El 5 de abril, nueva fecha clave para que la vivienda deje de ser un negocio

 

 Por Martín Cúneo   

      Desde Diagonal en El Salto. Coautor del libro 'Crónicas del estallido'.

Más de 40 ciudades de todo el estado español salen a la calle este sábado para pedir a los gobiernos que salgan de su parálisis y garanticen el derecho a la vivienda.

     Este abril se cumple un año del inicio del ciclo de protestas que ha tenido como eje inseparable la denuncia de los efectos de la turistificación y la crisis de la vivienda. Una nueva gran manifestación, más de 40 en realidad, tendrá lugar de forma simultánea a lo largo de este 5 de abril y de todo el territorio español, todas con un mismo objetivo: “Acabar con el negocio de la vivienda”.

Carteles que llenan ciudades como Málaga convocando a la protesta del próximo sábado, 5 de abril.

Este ciclo de movilización comenzó el 10 de abril de 2024 con una huelga de hambre y con una multitudinaria manifestación en las Islas Canarias diez días después. Le siguieron la manifestación del 25 de mayo en Baleares —más de 20.000 personas en Palma de Mallorca— y protestas multitudinarias en buena parte de la ciudades y zonas tensionadas por los altos precios de la vivienda y la turistificación. En Cantabria, ese mismo mayo de 2024, más de 8.000 personas reclamaban que su tierra no se convirtiera en “la Ibiza del norte”. En Málaga, Madrid, San Sebastián o Valencia ya se habían producido movilizaciones antes del verano centradas en la presión turística y sus consecuencias en el territorio y en la crisis de vivienda.

Foto de David F.

Después del verano llegaron las grandes manifestaciones, esta vez más focalizadas en los altos precios de la vivienda, pero con la demanda de la regulación de los pisos turísticos de fondo. En Madrid y Barcelona, el 13 de octubre y el 23 de noviembre, se reunieron varios cientos de miles de personas; y en Málaga, el 9 de noviembre, se juntaron más de 30.000 personas. Después de un 9F en Madrid que consiguió mantener la tensión, este sábado llega un nuevo momento clave en la lucha para pinchar la crisis de vivienda.

Las manifestaciones de este 5 de abril están convocadas por cientos de colectivos y plataformas locales que forman parte del movimiento de vivienda. Aunque los grandes sindicatos estatales y otras organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la convocatoria, el protagonismo lo tienen en esta ocasión las asambleas y organizaciones que trabajan de forma específica el tema de la vivienda.

Uno de los principales impulsores de esta movilización, además de las asambleas de vivienda locales, son los sindicatos de inquilinos. Para estas organizaciones, los “precios desorbitados” de los alquileres se han convertido en “la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Una situación que es “aún más grave” en las ciudades turísticas, donde “los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector”.

Piquetes de los sindicatos de inquilinos.

La imposibilidad de “construir proyectos de vida” por los altos precios, así como el “enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad” y “la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria” son las principales causas, según estos sindicatos, de la “indignación social” y el “consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”.

Entre las demandas para este 5A destacan una bajada del 50% de los alquileres, contratos de alquiler indefinidos, el fin de la vivienda especulativa, la desarticulación de los grupos de desokupación, el aumento del parque público y la recuperación de vivienda vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Otra de las reivindicaciones es el fin de los procesos penales y de criminalización contra el movimiento de vivienda y contra las personas que no tienen otra opción que ocupar para tener un techo.

El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

En qué momento llega el 5A

Por cuarto mes consecutivo, este marzo la vivienda ha repetido como primer problema de la sociedad española, según el Barómetro del CIS. La respuesta del gobierno central y de las autoridades autonómicas y municipales ha estado muy por detrás de las demandas expresadas en las calles. La aplicación de los topes al alquiler que incluye la ley de vivienda solo se han implementado por ahora en Catalunya a pesar de los preparativos y anuncios de que se iban a comenzar a aplicar en Asturias, Navarra y País Vasco. Desde el 25 de enero pasado, Errentería (Gipuzkoa) es oficialmente zona tensionada —y hay otros municipios vascos que lo han solicitado o lo van a solicitar—, pero por ahora en ellos no se puede aplicar la regulación porque no está aprobado el índice de referencia que debe regular el precio de los alquileres. Este índice lo tiene que realizar el Gobierno central, pero necesita de datos fiscales y catastrales que deben suministrar las haciendas forales.

Frente a las demandas de las movilizaciones contra el desborde de los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, el Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez se limitó a lanzar un registro único de alquileres de corta duración, que entrará en vigor en julio de 2025 y una prohibición de la Golden Visa inmobiliaria, que entra en vigor este 3 de abril, casi un año después de haber sido anunciada, permitiendo en este tiempo una explosión de compras por parte de capitales extranjeros.

Dos días antes de las manifestaciones, este 3 de abril, entran en vigor también otras dos medidas del Gobierno central en materia de vivienda, dos de las pocas iniciativas que se han llegado a concretar desde el lanzamiento de la fallida ley de vivienda en mayo de 2023. La primera es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a tener el visto bueno del 60% de la comunidad de vecinos para abrir una vivienda de uso turístico. La segunda es la modificación de ley de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos de desahucio en algunos casos de ocupación.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal afectará solo a las nuevas licencias que se tramiten legalmente después de este 3 de abril. Es decir, no influirá en las miles de licencias ya concedidas ni en las decenas de miles de pisos que operan de forma ilegal. Aún así, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) consideran la medida como “todo un éxito del movimiento vecinal”. A partir de ahora, explican en un comunicado, el propietario que desee abrir un piso turístico está obligado a pedir el permiso de la comunidad de vecinos y a obtener la “aprobación expresa” de las tres quintas partes del total de los propietarios.

Para garantizar el cumplimiento de esta ley, la FRAVM lanzó este 1 de abril la Red Stop Vivienda de Uso Turístico, una campaña para informar a las comunidades de vecinos de los nuevos derechos adquiridos y para exigir a las autoridades autonómicas y municipales el cumplimiento de la ley. Una colaboración que no hay que dar por hecho: el pasado 24 de marzo el Ministerio de Pablo Bustinduy entregó al Ayuntamiento una lista de los 15.000 pisos turísticos ilegales que operan en Madrid. La falta de respuesta y de compromiso por parte del Consistorio para acabar con los pisos turísticos ilegales ha llevado a Más Madrid a planear una denuncia contra José Luis Martínez Almeida por “inacción” y prevaricación. “Su empeño en gobernar para los fondos buitres, no puede estar por encima de la ley”, dicen desde el partido de la oposición.

Este 3 de abril también entra en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el PNV y aprobada el 14 de noviembre con el apoyo de PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, y el voto accidental de Bildu, por el que pidió perdón poco después. Los portales inmobiliarios y los medios de derecha han augurado a partir de esta fecha “el fin de los okupas”, un “palo a los okupas” o “juicios express para desalojar okupas”. Titulares que no coinciden con la letra de la enmienda aprobada y que entra en vigor este jueves.

Esta enmienda del PNV modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), que pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, lo que en teoría permitirá agilizar los desahucios.

Movilización masiva para impedir el desahucio de Josep de la Casa Orsona el pasado 31 de enero.

Sin embargo, tal como recuerda el abogado Diego Redondo García, cuando entre en vigor la nueva reforma, “solo habrá juicio rápido para los supuestos del apartado primero del artículo 245 del Código Penal que son los que se producen con violencia o intimidación sobre las personas”, unos casos completamente minoritarios en el total de ocupaciones que se producen en el Estado español. Según explica a El Salto, la mayoría de los casos de ocupación se realizan en pisos vacíos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, que no son primera ni segunda residencia, por lo que no se verían afectados por esta reforma.

Más allá de la eficacia de esta medida, la entrada en vigor de una ley que focaliza el problema de la vivienda en la ocupación recuerda una vez más la composición de derecha del Parlamento que salió de las últimas elecciones generales. La entrada en el Congreso, esta vez con el voto favorable del PSOE, de la proposición de ley de Junts para convertir en cautelares buena parte de los desahucios en casos de ocupación vuelve a confirmarlo.

El próximo 5 de abril, cientos de miles de personas en más de 40 ciudades recordarán al PSOE y a los partidos de arco de la derecha que la culpa de la crisis de la vivienda no la tienen los pobres sino aquellos que han convertido la vivienda en un negocio.

En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

Fuente: El Salto

Uno de los objetivos de Israel en Gaza tiene un nombre: “Campos de concentración”

 

 Por Meron Rapoport   

      Periodista y escritor israelí, ganador del Premio Internacional de Periodismo de Nápoles por una investigación sobre el robo de olivos a sus propietarios palestinos.

Incapaz de expulsar de inmediato y en masa a los habitantes de Gaza, Israel parece decidido a obligarlos a permanecer en una zona confinada y dejar que el hambre y la desesperación hagan el resto.

     Hace dos semanas, la periodista israelí de derecha Yinon Magal publicó lo siguiente en X: «Esta vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pretenden evacuar a todos los residentes de la Franja de Gaza a una nueva zona humanitaria que se habilitará para estancias prolongadas, estará cerrada y cualquier persona que entre será revisada previamente para garantizar que no sea un terrorista. Las FDI no permitirán que una población rebelde se niegue a ser evacuada esta vez. Cualquiera que permanezca fuera de la zona humanitaria será implicado. Este plan cuenta con el apoyo de Estados Unidos».

  Un soldado israelí junto a la valla que rodea la Franja de Gaza, el 18 de marzo de 2025.

Ese mismo día, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, publicó una declaración en video que insinuaba algo similar. «Residentes de Gaza, esta es su última advertencia», dijo. «El ataque de la Fuerza Aérea contra los terroristas de Hamás fue solo el primer paso. La siguiente fase será mucho más severa y pagarán el precio. Pronto se reanudará la evacuación de la población de las zonas de combate».

Campamento de tiendas de campaña para personas desplazadas sobre las ruinas del barrio de Zeitoun, en el este de la ciudad de Gaza, el 25 de febrero de 2025.

“Si no se libera a todos los rehenes israelíes y no se expulsa a Hamás de Gaza, Israel actuará con una fuerza sin precedentes”, continuó Katz. “Sigan el consejo del presidente estadounidense: devuelvan a los rehenes y expulsen a Hamás, y se les abrirán otras opciones, incluyendo la reubicación en otros países para quienes lo deseen. La alternativa es la destrucción y la devastación totales”.

Los paralelismos entre ambas declaraciones no son, evidentemente, una coincidencia. Aunque Magal no se enteró del nuevo plan de guerra de Israel directamente de Katz ni del nuevo jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir, es razonable suponer que lo escuchó de otras fuentes militares de alto rango.

En otro presagio, el periodista Yoav Zitun, del portal de noticias israelí Ynet, llamó la atención sobre las declaraciones del general de brigada Erez Wiener tras su reciente destitución del ejército por mal manejo de documentos clasificados. "Me entristece que, tras un año y medio de 'empujar el carro cuesta arriba', justo cuando parece que finalmente hemos llegado a la recta final y la lucha tomará el rumbo correcto (lo que debería haber sucedido hace un año), no estaré al mando", escribió Wiener en Facebook.

Como señaló Zitun, Wiener no es un oficial cualquiera. Antes de su despido, desempeñó un papel fundamental en la planificación de las operaciones del ejército en Gaza, donde presionó constantemente para imponer el control militar israelí total sobre el territorio. Si Wiener, quien supuestamente estuvo implicado en filtraciones al ministro de extrema derecha Bezalel Smotrich, afirma que "la lucha tomará el rumbo correcto", se puede inferir a qué tipo de giro se refiere. Esto también concuerda con los aparentes deseos del Jefe de Estado Mayor Zamir, así como con los detalles de un plan de ataque que supuestamente se filtraron al Wall Street Journal a principios del mes pasado.

Tanques israelíes cerca de la valla que rodea la Franja de Gaza, 18 de marzo de 2025.

Al conectar todos estos puntos, se llega a una conclusión bastante clara: Israel se prepara para desplazar por la fuerza a toda la población de Gaza —mediante una combinación de órdenes de evacuación y bombardeos intensos— a una zona cerrada y posiblemente vallada. Cualquiera que fuera sorprendido fuera de sus límites sería asesinado, y los edificios del resto del enclave probablemente serían arrasados.

Sin pelos en la lengua, esta "zona humanitaria", como tan amablemente la describió Magal, donde el ejército pretende acorralar a los dos millones de habitantes de Gaza, se puede resumir en dos palabras: campo de concentración. No es una exageración; es simplemente la definición más precisa para ayudarnos a comprender mejor a qué nos enfrentamos.

Un principio de todo o nada

Perversamente, el plan de establecer un campo de concentración dentro de Gaza puede reflejar la comprensión de los líderes israelíes de que la tan cacareada “salida voluntaria” de la población no es realista en las circunstancias actuales, tanto porque muy pocos habitantes de Gaza estarían dispuestos a irse, incluso bajo bombardeos continuos, como porque ningún país aceptaría una afluencia tan masiva de refugiados palestinos.

Según el Dr. Dotan Halevy, investigador de Gaza y coeditor del libro "Gaza: Lugar e imagen en el espacio israelí", el concepto de "salida voluntaria" se basa en un principio de todo o nada. "Considere esta hipótesis", me dijo Halevy recientemente. "Pregúntele a Ofer Winter [el general militar que, en el momento de nuestra conversación, parecía estar a punto de ser designado para dirigir la "Dirección de Salida Voluntaria" del Ministerio de Defensa] si evacuar al 30%, al 40% o incluso al 50% de los residentes de Gaza se consideraría un éxito. ¿Realmente le importaría a Israel que Gaza tuviera 1,5 millones de palestinos en lugar de 2,2 millones? ¿Eso haría posibles las fantasías de anexión de Bezalel Smotrich y sus aliados? La respuesta es casi con toda seguridad no".

El libro de Halevy incluye un ensayo del Dr. Omri Shafer Raviv que expone los planes de Israel para fomentar la emigración palestina de Gaza tras la Guerra de 1967. El título, "Me gustaría esperar que se vayan", toma prestada una cita del entonces primer ministro Levi Eshkol. Publicado en enero de 2023, dos años antes de que el presidente Donald Trump anunciara su plan "Riviera de Gaza", refleja cuán profundamente arraigada está la idea de trasladar a la población de Gaza en el pensamiento estratégico israelí.

El artículo revela el doble enfoque de Israel para reducir el número de palestinos en Gaza: primero, alentarlos a mudarse a Cisjordania y, de allí, a Jordania; y segundo, buscar países en Sudamérica dispuestos a acoger a los refugiados palestinos. Si bien la primera estrategia tuvo cierto éxito, la segunda fracasó estrepitosamente.

Según Shafer Raviv, el plan resultó contraproducente para Israel. Aunque decenas de miles de palestinos abandonaron Gaza rumbo a Jordania después de que Israel redujera deliberadamente el nivel de vida en el enclave, la mayoría permaneció allí. Pero, lo que es más importante, el deterioro de las condiciones provocó disturbios y, como resultado, resistencia armada.

Soldados israelíes realizan una búsqueda en la Franja de Gaza, 1969.

Al darse cuenta de esto, Israel decidió a principios de 1969 aliviar la situación económica en la Franja permitiendo que los gazatíes trabajaran en Israel, aliviando así la presión para emigrar. Además, Jordania comenzó a cerrar sus fronteras, lo que frenó aún más la huida palestina de la Franja. Irónicamente, algunos gazatíes que se mudaron a Jordania como parte del plan de desplazamiento de Israel participaron posteriormente en la Batalla de Karameh en marzo de 1968, el primer enfrentamiento militar directo entre Israel y la naciente Organización para la Liberación de Palestina, lo que enfrió aún más el entusiasmo de Israel por fomentar la emigración desde Gaza.

Finalmente, el sistema de seguridad israelí llegó a la conclusión de que era preferible contener a los palestinos en Gaza, donde podían ser vigilados y controlados, que dispersarlos por la región. Según Halevy, esta percepción ha guiado la política israelí con respecto a Gaza hasta octubre de 2023 y explica por qué Israel no intentó expulsar a los residentes de la Franja durante sus 17 años de bloqueo. De hecho, hasta el comienzo de la guerra, abandonar Gaza era un proceso extremadamente difícil y costoso, disponible solo para palestinos con recursos y contactos que pudieran contactar con embajadas extranjeras en Jerusalén o El Cairo para obtener visados.

Hoy en día, el pensamiento israelí sobre Gaza aparentemente ha cambiado: del control externo y la contención al control total, la expulsión y la anexión.

En su ensayo, Shafer Raviv relata una entrevista de 2005 con el mayor general Shlomo Gazit, artífice de la política de ocupación israelí posterior a 1967 y primer jefe del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del ejército. Al preguntársele sobre el plan original de expulsión de Gaza, que él mismo contribuyó a formular 40 años antes, su respuesta fue: «Quienquiera que hable de esto debería ser ahorcado». Veinte años después, con el actual gobierno de derecha, la opinión predominante es que quien no hable de la «salida voluntaria» de los residentes de Gaza debería ser ahorcado.

Y, sin embargo, a pesar del drástico cambio de estrategia, Israel sigue firmemente atrapado en sus propias políticas. Para que la "salida voluntaria" tenga el éxito suficiente como para permitir la anexión y el restablecimiento de asentamientos judíos en la Franja, cabría pensar que al menos el 70 % de los residentes de Gaza tendrían que ser expulsados, es decir, más de 1,5 millones de personas. Este objetivo es totalmente irrealista dadas las circunstancias políticas actuales, tanto en Gaza como en el resto del mundo árabe.

Es más, como señala Halevy, incluso debatir una propuesta de este tipo podría reabrir la cuestión de la libertad de movimiento dentro y fuera de Gaza. Al fin y al cabo, si la salida es voluntaria, Israel estaría, en teoría, obligado a garantizar que quienes se vayan también puedan regresar. En un artículo publicado la semana pasada en el sitio web de noticias israelí Mako, que describía un programa piloto en el que 100 gazatíes abandonarían el enclave para trabajar en Indonesia, se afirmaba explícitamente que «según el derecho internacional, toda persona que salga de Gaza para trabajar debe poder regresar».

Independientemente de si Smotrich, Katz y Zamir han leído o no los artículos de Halevy y Shafer Raviv, probablemente entiendan que la "salida voluntaria" no es un plan de ejecución inmediata. Pero si realmente creen que la solución al "problema de Gaza" —o a la cuestión palestina en su conjunto— es que no queden palestinos en Gaza, entonces ciertamente no será posible de una sola vez.

En otras palabras, la idea parece ser: primero, encerrar a la población en uno o más enclaves cerrados; luego, dejar que el hambre, la desesperación y la desesperanza hagan el resto. Quienes se encuentren confinados verán que Gaza ha sido completamente destruida, que sus hogares han sido arrasados y que no tienen ni presente ni futuro en la Franja. En ese momento, según el pensamiento israelí, los propios palestinos comenzarán a impulsar la emigración, obligando a los países árabes a acogerlos.

Mujer palestinoa en el lugar de un ataque aéreo israelí en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 1 de abril de 2025.

Obstáculos a la expulsión

Queda por ver si el ejército, o incluso el gobierno, está dispuesto a llevar a cabo un plan así hasta el final. Casi con toda seguridad, provocaría la muerte de todos los rehenes, con el potencial de graves consecuencias políticas. Además, Hamás se opondría ferozmente a él, ya que no ha perdido su capacidad militar y podría infligir graves pérdidas al ejército, como ya hizo en el norte de Gaza hasta los últimos días previos al alto el fuego.

Otros obstáculos para dicho plan incluyen el agotamiento de los reservistas del ejército israelí, con la creciente preocupación por la negativa tanto "silenciosa" como pública a servir; el malestar social generado por los agresivos esfuerzos del gobierno por debilitar el poder judicial solo intensificará este fenómeno. También cuenta con la firme oposición (al menos por ahora) de Egipto y Jordania, cuyos gobiernos podrían llegar incluso a suspender o cancelar sus acuerdos de paz con Israel. Finalmente, está la naturaleza impredecible de Donald Trump, quien un día amenaza con "abrir las puertas del infierno" sobre Hamás y al siguiente envía enviados para negociar directamente con el grupo, llamándolos "tipos bastante buenos".

Actualmente, el ejército israelí continúa bombardeando Gaza con ataques aéreos y tomando posesión de más territorio alrededor del perímetro de la Franja. El objetivo declarado de Israel con su renovado ataque es presionar a Hamás para que extienda la primera fase del acuerdo, es decir, la liberación de rehenes sin comprometerse a poner fin a la guerra. Hamás, consciente de las limitaciones estratégicas de Israel, se niega a ceder en su postura: cualquier acuerdo sobre rehenes debe estar vinculado al fin de la guerra. Mientras tanto, Zamir, quien quizás teme genuinamente no tener un ejército para conquistar Gaza, ha permanecido visiblemente callado, evitando declaraciones sustanciales sobre las intenciones militares.

Fuente: +972

VIVIENDA - Abrazar la reacción para salvar la propiedad privada

 

 Por Llorenç Saval Devesa  

      Militante del Sindicat de barri de Carolines.

Los discursos de extrema derecha son utilizados por las clases dominantes para consolidar sus intereses económicos y políticos. Entre todas las patas de la retórica neofascista, la defensa de la propiedad privada es uno de sus pilares más firmes. En el siguiente artículo, trataremos de vincular cómo se rearticulan las posiciones políticas de las clases propietarias durante el ciclo inmobiliario iniciado en 2013 con los discursos de extrema derecha que estigmatizan a las clases no propietarias, en concreto a la población migrante.

     Propondremos la hipótesis del rentismo nativista como un fenómeno ligado a la consolidación del rentismo popular. Así, pretendemos que el artículo contribuya a desarrollar un marco teórico de convergencia entre la lucha antirracista y el movimiento por el derecho a la vivienda.

Piquetes de inquilinos.

La consolidación del rentismo popular

Al margen de lo que afirma la demoscopia, las clases medias no salieron mayoritariamente perjudicadas de la crisis inmobiliaria de 2008. Las encuestas que anunciaban un descenso general en los niveles de vida contribuían al victimismo de una clase que, si bien había sufrido la proletarización de los estamentos más precarizados, también percibía cómo los eslabones intermedios y altos salían consolidados de la Gran Recesión.

Los resultados de la crisis contradecían las predicciones del marxismo más dogmático. No se veía por ningún lado la supuesta tendencia capitalista según la cual la descomposición de las clases medias en épocas de crisis daría lugar a una sociedad radicalmente dividida entre proletarios y grandes burgueses. Más bien ocurre lo contrario: la clase media resiste y se afianza amparada por el Estado gracias a varios mecanismos de consolidación social.

“La posesión o adquisición de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual durante la Gran Crisis y el período posterior opera como un valor refugio para las clases medias”

Uno de estos mecanismos, y quizás el más importante, es el acceso a la propiedad inmobiliaria. La posesión o adquisición de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual durante la Gran Crisis y el período posterior opera como un valor refugio para las clases medias. Esto permite a los propietarios sortear las consecuencias del desastre y afianzarse en la fase de recuperación. La clase media se beneficia del proceso de desposesión hipotecaria que sufren las trabajadoras durante y después de la crisis, recomprando gran parte de los pisos expropiados a las familias hipotecadas.

Esto explica cómo en 2017 “el 39% de los hogares españoles tenían inversiones en inmuebles diferentes a la vivienda habitual”, según escribe Pablo Carmona en La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda, (Traficantes de sueños, 2022), una cifra muy superior a la del resto de países europeos. Al mismo tiempo, a partir de 2018, el perfil del rentista tipo “era el de una persona con ingresos situados entre los 12.000 y los 60.000 euros con dos, tres o cuatro propiedades. Puras clases medias”, según consta en la misma publicación de Carmona.

“Calificar como pequeño rentista a un propietario con tres o cuatro viviendas en alquiler a precios de mercado podría caer en una banalización del fenómeno del rentismo”

Usamos el término “pequeño rentista” como una manera de identificar la clase social que acapara, en términos cuantitativos, la mayor parte de las rentas inmobiliarias. No haremos, en este caso, un uso crítico del término. Nos limitaremos a señalar que calificar como “pequeño rentista” a un propietario con tres o cuatro viviendas en alquiler a precios de mercado podría caer en una banalización del fenómeno del rentismo y entrar en contradicción con los postulados políticos de la mayor parte del movimiento por la vivienda.

Las nuevas posiciones rentistas de la clase media necesitaban legitimarse discursivamente. En la retina del “pequeño rentista” aún se dibujaba el miedo a la estigmatización social que habían sufrido los bancos y las sociedades inversoras durante la crisis. La PAH había logrado que calara la imagen de las entidades bancarias como instituciones avariciosas y antisociales que se habían enriquecido gracias al engaño y la estafa de las hipotecas basura. Esta presión permitió que se aprobaran regulaciones ambiciosas contra los grandes propietarios, como la legislación autonómica de 2017 que permitía expropiar viviendas vacías a grandes tenedores o la ley catalana de 2015 que evitaba los desahucios y obligaba a los grandes propietarios a realizar alquileres sociales.

El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

“La meritocracia emergió como el elemento clave: los pequeños rentistas se presentaban como merecedores de sus privilegios gracias al esfuerzo económico de sus padres, el ahorro o la astucia inversora”

Los “pequeños y medianos rentistas” no podían permitirse regulaciones que fueran en contra de sus intereses. Necesitaban elaborar un discurso que justificara su derecho a especular y que, al mismo tiempo, los legitimara como merecedores de este privilegio frente al demérito de los bancos, fuentes de inversión y grandes propietarios que habían accedido a la propiedad de manera socialmente ilegítima.

La meritocracia emergió como el elemento clave: los pequeños rentistas se presentaban como merecedores de sus privilegios gracias al esfuerzo económico de sus padres, el ahorro o la astucia inversora. Este discurso se consolidó a pesar de que, en 2019, entre el 85% y el 90% de los pisos de alquiler estaban en manos de pequeños propietarios, mientras que las empresas solo controlaban el 9,3% del mercado.

La estigmatización de los desposeídos: una justificación meritocrática de la renta

El derecho a especular de los “pequeños y medianos rentistas” se consolidaba, en parte, gracias a la impugnación que los movimientos sociales habían hecho de los privilegios de los de arriba: los grandes propietarios, bancos y fondos de inversión. Ahora les tocaba a los “rentistas modestos” articularlo hacia abajo, es decir, contra las clases no propietarias.

Los propietarios iniciaron una campaña de defensa feroz de sus intereses a costa de estigmatizar a los inquilinos. La falta de esfuerzo o motivación, el malgasto del patrimonio, la dependencia de las ayudas sociales, la ausencia de ahorro o las malas decisiones inversoras constituían el núcleo de este discurso que señalaba a los estamentos no propietarios como culpables de su propia situación de desposesión material y precariedad.

Entre los desposeídos, la población trabajadora inmigrante ocupaba un lugar especialmente vulnerable. ¿Era casualidad que, mientras se afianzaban los privilegios de los rentistas, también cobrara fuerza el discurso antiinmigratorio? Creemos que no. La cuestión de la propiedad es uno de los principales factores que alimentan los discursos de odio contra los migrantes.

El discurso xenófobo precrisis inmobiliaria trataba de estigmatizar a los inmigrantes desde el prisma del trabajo, principalmente. Las tasas de desempleo del Estado Español encontraban su eco en una retórica populista de carácter laboral: “los inmigrantes nos quitan el trabajo a los españoles”. La etapa anterior a la Gran Recesión de 2008 estaba caracterizada por una bonanza económica en la que el salario aseguraba un determinado nivel de vida a las clases trabajadoras y medias. Los inmigrantes que accedían al trabajo asalariado —en peores condiciones que los nativos, cabe decir— eran vistos como usurpadores de un supuesto privilegio nacional.

La época en la que el salario “aseguraba” un mínimo bienestar se ha extinguido. En este momento, es la renta inmobiliaria lo que garantiza a las clases medias mantener su estatus y alejarse de la proletarización en momentos de crisis. Como decíamos antes, tras la Gran Recesión, los propietarios tratan de legitimar sus nuevas posiciones rentistas presentándose como merecedores del derecho a especular por encima de aquellos que no se lo habrían ganado.

Hábilmente, la extrema derecha canaliza este discurso hacia los inmigrantes que “viven de ayudas y no trabajan”, “cometen delitos con impunidad” o “no se han esforzado por tener un patrimonio tal y como lo hicieron nuestros padres”. Aparece un discurso moral de autolegitimación que busca en los inmigrantes un chivo expiatorio a partir del cual justificar los privilegios derivados de la renta. Este es el germen de lo que decidimos llamar rentismo nativista.

“Rentismo nativista es un concepto que describe la retroalimentación de los discursos interesados de los propietarios y los marcos ideológicos de la extrema derecha en un mismo corpus narrativo”

El rentismo nativista es un concepto que describe la retroalimentación de los discursos interesados de los propietarios y los marcos ideológicos de la extrema derecha en un mismo corpus narrativo. Ambas patas del aparato conceptual se refuerzan mutuamente, de manera que los propietarios —de facto o aspiracionales— legitiman el acceso al privilegio de la renta desde parámetros nativistas y, al mismo tiempo, los discursos xenófobos encuentran en los intereses rentistas una palanca de presión a favor de la propaganda ultra.

Acabamos de exponer el primero de los elementos que entran en juego en el rentismo nativista: la meritocracia. Los propietarios presentan el acceso a la propiedad de forma meritoria —a diferencia de los inmigrantes y otros sujeto inquilinos— y aprovechan esta retórica como un vector de legitimación para justificar el uso especulativo ejercido sobre dicha propiedad.

Abrazar la reacción para salvar la renta: la victimización de los propietarios

El segundo elemento que caracteriza al rentismo nativista es la victimización de los propietarios. La extrema derecha ha domesticado el miedo de las clases medias a perder su bienestar material, identificando a los inmigrantes como una amenaza para la rentabilidad de la propiedad inmobiliaria. Este discurso se fundamenta en la asociación entre inmigración e inseguridad social: la delincuencia, la ocupación, la precariedad y la apropiación del espacio público son atribuidas a la presencia de inmigrantes.

Esta sensación artificial de inseguridad obliga a los propietarios a asumir menos riesgos en el mercado inmobiliario, manteniendo vacíos los inmuebles por temor al impago o invirtiendo en seguridad (alarmas, seguros, empresas de desocupación). La supuesta “desprotección” de los propietarios los obliga a comportarse de manera cautelosa, provocando un agravio comparativo respecto a los inversores que tienen propiedades en barrios céntricos y menos “multiculturales”, los cuales disfrutan de más libertad de movimiento y obtienen rentabilidades elevadas por pisos no necesariamente mejor gestionados.

Posteriormente, los mismos que generan el pánico son los que ofrecen soluciones: deportaciones, aumento de penas, militarismo. Así, la extrema derecha se erige como la única capaz de defender el privilegio de la renta, seduciendo a un sector amplio de la población que depende de la rentabilidad inmobiliaria para mantenerse.

Este discurso también afecta al turismo, una fuente clave de ingresos para los rentistas. Algunos artículos en Eldiario.es y La Directa sugieren una relación entre el turismo masivo y el aumento del voto de extrema derecha. Los propietarios podrían ver en los discursos antiinmigratorios una forma de proteger sus beneficios ante el temor de que la inmigración desplace a los turistas hacia barrios menos “conflictivos”. Un perfil migrante cuya precariedad y, en menor medida, cohesión comunitaria y organizativa, impide al propietario incrementar la extracción de rentas al mismo ritmo que los rentistas de otras partes de la ciudad. Este factor choca con las aspiraciones de una clase propietaria venida a más que ve cómo los precios de sus activos suben menos que en barrios más “deseables”.

La extrema derecha genera un relato que presenta a los propietarios como los damnificados de la llegada de inmigrantes, al tratarse estos últimos de una población a la cual es más difícil extraerle rentas elevadas —en comparación con otros perfiles— y cuya presencia impide la gentrificación completa del barrio o de la ciudad.

En este marco discursivo se invierte el concepto de víctima que tradicionalmente los estados de bienestar habían otorgado a los grupos sociales situados la parte baja de la pirámide. Ya no es víctima el trabajador inmigrante o nativo que ingresa el 50% o 60% de su sueldo a su casero. Ahora la víctima es el propietario que debe conformarse con una rentabilidad del 6% con un contrato de alquiler residencial —o dejar el piso vacío para “que no se lo okupen”— cuando en el barrio de al lado los pisos ofrecen rentabilidades del 8% y los contratos temporales permiten aumentar el alquiler interanualmente.

El rentismo nativista

A partir del ciclo inmobiliario inaugurado en 2013, las nuevas clases propietarias se ven obligadas a elaborar un relato que les permita disfrutar e incrementar el acceso a la renta inmobiliaria y les presente como legítimos merecedores de este privilegio. Con la irrupción política de la extrema derecha, los rentistas encuentran en el discurso antinmigratorio un marco de consolidación de sus privilegios gracias a dos dispositivos fundamentales: la meritocracia y la victimización, los cuales hemos tratado de explicar en los apartados anteriores. Esta confluencia de discursos en un mismo aparato retórico es a lo que hemos denominado rentismo nativista.

En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

El rentismo nativista es un fenómeno que requiere una estrategia conjunta entre el movimiento por la vivienda y la lucha antirracista. La puerta a una mejor interpretación de este concepto queda abierta, así como la construcción de un marco de intervención política. No basta con nombrar los hechos; también hay que actuar. La convergencia entre estas luchas es esencial para enfrentar un sistema que legitima la especulación inmobiliaria y el odio hacia los más vulnerables.

Fuente: EL SALTO