Por
Pedro
Marin
Al igual que los cargos contra Maduro permitieron a Trump una operación militar sin el Congreso, la acusación de funcionarios cubanos permitiría una acción contra la isla. El objetivo sería crear un vacío en la estructura de Gobierno
La Administración de Donald Trump acaba de imputar al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones en 1996.
Dadas las similitudes entre las medidas adoptadas contra Cuba en los últimos meses y el modus operandi de los Estados Unidos en su ataque a Venezuela, la acusación contra el líder cubano podría representar un paso más hacia una acción militar contra la isla. Según Bloomberg, además de Castro, Washington también estaría apuntando al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a familiares de funcionarios del Gobierno cubano.
Al igual que lo que vivió Venezuela en los meses previos a la operación militar del 3 de enero de este año –que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la congresista y primera dama Cilia Flores–, Cuba ha estado enfrentando un bloqueo naval y energético, mediante el cual la Administración de Trump ha cortado, en los últimos tres meses, el flujo de petróleo hacia La Habana, que es esencial para el suministro energético de la isla. En efecto, el bloqueo ha dejado a Cuba prácticamente paralizada, interrumpiendo servicios como el transporte, la recolección de basura, la atención médica y la educación.
Y al igual que los cargos de narcotráfico contra Maduro permitieron al Gobierno de EEUU lanzar su operación militar en Caracas sin autorización previa del Congreso, la acusación de funcionarios cubanos también permitiría una acción militar limitada contra la isla sin autorización legislativa.
Lo que diferenciaría ambas acciones es que, en el caso de Cuba, el objetivo de Washington sería crear, en la medida de lo posible, un vacío en la estructura gubernamental de la isla, derrocando tanto a los dirigentes del Estado cubano como a sus posibles sucesores –evitando así el escenario venezolano, en el que la destitución de Maduro no condujo a la remoción del Gobierno ni al desmantelamiento de las fuerzas políticas que lo sostienen–.
Cuba no es tan relevante estratégicamente como Venezuela, por supuesto. Pero una acción militar contra la isla podría ser especialmente importante para Trump en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, que tendrán lugar en noviembre: en primer lugar, porque ofrecería un logro simbólico importante tras su enredo en el atolladero iraní. Desde la crisis de los misiles de 1962, cuando Kennedy llegó a un acuerdo con Jruschov para que Estados Unidos no invadiera Cuba, los intentos militares abiertos de Washington contra La Habana han cesado de hecho.
Ningún presidente estadounidense ha vuelto a intentar derrocar al Gobierno cubano por la fuerza; el último intento de este tipo fue la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Estados Unidos nunca ha aceptado la humillación simbólica de coexistir con un gobierno rebelde a solo unos cientos de kilómetros de Florida, pero todos sus presidentes han dejado de lado la posibilidad de una solución militar. Romper con esta tradición enviaría un mensaje contundente al mundo y al público estadounidense: a Trump no le disuaden ni el legado diplomático ni la irrelevancia estratégica de ciertas acciones. Cualquiera es un objetivo potencial.
Sin embargo, lo más importante es el hecho de que una acción exitosa contra la isla movilizaría el apoyo, los votos y el dinero de la comunidad cubana en EEUU, estimada en 2,9 millones de personas, de las cuales entre 1,2 y 1,5 millones son votantes. Dado que la mayoría de las encuestas electorales apuntan a una victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato –lo que pondría fin a la mayoría republicana en el Congreso–, se trata de un contingente que el actual inquilino de la Casa Blanca no puede ignorar.
¿Organización humanitaria o grupo terrorista?
Tras meses insistiendo en que Maduro era el líder de una organización ficticia de narcotráfico, Estados Unidos rebajó de hecho el papel atribuido al presidente venezolano para justificar su secuestro. Cabe señalar, sin embargo, que la acusación de que Maduro era el líder de una organización narcoterrorista llamada “Cartel de Los Soles” se utilizó precisamente para imputar penalmente a Maduro, junto con otros 14 miembros del Gobierno venezolano, seis años antes, en marzo de 2020.
En el caso de la acusación contra Raúl Castro, el cargo sería que Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, tuvo responsabilidad directa en el derribo de dos aviones pertenecientes a la organización cubano-estadounidense Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, lo que provocó cuatro muertes. El hecho ocurrió efectivamente –los aviones fueron derribados, cuatro personas murieron– y es cierto que Raúl, como ministro de Defensa, tuvo cierto grado de responsabilidad en el disparo de los misiles aire-aire por parte de un MiG-29 que derribó los aviones. Pero, contrariamente a lo que se ha difundido ampliamente en la prensa, este no fue un ataque injustificado contra “voluntarios desarmados de una organización humanitaria”.
Fundada en Miami en mayo de 1991, oficialmente para ayudar a los balseros (cubanos que cruzaban en embarcaciones, a menudo improvisadas, hacia EEUU), Hermanos al Rescate estuvo involucrada en numerosas violaciones del espacio aéreo cubano antes del derribo del 24 de febrero de 1996. Su fundador y líder, José Basulto, había sido, como él mismo reconoció, un agente de la CIA entrenado en EEUU, Panamá y Guatemala, quien participó, en nombre de la agencia, en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y en un intento de sabotear una base de misiles en la isla. También participó, en nombre de la organización anticastrista Directorio Revolucionario Estudiantil –también apoyada y financiada por la CIA–, en el ataque al hotel Hornedo de Rosita en La Habana en agosto de 1962, durante el cual disparó docenas de ráfagas con un cañón automático de 20 mm contra el hotel desde una lancha rápida. Al comentar el incidente años más tarde, Basulto dijo: “Éramos unos terroristas bastante [pésimos], se lo aseguro. Cualquier otro habría utilizado munición explosiva. Pero nuestra intención no era matar a la gente, sino más bien asustarla de muerte”.
Cuando Basulto decidió fundar su organización en 1991, Cuba se encontraba en el Período Especial, una época en la que la isla atravesaba una grave crisis económica tras el colapso de su entonces mayor socio comercial, la Unión Soviética.
Como describe Fernando Morais en su libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, para sus primeras operaciones, la organización de Basulto recibió tres aviones O-2 “retirados tras años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1959-1975) y la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).
Basulto había recibido los aviones como regalo por orden del presidente George Bush, a petición de la congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen”. El Período Especial brindó a Hermanos muchas oportunidades para lanzar kits de supervivencia y suministros médicos a los balseros en el Estrecho de Florida, una actividad que garantizaba a la organización donaciones anuales por un monto de 1,1 millones de dólares (como en 1993 y 1994). Pero con los cambios en la política migratoria de Estados Unidos hacia los cubanos, a partir de 1995 el número de balseros comenzó a disminuir y las donaciones a Hermanos se agotaron.
A partir de ese momento, la organización intensificó sus sobrevuelos ilegales sobre Cuba, violando el espacio aéreo de la isla para lanzar folletos que incitaban a los cubanos a la rebelión. Fue en una de estas ocasiones, tras docenas de violaciones de su espacio aéreo, cuando la Fuerza Aérea Cubana derribó los dos aviones Cessna pertenecientes a Hermanos.
Unos meses antes del incidente, en octubre de 1995, surgió en Miami un nuevo grupo anticastrista: el Consejo Cubano. El objetivo del grupo no era llevar a cabo ataques terroristas contra la isla ni asesinar a líderes cubanos, como lo hacían una miríada de organizaciones tales como Alfa 66, el Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), Omega 7, el Partido de la Unión Nacional Democrática (PUND), los Comandos L, los Comandos F4, la Fundación Nacional Cubano-Americana (CANF) o la red de Luis Posada Carriles –todos ellos responsables de atentados con bombas, secuestros, tiroteos e intentos de asesinato–. Tampoco se trataba de invadir el espacio aéreo y marítimo cubano desde Florida para llevar a cabo actos de propaganda, como hacían Hermanos al Rescate, de Basulto, y el Movimiento por la Democracia, de Ramón Saúl Sánchez.
El Consejo tenía un rostro más liberal; se valía de términos como democracia y derechos humanos, y su estrategia consistía en construir una red de organizaciones y de la “sociedad civil” cubana para hacer frente al Gobierno. Había surgido al solicitar formalmente a Fidel Castro, a través de la delegación cubana ante la ONU, que su primera asamblea se celebrara en La Habana los días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 1996, y contaba con el apoyo público de la Casa Blanca. Como relata Fernando Morais: “En una de sus conferencias dirigidas a líderes anticastristas en Florida, el subsecretario de Estado Richard Nuccio dejó clara la postura del presidente Clinton sobre la cuestión cubana. ‘Ustedes le dan demasiada importancia a Fidel, y la solución no está en sus manos, sino en las de las comunidades de derechos humanos dentro de la isla’, dijo el funcionario. ‘Si la comunidad de exiliados cubanos brinda un apoyo masivo a organizaciones como el Consejo, esto podría reportar enormes beneficios a Cuba y otorgar a la comunidad cubana en el extranjero un papel positivo en la resolución de la crisis’”.
De hecho, atendiendo al llamado del subsecretario de Estado, organizaciones como Hermanos y el Movimiento por la Democracia –a pesar de las diferencias tácticas con el Consejo– comenzaron a colaborar con el incipiente movimiento. El anuncio de que las organizaciones llevarían a cabo acciones de propaganda dentro del espacio aéreo cubano y en las proximidades de las aguas territoriales cubanas en apoyo del Consejo motivó un aviso a pilotos y controladores aéreos emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA), la agencia federal estadounidense responsable de las leyes de aviación, a petición del Departamento de Estado. En un momento dado, el aviso indicaba: “El Gobierno de Cuba ha reafirmado en varias ocasiones su decisión de tomar medidas contra las aeronaves que violen su espacio aéreo. Estas medidas tienen por objeto defender la soberanía nacional cubana y evitar los sobrevuelos de aeronaves no autorizadas. Cualquier persona que entre en el espacio aéreo cubano sin autorización será objeto de detención y puede exponerse a sí misma y a otros a un grave riesgo personal”.
A pesar de estas preocupaciones, las organizaciones llevaron a cabo las acciones prometidas a finales de octubre de 1995 sin ninguna respuesta por parte del Gobierno cubano. Así, repitieron las acciones el 9 de diciembre, el 13 de enero y el 14 de enero, lo que suscitó nuevas preocupaciones por parte del Departamento de Estado y la FAA. Morais describe otro memorándum de la FAA: “Al comentar sobre otra incursión más de Basulto, [el director de la FAA] afirmó que ‘estos sobrevuelos solo pueden considerarse una burla al gobierno cubano’”. Según él, el Departamento de Estado estaba cada vez más preocupado por las reacciones de Cuba ante “estas violaciones flagrantes”, hasta el punto de que el subsecretario Richard Nuccio había ordenado una investigación sobre el estado de un caso presentado por la FAA contra Basulto por violar las normas de aviación. “El peor de los casos sería que Cuba derribara una de estas aeronaves”.
Esto es exactamente lo que ocurrió el 24 de febrero, fecha de la reunión del Consejo. Cuando se puso en contacto con la torre de control de La Habana para informarles de que la zona de operaciones de los tres aviones de Hermanos al Rescate sería al norte de la ciudad, a José Basulto se le comunicó que la zona estaba “activada” (es decir, bajo la protección de aviones militares) y que cualquier incursión estaría sujeta a riesgos. “Como cubanos libres, tenemos derecho a estar aquí”, fue la respuesta del disidente unos 20 minutos antes de que los dos aviones de la organización que lo acompañaban fueran alcanzados por misiles lanzados desde un MiG-29 cubano.
Aunque existe controversia sobre si los aviones derribados se encontraban en el espacio aéreo cubano en el momento del derribo, no hay duda de que al menos uno de ellos –el de Basulto– cruzó la frontera invisible ese día, por no mencionar las innumerables ocasiones anteriores en las que la organización violó el espacio aéreo cubano. También es bien sabido que esta no fue una tragedia inesperada, tanto porque el Gobierno cubano había protestado en numerosas ocasiones ante el Gobierno de los Estados Unidos por las actividades de Hermanos y otras organizaciones que operaban en Florida, como porque el propio Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y la Administración Federal de Aviación, había emitido advertencias sobre los riesgos que entrañaban los vuelos de la organización.
El derribo de los aviones puso fin a la posibilidad de un acercamiento entre el Gobierno cubano y la Administración Clinton. Además de la suspensión de los vuelos chárter a Cuba, las restricciones a la entrada de funcionarios cubanos en EEUU, la ampliación del alcance de Radio Martí –financiada por el Gobierno estadounidense para difundir propaganda contra Cuba– y la autorización para utilizar activos cubanos congelados en EEUU para indemnizar a las familias de los pilotos fallecidos, el derribo de los aviones también condujo a la firma de la Ley Helms-Burton, que amplió las sanciones impuestas a la isla a prácticamente cualquier empresa extranjera que hiciera negocios con Cuba, cualquier barco que atracara en puertos cubanos y cualquier inversor que realizara inversiones en la isla.
El derribo de los aviones de Hermanos el 24 de febrero de 1996 no fue un delito; fue, tal como había pronosticado la Administración Federal de Aviación, “una medida destinada a defender la soberanía nacional cubana”. Si hubieran sido aviones de organizaciones cubanas que ingresaran al espacio aéreo estadounidense para lanzar folletos sobre Miami, es seguro que habrían sido derribados en el primer intento. Tampoco fue un acto militar contra aeronaves civiles inofensivas y desarmadas: los mismos aviones que lanzaban folletos sobre La Habana podían, después de todo, en cualquier momento, lanzar explosivos, si así lo deseaban.
Así como Basulto parecía pensar que disparar indiscriminadamente contra un hotel con docenas de cartuchos diseñados para penetrar el blindaje de buques de guerra no era “terrorismo”, porque “otro habría utilizado munición explosiva”, probablemente consideraba que la violación constante del espacio aéreo cubano por parte de sus aviones para lanzar folletos exigiendo la caída del Gobierno constituía “misiones humanitarias”. Cada vez que la prensa califica a Hermanos al Rescate de “organización humanitaria”, termina suscribiendo esta curiosa línea de razonamiento. Pero, lo que es más grave aún, contribuye a que las medidas adoptadas por Trump contra Cuba y sus líderes –incluida una posible acción militar en la isla– se presenten al público como justas.
Fuente: Ctxt
No hay comentarios:
Publicar un comentario