Aviso para ingenuos: solo se puede controlar el movimiento humano a través del fascismo

 

 Por Sarah Babiker   

      Periodista hija de una chica madrileña de familia obrera y de un joven sudanés de clase media que pasó de estudiante a migrante en la España franquista.

Los mismos gobiernos que desisten en regular el coste de la vivienda, que se muestran incapaces de frenar la desigualdad o que permiten a la IA avanzar sin control, insisten en regular, frenar y controlar el movimiento de quienes intentan sobrevivir

Manifestación en el Tarajal en 2025.

     Túnez, 23 de agosto, el pueblo costero de Ben Gerdane arde. La población está furiosa: lleva días recuperando los cuerpos de sus hijos en el mar. Quince muchachos que veían la vida como un callejón sin salida, e intentaron abrirse una grieta de posibilidad a bordo de una patera, rumbo a Lampedusa, atravesando 142 km de mar convertido en el más eficiente de los gendarmes de Europa.

Manifestantes tunecinos marchan tras el hundimiento de una embarcación de migrantes que causó la muerte de varios de ellos.

El gobierno tunecino, al que Bruselas subcontrata el control migratorio, es incapaz de hacer políticas que alivien la pobreza o frenen el deterioro de los servicios públicos. Lo que sí se le da bien es la represión, miles de personas llevan semanas protestando contra el colapso económico y la gestión autoritaria del presidente Kais Saied.

Ceuta, 22 de agosto, en el barrio de El Príncipe los vecinos y vecinas se quejan, el campamento que ellos mismos han habilitado para mujeres, niñas y niños, en una cancha deportiva, ha sido inutilizado por las lluvias: detrás, carpas caídas y colchones mojados.

Mujeres y menores migrantes, algunas enfermas, en colchones mojados en Ceuta: ‘Esto es una vergüenza, son personas vulnerables’.

Los barrios periféricos de la ciudad autónoma, que llevan años protestando ante el abandono institucional, se sienten de nuevo dejados a su suerte, mientras afrontan una situación inédita marcada por la presencia de miles de personas que llevan más de veinte días a la intemperie y en la incertidumbre total, generando un ambiente proclive a la tensión. Mientras, en los despachos se van señalando espacios donde ir acumulando a las personas hasta que se dirima la magnitud de la devolución indiscriminada que exigen en Europa.

Personas migrantes aguardan en la explanada de Loma Colmenar para poder acceder al nuevo centro provincial instalado en Ceuta este jueves.

Derechas, mercenarios neonazis y bots, azuzan el odio que normalizará la próxima vulneración de derechos masiva.

Madrid, 25 de agosto. El gobierno anuncia la reforma de la ley de extranjería y una nueva ley de asilo: triajes, protocolos, dispositivos de detención y de control. El poder decide jugar al autoengaño de que se puedan gobernar limpiamente las fronteras, acotar con higiénicas leyes la voluntad humana de moverse, regular la desesperación. Y ciertamente no tiene mucho margen de maniobra, el marco viene dado por Europa, con su nuevo Pacto de Migración y Asilo. Una Europa sustentada en la fantasía del control: colonial, osando a dividir territorios y vidas con líneas rectas; fascista, burocratizando la muerte y sistematizando el encierro y la represión; supremacista, arrogándose el protagonismo en los saberes humanos y tratando a los demás pueblos de salvajes, mientras les somete a las peores salvajadas. 

Ceuta, 27 de agosto. El cóctel de abandono y deshumanización va surtiendo su efecto: grupos de ceutíes deciden “reestablecer el orden” prendiendo fuego a las cabañas improvisadas donde intentan protegerse de la intemperie las personas migrantes en la playa de El Trampolín.

Un grupo de vecinos prende fuego a chabolas de inmigrantes en la playa del Trampolín.

Poco antes, han intentado impedir que la Cruz Roja distribuya la única comida que recibirán durante la jornada. Ante la situación de crisis que se vive en la ciudad, estos grupos violentos han tomado una determinación: la solución pasa por agredir y negar el alimento y el cobijo a seres humanos. Algunos medios de comunicación contribuyen, llaman invasores, sin comillas, a quienes cruzaron la frontera. Atribuyen así a miles de personas diversas con la agenda individual de sobrevivir, trabajar y prosperar, la voluntad colectiva de invadir un territorio. Convierten al otro en enemigo para justificar la crueldad como respuesta.

Manifestantes ceutíes incendian chabolas de migrantes.

Los 15 jóvenes ahogados ante las costas tunecina, las más de 140 personas que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta, las 1317 personas, que murieron en los primeros cinco meses de 2026 intentando arribar a territorio español, quienes desaparecen en el Sáhara en su camino al norte, todos estos cadáveres jóvenes, ese reguero de personas desaparecidas, son un éxito de las políticas migratorias europeas. En mayo Frontex anunciaba que la llegada irregular de personas migrantes a Europa se había reducido en un 40% respecto al año anterior, consolidando una tendencia a la baja facilitada por los acuerdos bilaterales con los países receptores y de tránsito, es decir, gracias a la externalización de las fronteras. 

Teniendo en cuenta que la desigualdad no para de crecer —entre los países y dentro de cada país—,  que las guerras continúan ingobernables en países como Sudán o Yemen (lugar de origen de muchos de quienes llegaron a Ceuta), teniendo en cuenta que la necesidad y la pulsión de migrar siguen intactas, habrá que colocar todo el mérito en la ralentización de las llegadas del lado de la represión: la eficacia de los gendarmes de Europa en aplicar prácticas de control de los flujos migratorios que incluyen la caza de personas, el secuestro, la tortura y la extorsión, o el abandono en mitad del desierto. Y para los que llegan, ya se están aprestando los centros de deportación auspiciados por el reglamento de retorno. 

Tan significativo como lo que se pretende controlar, es lo que se desiste en regular: el precio de una vivienda que se ha convertido en la guarida desde la que el capital financiero insiste en atacarnos; ese despojo naturalizado que opera en las ciudades de todo el mundo sin que los mandatarios organicen pactos internacionales, debatan normativas, ni contemplen endurecer la fiscalización sobre el abuso. La “invasión” de los pisos turísticos en los centros urbanos, la “migración masiva” de la riqueza común hacia el patrimonio de un puñado de oligarcas flipados, sucede sin líderes que cuestionen la legalidad del expolio.

La cesión continua de información a multinacionales que facilitan genocidios, limpiezas étnicas, o el control de la disidencia se asume sin que ningún líder agite la bandera de la libertad contra quienes quieren sistematizar y controlar cada uno de los datos que nos construyen. El lucro de quienes hacen negocio con lo básico: la alimentación, la educación, la sanidad, apenas se fiscaliza. La IA trota enloquecida hacia quién sabe dónde, mientras los Estados la miran atravesar cada vez más fronteras de posibilidad, sin atinar a plantearse siquiera la necesidad de ponerle riendas por interés del común.

Con todos estos límites descontrolados, con esta dejación de responsabilidades por parte de los gobiernos, quienes agitan la bandera de la invasión, y pastorean el miedo y la incertidumbre humanas hacia el rechazo militante del otro, llevan muchos años trabajando. Tampoco han inventado nada: el colonialismo, el capitalismo racial, son el sustrato histórico de un discurso dopado de bots, financiado con el dinero de los apóstoles del descontrol del capital, y agitado por racistas poco innovadores pero con un altavoz mediático continuo. Da miedo asomarse a los comentarios, percibir la extensión del desprecio a la vida de los otros, constatar la siembra de ignorancia y deshumanización donde arraigan y prosperan sin coto las más crueles narrativas, abonadas a base de bulos, desinformación y reduccionismo. 

Sí, estamos ante un trabajo fino de fascistización de la sociedad, pero también cada cual es responsable de la mierda que difunde o justifica. Reconocer la humanidad y la agencia de los otros también implica hacerles responsables de sus propias derivas, recordar que siempre es posible elegir no sumarse a quienes odian, que es normal sentirse impotente ante el tsunami de racismo, pero eso no te obliga a sumarte a la corriente. Cualquier salida colectiva de este abismo, requiere de la resistencia individual a dejarse llevar por este sentido común xenófobo, la resistencia personal a dar por bueno el solucionismo fascista que pretende doblegar la voluntad humana de sobrevivir o prosperar a base de vigilancia, encierro o muerte.

Te llamarán buenista por pretender que la gente tenga el mismo derecho a moverse que tú. Como si considerar a otros seres humanos como iguales fuese una debilidad de carácter y no una muestra de fortaleza ética. Te llamarán ingenua por impugnar ese sentido común arrogante que insiste en señalar a las migraciones como la principal amenaza, por cuestionar que no haya otra forma de afrontar el movimiento humano que el control y el uso de la fuerza. Pero no menos ingenuo es pretender que se pueda frenar la pulsión de supervivencia o simplemente, de viaje, afinando reglamentos y normativas en despachos.

El mapa del mundo es el que es: uno cada vez más desigual, cubierto de zonas de sacrificio, acechado por el cambio climático, enfermo de inseguridad por la privatización de la guerra. Las vidas de cada vez más gente se han vuelto una ruta incierta, bajo sus pies se hunde la tierra firme, los países naufragan hacia el autoritarismo, poder quedarse en el lugar que te vio nacer, deviene un privilegio. ¿Cómo no va a moverse la gente? ¿cómo no va a desplazarse en busca de un futuro? ¿cómo va a resignarse a permanecer quieta si no queda suelo ni horizonte que la sostenga? Urge mirar de frente al contexto real en el que estamos e imaginar otras respuestas. Porque si no solo queda la misma de siempre, la de la ley del más fuerte, la del sacrificio del otro, la del odio para poder justificarnos tanto abismo. Queda el fascismo en cualquiera de sus formas.

Fuente: El Salto

¿Por qué Estados Unidos quiere juzgar al expresidente cubano Raúl Castro?

 

 Por Pedro Marin   

      Periodista, fundador y editor jefe de Revista Opera, un medio de comunicación independiente de Brasil.

Al igual que los cargos contra Maduro permitieron a Trump una operación militar sin el Congreso, la acusación de funcionarios cubanos permitiría una acción contra la isla. El objetivo sería crear un vacío en la estructura de Gobierno

Raúl Castro, izquierda, y el Che Guevara, derecha, en la Sierra de Cristal durante la Revolución Cubana, 1958.

     La Administración de Donald Trump acaba de imputar al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones en 1996.

Los planes de Estados Unidos para procesar a Raúl Castro aumentan los temores de los cubanos ante la amenza de violencia.

Dadas las similitudes entre las medidas adoptadas contra Cuba en los últimos meses y el modus operandi de los Estados Unidos en su ataque a Venezuela, la acusación contra el líder cubano podría representar un paso más hacia una acción militar contra la isla. Según Bloomberg, además de Castro, Washington también estaría apuntando al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a familiares de funcionarios del Gobierno cubano.

Al igual que lo que vivió Venezuela en los meses previos a la operación militar del 3 de enero de este año –que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la congresista y primera dama Cilia Flores–, Cuba ha estado enfrentando un bloqueo naval y energético, mediante el cual la Administración de Trump ha cortado, en los últimos tres meses, el flujo de petróleo hacia La Habana, que es esencial para el suministro energético de la isla. En efecto, el bloqueo ha dejado a Cuba prácticamente paralizada, interrumpiendo servicios como el transporte, la recolección de basura, la atención médica y la educación.

Y al igual que los cargos de narcotráfico contra Maduro permitieron al Gobierno de EEUU lanzar su operación militar en Caracas sin autorización previa del Congreso, la acusación de funcionarios cubanos también permitiría una acción militar limitada contra la isla sin autorización legislativa.

Lo que diferenciaría ambas acciones es que, en el caso de Cuba, el objetivo de Washington sería crear, en la medida de lo posible, un vacío en la estructura gubernamental de la isla, derrocando tanto a los dirigentes del Estado cubano como a sus posibles sucesores –evitando así el escenario venezolano, en el que la destitución de Maduro no condujo a la remoción del Gobierno ni al desmantelamiento de las fuerzas políticas que lo sostienen–.

Cuba no es tan relevante estratégicamente como Venezuela, por supuesto. Pero una acción militar contra la isla podría ser especialmente importante para Trump en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, que tendrán lugar en noviembre: en primer lugar, porque ofrecería un logro simbólico importante tras su enredo en el atolladero iraní. Desde la crisis de los misiles de 1962, cuando Kennedy llegó a un acuerdo con Jruschov para que Estados Unidos no invadiera Cuba, los intentos militares abiertos de Washington contra La Habana han cesado de hecho.

Lee Harvey Oswald tras presuntamente disparar al presidente John F. Kennedy.

Ningún presidente estadounidense ha vuelto a intentar derrocar al Gobierno cubano por la fuerza; el último intento de este tipo fue la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Estados Unidos nunca ha aceptado la humillación simbólica de coexistir con un gobierno rebelde a solo unos cientos de kilómetros de Florida, pero todos sus presidentes han dejado de lado la posibilidad de una solución militar. Romper con esta tradición enviaría un mensaje contundente al mundo y al público estadounidense: a Trump no le disuaden ni el legado diplomático ni la irrelevancia estratégica de ciertas acciones. Cualquiera es un objetivo potencial.

Sin embargo, lo más importante es el hecho de que una acción exitosa contra la isla movilizaría el apoyo, los votos y el dinero de la comunidad cubana en EEUU, estimada en 2,9 millones de personas, de las cuales entre 1,2 y 1,5 millones son votantes. Dado que la mayoría de las encuestas electorales apuntan a una victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato –lo que pondría fin a la mayoría republicana en el Congreso–, se trata de un contingente que el actual inquilino de la Casa Blanca no puede ignorar.

¿Organización humanitaria o grupo terrorista?

Tras meses insistiendo en que Maduro era el líder de una organización ficticia de narcotráfico, Estados Unidos rebajó de hecho el papel atribuido al presidente venezolano para justificar su secuestro. Cabe señalar, sin embargo, que la acusación de que Maduro era el líder de una organización narcoterrorista llamada “Cartel de Los Soles” se utilizó precisamente para imputar penalmente a Maduro, junto con otros 14 miembros del Gobierno venezolano, seis años antes, en marzo de 2020.

En el caso de la acusación contra Raúl Castro, el cargo sería que Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, tuvo responsabilidad directa en el derribo de dos aviones pertenecientes a la organización cubano-estadounidense Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, lo que provocó cuatro muertes. El hecho ocurrió efectivamente –los aviones fueron derribados, cuatro personas murieron– y es cierto que Raúl, como ministro de Defensa, tuvo cierto grado de responsabilidad en el disparo de los misiles aire-aire por parte de un MiG-29 que derribó los aviones. Pero, contrariamente a lo que se ha difundido ampliamente en la prensa, este no fue un ataque injustificado contra “voluntarios desarmados de una organización humanitaria”.

Fundada en Miami en mayo de 1991, oficialmente para ayudar a los balseros (cubanos que cruzaban en embarcaciones, a menudo improvisadas, hacia EEUU), Hermanos al Rescate estuvo involucrada en numerosas violaciones del espacio aéreo cubano antes del derribo del 24 de febrero de 1996. Su fundador y líder, José Basulto, había sido, como él mismo reconoció, un agente de la CIA entrenado en EEUU, Panamá y Guatemala, quien participó, en nombre de la agencia, en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y en un intento de sabotear una base de misiles en la isla. También participó, en nombre de la organización anticastrista Directorio Revolucionario Estudiantil –también apoyada y financiada por la CIA–, en el ataque al hotel Hornedo de Rosita en La Habana en agosto de 1962, durante el cual disparó docenas de ráfagas con un cañón automático de 20 mm contra el hotel desde una lancha rápida. Al comentar el incidente años más tarde, Basulto dijo: “Éramos unos terroristas bastante [pésimos], se lo aseguro. Cualquier otro habría utilizado munición explosiva. Pero nuestra intención no era matar a la gente, sino más bien asustarla de muerte”.

Cuando Basulto decidió fundar su organización en 1991, Cuba se encontraba en el Período Especial, una época en la que la isla atravesaba una grave crisis económica tras el colapso de su entonces mayor socio comercial, la Unión Soviética.

Como describe Fernando Morais en su libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, para sus primeras operaciones, la organización de Basulto recibió tres aviones O-2 “retirados tras años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1959-1975) y la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).

Los últimos soldados de la Guerra Fría.

Basulto había recibido los aviones como regalo por orden del presidente George Bush, a petición de la congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen”. El Período Especial brindó a Hermanos muchas oportunidades para lanzar kits de supervivencia y suministros médicos a los balseros en el Estrecho de Florida, una actividad que garantizaba a la organización donaciones anuales por un monto de 1,1 millones de dólares (como en 1993 y 1994). Pero con los cambios en la política migratoria de Estados Unidos hacia los cubanos, a partir de 1995 el número de balseros comenzó a disminuir y las donaciones a Hermanos se agotaron.

A partir de ese momento, la organización intensificó sus sobrevuelos ilegales sobre Cuba, violando el espacio aéreo de la isla para lanzar folletos que incitaban a los cubanos a la rebelión. Fue en una de estas ocasiones, tras docenas de violaciones de su espacio aéreo, cuando la Fuerza Aérea Cubana derribó los dos aviones Cessna pertenecientes a Hermanos.

Unos meses antes del incidente, en octubre de 1995, surgió en Miami un nuevo grupo anticastrista: el Consejo Cubano. El objetivo del grupo no era llevar a cabo ataques terroristas contra la isla ni asesinar a líderes cubanos, como lo hacían una miríada de organizaciones tales como Alfa 66, el Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), Omega 7, el Partido de la Unión Nacional Democrática (PUND), los Comandos L, los Comandos F4, la Fundación Nacional Cubano-Americana (CANF) o la red de Luis Posada Carriles –todos ellos responsables de atentados con bombas, secuestros, tiroteos e intentos de asesinato–. Tampoco se trataba de invadir el espacio aéreo y marítimo cubano desde Florida para llevar a cabo actos de propaganda, como hacían Hermanos al Rescate, de Basulto, y el Movimiento por la Democracia, de Ramón Saúl Sánchez.

El Consejo tenía un rostro más liberal; se valía de términos como democracia y derechos humanos, y su estrategia consistía en construir una red de organizaciones y de la “sociedad civil” cubana para hacer frente al Gobierno. Había surgido al solicitar formalmente a Fidel Castro, a través de la delegación cubana ante la ONU, que su primera asamblea se celebrara en La Habana los días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 1996, y contaba con el apoyo público de la Casa Blanca. Como relata Fernando Morais: “En una de sus conferencias dirigidas a líderes anticastristas en Florida, el subsecretario de Estado Richard Nuccio dejó clara la postura del presidente Clinton sobre la cuestión cubana. ‘Ustedes le dan demasiada importancia a Fidel, y la solución no está en sus manos, sino en las de las comunidades de derechos humanos dentro de la isla’, dijo el funcionario. ‘Si la comunidad de exiliados cubanos brinda un apoyo masivo a organizaciones como el Consejo, esto podría reportar enormes beneficios a Cuba y otorgar a la comunidad cubana en el extranjero un papel positivo en la resolución de la crisis’”.

De hecho, atendiendo al llamado del subsecretario de Estado, organizaciones como Hermanos y el Movimiento por la Democracia –a pesar de las diferencias tácticas con el Consejo– comenzaron a colaborar con el incipiente movimiento. El anuncio de que las organizaciones llevarían a cabo acciones de propaganda dentro del espacio aéreo cubano y en las proximidades de las aguas territoriales cubanas en apoyo del Consejo motivó un aviso a pilotos y controladores aéreos emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA), la agencia federal estadounidense responsable de las leyes de aviación, a petición del Departamento de Estado. En un momento dado, el aviso indicaba: “El Gobierno de Cuba ha reafirmado en varias ocasiones su decisión de tomar medidas contra las aeronaves que violen su espacio aéreo. Estas medidas tienen por objeto defender la soberanía nacional cubana y evitar los sobrevuelos de aeronaves no autorizadas. Cualquier persona que entre en el espacio aéreo cubano sin autorización será objeto de detención y puede exponerse a sí misma y a otros a un grave riesgo personal”.

A pesar de estas preocupaciones, las organizaciones llevaron a cabo las acciones prometidas a finales de octubre de 1995 sin ninguna respuesta por parte del Gobierno cubano. Así, repitieron las acciones el 9 de diciembre, el 13 de enero y el 14 de enero, lo que suscitó nuevas preocupaciones por parte del Departamento de Estado y la FAA. Morais describe otro memorándum de la FAA: “Al comentar sobre otra incursión más de Basulto, [el director de la FAA] afirmó que ‘estos sobrevuelos solo pueden considerarse una burla al gobierno cubano’”. Según él, el Departamento de Estado estaba cada vez más preocupado por las reacciones de Cuba ante “estas violaciones flagrantes”, hasta el punto de que el subsecretario Richard Nuccio había ordenado una investigación sobre el estado de un caso presentado por la FAA contra Basulto por violar las normas de aviación. “El peor de los casos sería que Cuba derribara una de estas aeronaves”.

Esto es exactamente lo que ocurrió el 24 de febrero, fecha de la reunión del Consejo. Cuando se puso en contacto con la torre de control de La Habana para informarles de que la zona de operaciones de los tres aviones de Hermanos al Rescate sería al norte de la ciudad, a José Basulto se le comunicó que la zona estaba “activada” (es decir, bajo la protección de aviones militares) y que cualquier incursión estaría sujeta a riesgos. “Como cubanos libres, tenemos derecho a estar aquí”, fue la respuesta del disidente unos 20 minutos antes de que los dos aviones de la organización que lo acompañaban fueran alcanzados por misiles lanzados desde un MiG-29 cubano.

Aunque existe controversia sobre si los aviones derribados se encontraban en el espacio aéreo cubano en el momento del derribo, no hay duda de que al menos uno de ellos –el de Basulto– cruzó la frontera invisible ese día, por no mencionar las innumerables ocasiones anteriores en las que la organización violó el espacio aéreo cubano. También es bien sabido que esta no fue una tragedia inesperada, tanto porque el Gobierno cubano había protestado en numerosas ocasiones ante el Gobierno de los Estados Unidos por las actividades de Hermanos y otras organizaciones que operaban en Florida, como porque el propio Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y la Administración Federal de Aviación, había emitido advertencias sobre los riesgos que entrañaban los vuelos de la organización.

El derribo de los aviones puso fin a la posibilidad de un acercamiento entre el Gobierno cubano y la Administración Clinton. Además de la suspensión de los vuelos chárter a Cuba, las restricciones a la entrada de funcionarios cubanos en EEUU, la ampliación del alcance de Radio Martí –financiada por el Gobierno estadounidense para difundir propaganda contra Cuba– y la autorización para utilizar activos cubanos congelados en EEUU para indemnizar a las familias de los pilotos fallecidos, el derribo de los aviones también condujo a la firma de la Ley Helms-Burton, que amplió las sanciones impuestas a la isla a prácticamente cualquier empresa extranjera que hiciera negocios con Cuba, cualquier barco que atracara en puertos cubanos y cualquier inversor que realizara inversiones en la isla.

El derribo de los aviones de Hermanos el 24 de febrero de 1996 no fue un delito; fue, tal como había pronosticado la Administración Federal de Aviación, “una medida destinada a defender la soberanía nacional cubana”. Si hubieran sido aviones de organizaciones cubanas que ingresaran al espacio aéreo estadounidense para lanzar folletos sobre Miami, es seguro que habrían sido derribados en el primer intento. Tampoco fue un acto militar contra aeronaves civiles inofensivas y desarmadas: los mismos aviones que lanzaban folletos sobre La Habana podían, después de todo, en cualquier momento, lanzar explosivos, si así lo deseaban.

Así como Basulto parecía pensar que disparar indiscriminadamente contra un hotel con docenas de cartuchos diseñados para penetrar el blindaje de buques de guerra no era “terrorismo”, porque “otro habría utilizado munición explosiva”, probablemente consideraba que la violación constante del espacio aéreo cubano por parte de sus aviones para lanzar folletos exigiendo la caída del Gobierno constituía “misiones humanitarias”. Cada vez que la prensa califica a Hermanos al Rescate de “organización humanitaria”, termina suscribiendo esta curiosa línea de razonamiento. Pero, lo que es más grave aún, contribuye a que las medidas adoptadas por Trump contra Cuba y sus líderes –incluida una posible acción militar en la isla– se presenten al público como justas.

Fuente: Ctxt