonarios construida al calor de los procesos de desigualación social profundizados en los últimos años se orienta a asegurar su capacidad de huida y refugio. Ya sea en los nuevos búnkeres como el que construyó recientemente Mark Zuckerberg en Hawaii o con la colonización del planeta Marte, tal como propone el proyecto SpaceX de Elon Musk y su idea de vida multiplanetaria, o a partir de la transferencia del cerebro a supercomputadoras, tal como lo formuló el director de ingeniería de Google Ray Kurzweil. En todos los casos se trata del sueño del éxodo de los superricos frente a un mundo que se sumerge en una catástrofe creciente provocada por sus propios negocios.

Por otra parte, la naturalización de la crisis climática promueve una matriz que al tiempo que excluye a las clases dominantes y al modo de organización socioeconómica de toda responsabilidad de la crisis, pretende convertir sus manifestaciones climáticas en sucesos imprevisibles e incognoscibles que solo dejan opción a la resignación, a la alienación religiosa o a la resiliencia individual o grupal. A ello contribuye el hecho de que la relación entre el sistema social y los fenómenos meteorológicos extremos es mediada, lo que facilita que estos puedan ser interpretados más fácilmente como un resultado endemoniado de la naturaleza. La memoria de una sociedad pasada cuya vida estaba condicionada por los eventos naturales que eran revestidos de potencias mitológicas y religiosas retorna hoy en la gestión subjetiva de la incertidumbre y la crisis.

En esta dirección, el negacionismo climático y las racionalidades neoliberales pretenden desplazar, una vez más, el desafío de afrontar la crisis sobre los individuos y poblaciones. Negada toda posibilidad de mitigación, la adaptación quiere inscribirse así en el plano de la respuesta microsocial, no importa que la catástrofe climática afecte en mayor medida a los sectores trabajadores y populares, a les niñes, adultos mayores y grupos más vulnerables y a los países más pobres o con menores recursos. La catástrofe climática potencia la desigualdad que es concebida por el neoliberalismo también como natural.

Y, asimismo, el propio calentamiento global es resultado de la desigualdad. Recordemos que el 10% más rico de  la población mundial es responsable del 50% de todas las emisiones, mientras que el 50% inferior sólo produce aproximadamente el 12% del total, o que el 10% de la población más rica de América Latina y el Caribe emite 19,2 toneladas de CO2 mientras que el 50% de menores ingresos sólo 2 toneladas.

En la misma dirección, las emisiones per capita de Nuestra América se estimaron para 2020 en 2,2 toneladas métricas (MT) de CO2, las de Afganistán, tan castigado por las inundaciones y las invasiones, de sólo 0,22 MT, las de Sudán, arrasado por olas de calor y sequías y una guerra civil, de 0,44 MT, o Bangladesh, con parte de sus territorios costeros amenazados por la elevación del nivel del mar, de 0,51 MT, mientras que las de Catar suman 31,7 MT, las de Estados Unidos 13 MT, Canadá 13,6 MT o China 7,7 MT.

Con el calentamiento de los océanos y las presión sobre estos de la sobrepesca, los miembros de la comunidad de Kiribati están aprendiendo a gestionar las poblaciones de peces para que se estabilicen o regeneren.

En la misma dirección, mientras que la mitad de la población mundial más pobre emite per cápita 1,6 MT de CO2 por año, el promedio de emisiones del consumo personal de 20.000 millonarios en un año alcanza a 8.190 MT de CO2 (más de 5.000 veces más).

Un modo de vida imperial que alimenta la crisis climática. Así, en 2023, los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por su nombre en inglés Sport Utility Vehicle), automóviles de lujo,  emitieron casi 1.000 millones de toneladas de CO2, la suma de lo emitido por Alemania y España, convirtiéndose en el sexto emisor mundial; el  uso de un jet privado durante una hora emite 2 MT de CO2, casi como un latinoamericano promedio durante todo un año y las emisiones de los 300 yates más grandes alcanzaron en 2022 las casi 285 mil toneladas de CO2, casi como las emisiones de España.

Crece la popularidad de los superyates, pero también su enorme impacto climático.

Es claro, no hay nada de natural en la crisis climática. Sus principales causantes y beneficiarios están ahí, son un grupo reducido de la población mundial fácilmente identificable, son los que conducen ese tren del que nos hablaba Walter Benjamin, que se dirige a la catástrofe.

La alternativa de una transición ecosocial popular

Los movimientos populares y el pensamiento crítico han planteado e impulsado en las últimas décadas una amplia y diversa serie de propuestas y demandas que conforman una programática alternativa para afrontar la crisis climática, que enfrenta la emergencia actual de los fenómenos meteorológicos extremos y el horizonte próximo de una elevación de la temperatura terrestres que amenaza la continuidad de la vida en la tierra.

Una programática que, por ejemplo, va desde la promoción de la agroecología y una reforma agraria integral a la restricción y desmontaje del agronegocio y el extractivismo, desde una reforma urbana sostenida en la reforestación y el transporte colectivo y no contaminante a la mejora de la infraestructura, servicios y condiciones de vida de los barrios populares, desde un cambio en la matriz energética basada en la producción y gestión comunitaria de las energías renovables, la justicia social y la desmercantilización a una transformación productiva que abandone el uso de los hidrocarburos, redistribuya ingresos, riquezas y propiedades, y relocalice la producción reduciendo el comercio y el transporte, desde la responsabilidad de los países industrializados en asegurar una reducción efectiva y rápida de sus emisiones contaminantes al cuestionamiento del patrón colonial y su dimensión de imperialismo ecológico.

Así, si frente al solucionismo de mercado se plantea la urgencia de la desmercantilización (desde la defensa del carácter común de los bienes naturales a la propuesta de una sociedad fundada en valores de uso), y de cara al negacionismo climático se defiende una perspectiva que enfatiza la socialización de la problemática ambiental, desde el cuestionamiento a los procesos de naturalización del cambio climático y el señalamiento de su carácter sistémico, sus responsables y beneficiarios a la afirmación de la justicia social y ambiental climática, e incluso al horizonte de la socialización de la propiedad, la gestión económica y la política que modifique en clave de reciprocidad, interdependencia y coproducción la relación humana con la naturaleza.

Y finalmente afrontar hoy la crisis climática y ambiental en Nuestra América significa también enfrentar la ofensiva recolonizadora del imperialismo estadounidense y del capital extractivista que, bajo la representación de las extremas derechas, niega el origen social del cambio del clima y busca asegurarse el control de los bienes naturales estratégicos golpeando y amenazando la soberanía y la vida de nuestros pueblos, ecosistemas y territorios.

Fuente: Rebelión