Los sindicatos de inquilinos apuntan a la inacción y políticas contradictorias del Ejecutivo, que ha bloqueado medidas que hubieran impedido el desahucio de esta vecina de Retiro (Madrid) de 87 años. Concentraciones en 12 ciudades de todo el Estado
El desahucio en directo y la brutalidad policial desplegada en la operación que dejó en la calle a Maricarmen, una vecina del barrio madrileño de Retiro de 87 años, ha levantado una ola de indignación y un revuelo político cuyas consecuencias ya se han dejado notar en la tarde de este 23 de septiembre.
Decenas de miles de personas, 10.000 según los datos de Delegación del Gobierno, se concentraron a las 19h en una decena de ciudades, convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, para protestar por el desahucio.
Las movilizaciones se han sucedido esta tarde en Madrid, Barcelona, Cádiz, Oviedo, València, Palma, Málaga, Sevilla, Ávila, Toledo y Guadalajara. Para el 24 de septiembre está prevista otra concentración en Huelva. En la nutrida concentración de Madrid, miles de personas coreaban “Aquí están los antis fascistas”, “Vergüenza”, “Fuera fondos buitres de nuestros barrios”, “Ayuso dimisión”, “El ático de Ayuso, para Maricarmen” o “Ayuso, Almeida: iros a la mierda”. Cerca de las 21h, los manifestantes cortaron la Castellana e hicieron retroceder a la policía, que respondió con cargas y disparos de fogueo. En Barcelona, se reunieron más de dos mil personas, según los convocantes.
Y no se trata solo del desahucio de Maricarmen. En la misma semana se ha producido el desahucio de Silvia en Barcelona, explican desde esta plataforma, “con un protocolo de riesgo de suicidio activado”.
Y se conoció que Olga, de L’Hospitalet, se había quitado la vida tras su desahucio.
Este 23 de septiembre también era desahuciado David, vecino de uno de los bloques de la antigua Obra Social de La Caixa, en Vallecas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reaccionó a las imágenes con críticas a los fondos de inversión y su papel en el mercado residencial. “Hemos hecho mucho. Es un día muy dramático donde se evidencian las consecuencias de no querer regular el mercado”, declaró. Unas afirmaciones con poco sustento cuando la feria internacional de los fondos que invierten en vivienda, The District, que se celebra en estos días en Madrid, cuenta con el Ministerio que dirige como partner institucional, junto con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Días atrás, el 15 de septiembre, el PSOE se abstuvo en la votación de una propuesta de ley de Sumar que pretendía limitar la venta de pisos a personas jurídicas. Y, poco antes, el 11 de septiembre, el Congreso aprobó, con la abstención del PSOE, una moción para permitir el desalojo de personas que ocupan sin contrato válido en un plazo de 24 a 48 horas. Una moción, no vinculante, que también pedía la derogación de la ley de vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el desahucio de Maricarmen como “drama social” y apuntó a la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
La política errática y la inacción del Gobierno en materia de vivienda han llevado a la exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns, Ada Colau, a pedir que su formación se salga del Gobierno si no actúa contra los fondos buitre: “No podemos ser cómplices de la cobardía del PSOE”. Colau ha acusado a los socialistas de “bloquear cualquier iniciativa que pare los pies” a los grandes fondos que hacen negocio con la vivienda. La ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), pidió al Gobierno aprobar el decreto de vivienda en el próxima Consejo de Ministros. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, repartió culpas entre los dos principales partidos: “Tanto el PP como el PSOE son responsables de este desahucio ilegal”.
Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas también señalan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, que “mantiene en un cajón” el Real Decreto que debía recuperar muchas de las medidas tumbadas por el bloque de derecha del Congreso, entre ellas, la prórroga de los contratos de alquiler por dos años o la moratoria de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Este decreto, según defienden desde el movimiento de vivienda, también debería incluir la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
Para la Confederación, lo ocurrido en Madrid “demuestra las consecuencias concretas de mantener estas reformas bloqueadas mientras continúan los desahucios y la desprotección de las inquilinas”.
“El Gobierno de Pedro Sánchez tiene encima de la mesa un Real Decreto Ley que podría haber impedido el desahucio de Maricarmen hoy y lo tiene guardado en un cajón. Tenemos que señalarlos y obligarles a hacer eso que no se atreven a hacer”, apunta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
Fuente: El Salto
