Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente, justifica su incompetencia en el “sistema”

 

 Por Pedro Costa Morata   

   Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Ya tenemos aquí otro ejercicio de cortina de humo de nuestros fiscales cuando del Medio Ambiente se trata, me dije según iba leyendo la entrevista que le hacía el diario La Opinión (26 de abril de 2026) a Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente en la Región de Murcia. Mira qué morro le echa este funcionario, me hice observar a mí mismo, al evocar los datos de que dispongo sobre la acción profesional del susodicho, que no pueden ser más pobres. Vuelve a salir por las mismas que su jefe José Luis Díaz Manzanera, me recordé, cuando hace unos años organizó una campaña de difusión del -esforzado, competente y por supuesto eficaz- trabajo de su Fiscalía en perseguir a los malos en la región, incluyendo a los criminales del medio ambiente (a lo que yo aludía en elDiario.es, 29 de diciembre de 2020).

              Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región de Murcia (La Opinión).

Diré que, como impresión general, esa entrevista a De Mata me pareció digna de un marciano que, al aterrizar en la Huerta de Europa procedente del planeta rojo lo hiciera sin la menor idea de cómo están aquí las cosas, específicamente las medioambientales, ya que así de ajeno y distante se muestra el mismo entrevistado con las cosas por las que tiene que rendir cuentas. Pero -marcianidades aparte- en lo que en realidad iba pensando con su lectura era en la frialdad burocrática de sus respuestas, carentes de apego y pasión por su misión, en el más prístino encaje del trabajo burocrático, ese que se nutre de neutralidad ideológica (casi siempre falaz) y de competencia profesional (casi siempre equívoca y aún peor); porque las burocracias, como todo el mundo sabe, no se someten a escrutinio riguroso o crítica eficaz alguna, siendo sistemas y subsistemas reales que gozan de exención e impunidad, teniendo como misión constituirse como instancias de poder, influencia y control social, lo que en las democracias burguesas es inevitablemente conservador. Y esto es lo que se comprueba cada día en nuestra región con el medio ambiente.

Una entrevista, ya digo, cuyos contenidos aparecen absolutamente alejados de la realidad, dirigidos todos ellos a echar balones fuera: porque si nuestra tierra presenta un estado ambiental deplorable es en buena medida debido a fiscales y jueces que -auto disculpas aparte- permiten que cunda el desastre porque son incapaces de evitarlo, perseguirlo y castigarlo. Por supuesto que los fiscales culpan a los jueces por ser tan difícil conmoverlos y que entiendan el problema y los jueces culpan a las administraciones civiles de ser insensibles (como ellos, vaya) y de no tomar las medidas necesarias; finalmente, los administradores siempre tienen a quien señalar y culpar, tratando de descargar su responsabilidad o en los de arriba o en los de abajo (y así nos luce el pelo).

De burócratas acostumbrados a irse de rositas en su mal hacer es típico -y así nos lo evoca el fiscal De Mata- quejarse del “sistema” que, dice, “no está del todo preparado para grandes catástrofes como la del Mar Menor”, olvidándose de que él es parte significativa de ese “sistema”, no los ciudadanos de a pie, y que -siguiendo con el Mar Menor- pretenderá que ignoremos que fiscales y jueces han dejado pasar décadas sin mover un dedo en favor de la laguna, mirando para otro lado y dejando actuar libre y provechosamente a esa larga patulea de tipos y empresas que lo vienen envenenando sin que el “sistema” judicial se haya estremecido. Ahora, puesto a trabajar en ese asunto por obligación y sin encontrar escapatoria posible, encuentra que el asunto es “complejo”, claro. Y evita la menor alusión a esa novedad de la Ley 19/2022, sobre la personalidad jurídica del Mar Menor, una de cuyas virtualidades -aun estando por demostrar, dada la hostilidad con que gran número de jueces la han tenido que encajar- es saltarse a los fiscales por demostradamente irrelevantes en tan magno y acuciante asunto.

            Atmósfera irrespirable por la industria asociada a las canteras en Abanilla.

Pero yo quiero destacar del fiscal de Medio Ambiente -o por ser menos puntilloso, de las tareas en materia de medio ambiente de la Fiscalía murciana, de la que él es máximo responsable- una cierta afición por archivar muy serias denuncias sobre sangrantes problemas ambientales de la región, como es el caso del agua extraída ilegalmente y envenenada por la agricultura intensiva. Un tratamiento elusivo y frivolizante que -según mi percepción, que creo que los hechos presentes lo pueden confirmar- que afecta a los daños a la salud pública en al menos dos casos de exasperante actualidad: la atmósfera irrespirable por la industria derivada de las canteras en ciertas pedanías de Abanilla y el impacto de los metales tóxicos acumulados en el Hondón de Cartagena y gran parte de su sierra. Me impresionó el expeditivo archivado de nuestras denuncias cuando, desde el Consejo de Defensa del Noroeste, le pedimos cuentas por la situación desmadrada de pozos y acuíferos en la finca de El Chopillo, en Moratalla; y cuando nos quejamos a su jefe Díaz Manzanera y tuvo que reabrir el asunto, volvió a archivarlo quejándose de que insistiéramos buscándole tres pies al gato (o algo así); no sin antes “nuclear” su indagación pidiendo información a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que era a la que denunciábamos, y tomarla como buena y definitiva (menudo estilo indagador y social el de este tipo, me dije). Esto de echar la bronca al denunciante me pareció otro gesto típicamente burocrático, que es el de no consentir críticas al propio ejercicio funcionarial y responder “matando al mensajero” o advirtiéndole de forma más o menos expresa que ceje en sus interpelaciones por intempestivas, tratando siempre de quitar importancia a las situaciones de abuso y agresión social, incluso las más graves.

             Suelos tóxicos en el Hondón de Cartagena.

Naturalmente, y visto de qué va este funcionario, en la entrevista que comento aparece como un quejica entregado y sufriente que, ante las deficiencias de la justicia, señala que “el problema es de organización. Hace falta una reforma procesal y, sobre todo, especialización: juzgados y fiscales especializados en medio ambiente”. Como si lo suyo no fuera una tarea especializada y su obligación no fuera demostrar que sabe cumplir, que ya lleva unos cuantos años con lo mismo. También se queja de las macrocausas, como la del Mar Menor, y de las ejecuciones de sentencias que, como sucede con las demoliciones en el ámbito urbanístico, se complican extraordinariamente (hasta hacerlas, añado yo, rarísimas, imponiéndose, con expresa burla de la ley, los hechos consumados).

Carga las tintas nuestro hombre en el urbanismo ilegal, señalando que domina ampliamente, con un 70 por 100 de los casos que caen en sus manos, cuando los delitos contra la gestión del agua debieran de ocupar, más o menos, ese 70 por 100, por ser más decisivos que los urbanísticos (que, a fin de cuentas, debieran de resolverse en el ámbito administrativo municipal-autonómico). Porque lo más curioso de la entrevista es que ni una sola vez alude al agua, a su maltrato y envilecimiento y, sobre todo, a la pésima gestión de la CHS, contra la que creo que ni ha ido nunca ni piensa hacerlo, siendo ese organismo del Estado el principal responsable tanto de la pérdida de salubridad de los acuíferos como de la ruina galopante del ecosistema marmenorense.

              Plástico asfixiante (y asesino) en el río Moratalla, afluente del Segura.

Para comprobar la inopia ambiental de nuestros fiscales -con De Mata en cabeza- y el reconocimiento práctico de la impunidad antiecológica de la CHS, basta con contemplar el modus operandi de la masiva tarea de eliminación de la caña de río en las orillas del Segura y afluentes. Una planta convertida de repente en villana a erradicar, hacia la que se desarrolla una salvajada ambiental que adquiere dos formas igualmente equivalentes a (presunta) malversación de caudales públicos y la (segura) destrucción del ecosistema ribereño: o eliminando a matarrasa toda la vegetación superficial de las riberas, lo que no impide que resurja la caña enhiesta y desafiante, ya que el rizoma persiste, o cubriendo las orillas con un plástico negro duro e impermeable, pertinaz absorbente de la radiación solar que, pretendiendo asfixiar las raíces de la caña, destruye toda la intensa y estratégica vida vegetal y animal acompañante que se asienta en esas riberas. Es el “crimen ripario”, novedad con que ahora mismo nos alegra la vida la CHS con su pasmosa bilis antiecológica.

Y como no podía ser de otra forma, lo que más me ha tocado los sentimientos ha sido que vea en “la concienciación social” las claves del futuro, que es justamente de lo que yo me quejo porque creo que es lo que desprecia practicando tan deportivamente el archivado de las causas ambientales. Atreviéndose además a decir que “hay mayor conciencia ambiental y también más control por parte de los técnicos y funcionarios”, expresión tan alejada de la realidad como lo están esos marcianos que se pasmarían si visitaran nuestra tierra para encontrarse con opiniones del jaez de las que expresa De Mata.

La impresión mía es que en una región ambientalmente en carne viva resulta inevitable la existencia “activa” de funcionarios como él, carentes de genio y verdadera pasión por el oficio propio y el interés general. De Mata, por su parte, no parece conmoverse mucho, ni siquiera como ciudadano, a la hora de la verdad ante la situación general catastrófica, y parece no importarle demasiado escurrirse (digamos, mejor, “adoptar un perfil bajo”) ante los grandes abusos y delitos, como sucede con el manejo del agua en general o con la contaminación por la actividad de las canteras o la presencia enquistada de residuos mineros, asuntos todos ellos de extrema gravedad y a los que ni siquiera alude en esa entrevista.

                   Eliminación de vegetación riparia a matarrasa y resurgimiento posterior de la caña en el Segura, aguas arriba de Cieza.

Podrá parecerle al fiscal de Medio Ambiente algo duro este alegato que le dirijo, pero me siento obligado a exigirle más y mejor trabajo. Y no otra cosa puedo hacer si dejo que desfilen por mi memoria y experiencia las angustias y los cabreos propios, así como la repetitiva impunidad con que se arruinan la estructura física de esta región, las dinámicas ecológicas seculares y el futuro que a todos nos pertenece; es lo que conozco y vivo desde hace más de medio siglo y contra lo que he procurado expresarme siempre, y no pienso contemporizar con ello tampoco ahora. Sí he de admitir una cierta ternura que esta misma entrevista que critico me ha hecho sentir cuando De Mata reconoce en ella que atraviesa lo que él mismo llama “crisis de fe”, a cuento de la complejidad del caso del Mar Menor y de la incapacidad -se supone- judicial de afrontarlo; porque asumir estas cosas indica que quienes ejercen, aunque sea por un momento, la humildad del fracaso merecen al menos conmiseración. Aun así, don Miguel no aclara si su crisis de fe lo es hacia el “sistema” (judicial, a la sazón), como destacados responsables (él y el “sistema”) de la calamidad en la que estamos sumidos, o sus cuitas son más profundas y esencialistas, y atañen a la ineficiencia de la Ley (con mayúscula) para resolver asuntos de tanta enjundia y trascendencia como es el medio ambiente. O si es meramente una crisis de fe en sí mismo, como micro agente, más inútil que efectivo, en el vasto mundo de las injusticias proliferantes y de los canallas repicantes. Si es así, si su sinceridad se está atascando en sí mismo, mi recomendación -que quiere ser leal- es que contenga tan íntimo descreimiento y lo reconduzca cambiando de tema y de “sistema”, abandonando de una vez tanto lo del medio ambiente como lo de fiscal, que hay muy numerosas tareas de utilidad social que con su carrera seguro que puede desempeñar con más brillo y éxito. Láncese, pues, a la (controlada) aventura de explorar nuevas áreas del Derecho creativo y social. Pero no se le ocurra archivar o minimizar las causas que tanto duelen y oprimen a esta tierra nuestra.

       Termino lamentando que en esa entrevista de marras al periodista no se le haya ocurrido poner al fiscal en un brete, dada su bien visible inepcia, con el material sobreabundante que tendría a mano sobre lo que pasa en esta tierra martirizada por hombres y dioses, y donde la injusticia ambiental es prueba irrefutable de su condena. Porque el periodismo blandengue y escapista es parte muy importante, por colaboracionista, del paisaje de depredación ambiental generalizada (y a la murciana).

En defensa de la caña de río, tras su condena

 

 Por Pedro Costa Morata 

      Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Así, de pronto, como suele suceder con los grandes descubrimientos de la Historia, se ha extendido que la caña de río (Arundo donax, de latinajo) es mala en general, por lo que hay que erradicarla ya. Que esa dócil, útil y familiar caña que tantas y tan importantes funciones ha desempeñado durante siglos resulta que -porque viene de Asia y alcanzó el mundo mediterráneo en época desconocida, seguramente muy remota- ha sido declarada especie invasora por la Unión Europea, tan celosa, ella, de su integridad físico-ambiental (compatible con su obsesión con un desarrollo económico entusiásticamente antiecológico), por lo que manda que se la agobie, acorrale y, finalmente, elimine de tan exquisito territorio.

Cuando, para mi dolida sorpresa, he sabido que esta sentencia de muerte iba en serio a raíz de la última riada de Valencia y el aireo de sus perjuicios, no he podido evitar la rememoración de esa caña en nuestra vida y pasado, y también me he preocupado en conocer más de ella y de sus muchos usos. Y en primer lugar he contemplado aquellas techumbres de cañizo y yeso, generalizadas en las regiones mediterráneas y perfectamente bioclimáticas (como la original de mi propia casa, luego, ay, renovada en clave anticlimática), las cercas, cobijos, tambanillos y usos múltiples en el campo y los cultivos; leyendo además ese numeroso listado de utilidades, que han desaparecido del recuerdo y la práctica, y que abarcan desde ciertos usos alimenticios humanos y ganaderos hasta la descontaminación de suelos, aplicaciones químicas y energéticas... todo ello puesto entre paréntesis debido al abandono de su presencia activa en la vida social, primordialmente agraria: a destacar que el abandono de tantos aprovechamientos ha desequilibrado su presencia en nuestros cauces, llevándola a ser percibida claramente como excesiva.

El Segura a su paso por Murcia, de ribera plastificada.

A lo que tengo que añadir entrañables recuerdos de los caballos de caña con que los chiquillos de mi calle y barrio reproducíamos las aventuras y batallas de las (pocas) películas que veíamos, siempre de guerra, desde luego; y si eran cañas de buen espesor, también nos valían como fusiles y trabucos eficaces y duraderos; el ramal en un caso y la bandolera en el otro lo resolvíamos con guita de esparto, y tan felices.

No me queda, por otra parte, nada claro que, como se arguye, en caso de inundación más o menos violenta, la caña resulte menos eficaz que otras especies para frenar sus daños y consecuencias, siendo necesario tener en cuenta sus especificidades positivas. El caso es que no he querido refrenar un impulso instintivo a defender a la acosada caña, seguro de que necesita ayuda en lo que veo para ella un muy negro trance, porque me escama lo que entiendo como un (demasiado) repentino odio hacia ella. Y no descarto que se la haya designado como chivo expiatorio para alejar la atención desde los políticos y las técnicas responsables de la política de aguas (que, naturalmente, incluye la protección y adecuación de cauces, dominios fluviales y redes hidrográficas en general). O sea, que creo que me voy a poner a defender a la caña ahora perseguida, aun a costa de tener que afrontar a científicos y técnicos, con sus argumentos de valor, no digo que no, pero que surgen ahora tras siglos de silencio y conformidad; a estos no les tengo miedo, y no dudaré en darles caña. Porque sospecho que, al menos en parte, este novedoso rigor científico encubre al delito político, y este ya sé yo bien señalarlo y condenarlo. Mi amigo Marià Martí, biólogo director durante años del Parc Natural de Collserola del área metropolitana barcelonesa, y colaborador mío en varios trabajos profesionales sobre el territorio catalán, ya me ha advertido de algunos de los problemas de la caña y de sus desventajas frente a otras especies riparias propiamente celtíberas, así que estoy avisado y prevenido (además de agradecido). Así que me adheriré a una “sociobotánica de la adaptación secular de especies”, para entender mejor todo esto.

Desde que en Cieza un día me fue mostrada la tenacidad de la caña cuando la querían eliminar -por corte y asfixia- en la ribera del Segura, con la idea de trazar un paseo “limpio” a su paso por la ciudad, me impresionó ver cómo sobrevivía y su rizoma tenaz humillaba a los plásticos felones que pretendían acogotarla, poniendo en evidencia la estupidez de orlar los ríos con escollera y la demagogia de los “paseos fluviales” (que, como los “marítimos”, suelen ser empeño necio de nuestros alcaldes, que se creen con derecho a maltratar la orilla del mar para darse lustre público atacando la belleza natural de la línea litoral). Aprendí, de buena pedagogía, la simbiosis que ahí se formaba sobre el combate del Segura y su cañaveral; y desde aquel momento, de mi descubrimiento de la potencia y los derechos del agua fluyente, mis vínculos atávicos con la caña se han fortalecido, agradeciéndolo a quienes me dieron aquella primera lección sobre el padre Segura (muy oportuna para un costeño obsesionado por el litoral y poco más).

El Segura por Cieza: la caña se abre paso por la escollera y el plástico.

Por otra parte, desde que vengo oyendo que la caña de río es una especie invasora indeseable, y así lo establece desde 2013 el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, minimizando su asentamiento y adaptación de siglos a nuestra geografía, he evocado el caso de otra especie brillantemente ajena, como es el castaño del norte (Castanea sativa), especialmente presente en el viejo Reino de León y, más todavía en el Bierzo; su origen se ha señalado en tiempos del dominio romano, pero a nadie se le ha ocurrido decretar su erradicación. También me he acordado de la impresión, con rechazo, que me produjo el declarar non grato y abatible sin más al “toro de Osborne”, cuando Josep Borrell, viniéndose arriba como ministro de Obras Públicas y Transportes, aprobó un decreto en 1994 contra la publicidad en las carreteras y no cayó -rígido de mente, insensible ecológico, jacobino en general- en que el caso merecía consideración aparte. Un cierto y acertado clamor permitió in extremis que se indultara a unas docenas de aquel “toro de nuestros horizontes lejanos y legendarios, de silueta mayestática y ruborizante” (escribía yo entonces, en su defensa), y triunfó la excepción justificada sobre el anatema ciego y devorador.

Niego, cuando menos, y me opongo a que eso de “acabar con los cañaverales en los ríos” adquiera urgencia o justificación suficiente alguna, por más que tantos se empeñen en ello. Antes hay otras tareas a acometer, mucho más necesarias, objetivas y, desde luego, evidentes, es decir, marcar las prioridades con criterios de sensatez y no a empujones según modas o consignas. Y empezar por eliminar a los ingenieros de Caminos Canales y Puertos de las Confederaciones Hidrográficas y vetarles el acceso a cargos ministeriales decisivos (muy especialmente, a ministros), dada su neta deformación académica respecto del agua, el territorio, el medio ambiente y la vida (términos y referencias inexistentes o mal estudiados en su curricula), así como su vicioso apego al privilegio gremial que les sigue reservando el acceso a determinados espacios y regalías administrativas. Y de permitir, y prever, el acceso a esas administraciones, tercas y nocivas, de profesionales formados en disciplinas de muy otro tipo que el dictado en esas Escuelas de Ingeniería del ladrillo y el asfalto: o sea, antropólogos, sociólogos, filósofos, algún biólogo... en fin, gente de mente abierta, amplia cultura, sensibles y capaces, no alienados por la técnica y sus falacias. Sin excluir a los ecologistas y los poetas que, aun no procediendo de hormas académicas identificables, poseen una visión y una iluminación plenamente holísticas, lo que los capacita para entender adecuadamente cuanto se refiere al recurso de recursos: el agua.

Frente al arrebato exterminador hacia la Arundo de nuestras vidas y geografías mi rebeldía esgrime también una profunda desconfianza hacia gran número de directivas europeas que, so capa de beneficiar al medio ambiente, en realidad están determinadas y redactadas con un objetivo poco disimulado y claramente menos noble, que es estimular el negocio y la actividad económica: filosofía radical y global que inspira a la Europa comunitaria desde su creación, y que está firmemente asentada en su “política ambiental” (aunque tantos, incluidos muchos ecologistas, ni lo vean ni lo quieran ver). Para la UE este momento histórico de un medio ambiente calamitoso que empeora cada día a manos de sus políticas de desarrollo económico, adquiere categoría primerísima entre las “oportunidades de negocio”, y de ahí su entusiasta dedicación a aprobar normas que creen y promuevan negocios relacionados con la alarma climática, el envenenamiento de las aguas, la desaparición de especies, etcétera. Porque tenemos que enterarnos de una vez por todas de que el objetivo de la política ambiental comunitaria es la expansión de un sector prometedor entre los prometedores, no la protección de la naturaleza, que es considerada, de hecho y también de derecho, como excepcional objeto de explotación y de rentabilidad económica.

Por lo que el destinar como objetivo de restauración biológica/botánica las márgenes fluviales y la red hidrológica en toda la vertiente mediterránea y otras áreas de ecología semejante, antes o después tenía que figurar entre los (hipócritas, maleados) objetivos de política ambiental, y no deberá extrañar que a numerosas empresas de servicios se les haga la boca agua al contemplar ese panorama, en realidad ilimitado, de proyectos y encargos sobre un proceso destructivo especialmente atractivo, dado su alto coste. Y ya presenciamos la avidez de empresas de servicios y sus equivalentes, con el habitual “apoyo científico” que tantas veces se porta en mercenario, así como la visiblemente creciente presencia de organizaciones ecologistas orientadas (y desviadas) a los negocios.

Experimentos de asfixia de la caña en el Segura moratallense.

Así, no ha hecho falta que se produjera el drama hidrológico de Valencia, inscrito en la historia trágica de nuestras cuencas mediterráneas cuando, en nuestros pagos, los avispados de Anse ya estaban manos a la obra con la “renaturalización” de un tramo del Segura calasparreño y de otro en la propia capital murciana, financiados, respectivamente, por el Ministerio para la Transición Ecológica y por Coca-Cola (en este caso, sin el menor pudor, a lo antiecológico y antiético: vamos ya). Y Ecologistas en Acción, en su decidido camino de imitación de Anse y sus éxitos eco-económicos (pero sin la técnica crematística ya practicada por sus admirados compas, que llevan años en el negocio), lanzaba un ambicioso proyecto de lo mismo para un tramo de 750 metros del Segura a su paso por Murcia: se supone que pretendiendo, aunque secreta y sobre todo ingenuamente, que les tocara a ellos.

Escaso cañaveral en la vegetación de ribera del Segura calasparreño.

Para este ecologismo, degenerado y escandaloso, rige cada vez menos subrepticiamente el principio de “dar caña y poner el cazo”, auténtica y muy genuina especie reivindicativa de los últimos tiempos, y neto producto de su institucionalización oportunista: se ataca a las administraciones hostiles y se salva a las afectas, a las que se les pide, y se obtiene, recompensa económica, sea como contrato, sea como subvención. Y esto, el ecologismo moral, único aceptable, debe marcarlo como impostura.

Vean, amigos míos, tras este inicial examen de la cuestión de la entrañable caña, que creíamos parte cuasi eterna, afectuosa y servicial de nuestras vidas, cómo ha ido cayendo en desgracia y ha sido condenada, por alóctona, a ser sustituirla por especies autóctonas; y cuánto el asunto da y debe dar de sí. Porque si hay que erradicar a nuestra caña, tenemos ante nosotros miles de kilómetros de cañaverales a abatir, es decir, millones de euros a repartir. Nada más natural que tantos intereses, legítimos o no, decidan lanzarse sobre ellos.