Perú: ¿cómo robar una elección?

 

 De La Línea   

      Comunicacion popular e independiente en Perú.

A la fecha, el poder electoral ha anunciado que los resultados finales estarán listos para la quincena de julio, pocos días antes de juramentar el nuevo presidente, el cual por mandato constitucional debe ser el 28 de julio

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputaron la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú el pasado 7 de junio, aún no se dan los resultados finales.

     Domingo 7 de junio de 2026: 9:00 pm. Un grito de alegría sacudió el local del partido Juntos por el Perú, ubicado en el centro de Lima. Los resultados de los conteos rápidos de las encuestadoras Ipsos y Datum confirmaban de forma unánime la victoria de Roberto Sánchez, con una ajustada ventaja del 0,6%. Para miles de ciudadanos, el revés electoral de Keiko Fujimori —su cuarta derrota— significaba el cierre de un ciclo político de alta tensión y represión, agudizado tras el golpe contra el expresidente Pedro Castillo.

Estas elecciones generales en Perú no se desarrollaban en condiciones de saludable democracia. Por el contrario, el escenario electoral fue previamente amañado por la coalición golpista y mafiosa que, desde el 7 de diciembre del 2022, capturó los poderes del Estado. Meses antes de la elección, candidatos ajenos al sistema político fueron inhabilitados como fue el caso de los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Asimismo, aprovechando el viraje parlamentarista del sistema político, partidos con preponderancia en el Congreso como los derechistas Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, avanzaron capturar las instituciones electorales. Siempre con la venia de presidentes títeres como Dina Bolaurte, José Jerí y José María Balcazar.

Como parte de esta estrategia de control institucional, la coalición golpista consolidó su influencia sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada de designar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En una rápida resolución, la JNJ nombró a José Burneo como presidente del JNE, designación severamente cuestionada por sus presuntos vínculos con las mayorías derechistas del Parlamento.

La tensión institucional escaló en abril de 2026, durante el escrutinio de la primera vuelta, cuando el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia tras las reiteradas acusaciones de fraude formuladas por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.

A pesar de dicho escenario viciado, las fuerzas del campo popular lograron cohesionarse en torno a la candidatura de Roberto Sánchez. Con todo el poder del establishment en contra, Sánchez tenía reales opciones de ganar. Al anunciarse las cifras del conteo rápido, el comando de campaña estalló entre abrazos, felicitaciones y consignas de victoria. En un ambiente de alivio, todos se fueron a dormir sin saber que los resultados iban a ser revertidos las próximas horas.

Saturar la opinión pública; maquinaria mediática y ejercito de trolls

Sin duda, un factor clave para reducir el margen de victoria de Sánchez fue la saturación de la opinión pública. Durante el proceso electoral y en especial durante la segunda vuelta, el sesgo informativo contrario a Roberto Sánchez fue descarado.

El mensaje central de grupos empresariales de televisión y prensa era presentar al candidato de Pedro Castillo como la amenaza comunista que alteraría la estabilidad del país, vinculando al partido con el terrorismo de los grupos armados de los 90 (Sendero luminoso, MRTA) o el radicalismo de Antauro Humala. En contraste, Keiko Fujimori era presentada como la candidata del orden, que seguiría la ruta del crecimiento económico y la mano dura frente a problemas como la delincuencia.

El bombardeo informativo fue tal que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) concluyó que la mayoría de los medios privados nacionales mostraron un marcado sesgo y una cobertura desigual. Su monitoreo determinó que este comportamiento afectó el derecho al voto informado, evidenciando un trato favorable hacia Keiko Fujimori y un tratamiento sistemáticamente negativo hacia Roberto Sánchez.

En concreto señalan un desequilibrio en cobertura pues el 70% del contenido emitido en medios privados tuvo un tono negativo hacia Roberto Sánchez, mientras que la cobertura sobre Keiko Fujimori fue en un 96% neutral o positiva.

Otra frente de saturación informativa fueron las redes sociales en especial el ejercito internacional de trolls implementado por el fujimorismo.

Como informa el portal El Foco durante la segunda vuelta operó desde Estados Unidos, Ecuador, México y Venezuela una telaraña de cuentas anónimas que hicieron campaña a favor de Keiko Fujimori y atacaron a Roberto Sánchez

Empresas, webs, cuentas y responsables documentados.

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Al menos cinco empresas internacionales, estuvieron involucradas para favorecer a Keiko Fujimori y sabotear a Roberto Sánchez, invirtiendo US$200,000 en redes sociales, ayudando decisivamente a que la candidata de Fuerza Popular gane la elección presidencial.

Las empresas, las personas y sus vínculos.

De dónde vienen los administradores de las páginas.

Las encuestadoras jugaron su propio partido en la batalla (des) informativa. El domingo 7 de junio, IPSOS y Datum emitieron los resultados de su conteo rápido dando como ganador a Roberto Sanchez. En el caso de IPSOS, su conteo rápido se realizó en conjunto con la ONG Transparencia Internacional y el National Democratic Institute, vinculado a la National Endowment for Democracy (NED) y no ha fallado desde el 2001.

Extrañamente, el 8 de junio temprano el mismo director de IPSOS Alfredo Torres, violó la norma contractual de confidencialidad con sus financistas y apareció en televisión afirmando que su conteo se equivocaba y que en nuevos escenarios estadísticos que ponderaban mejor el voto de peruanos en el exterior, Keiko tenía más probabilidad de ganar. Apenas dos días después de la elección, los medios de comunicación y las redes posicionaron la matriz de opinión que Fujimori ganaría gracias a los votos del exterior. Y así siguió el plan.

Fraude en la votación de los peruanos en el exterior

Las irregularidades en la elección peruana que configuran un fraude, tienen que ver prioritariamente con los votos de los peruanos en el exterior.

La votación de los peruanos en el exterior está a cargo de la Cancillería y no de los organismos electorales, por lo que el rol del Canciller y los cónsules resulta clave. En tal sentido, llama la atención que el 24 de abril de 2026 el presidente encargado José Balcazar, presionado por el Fujimorismo y las fuerzas de derecha, designó a Carlos Pareja como Canciller. Este diplomático, conocido por su afinidad ideológica con Fuerza Popular y la ultraderecha latinoamericana, sería la pieza clave en la manipulación del voto de los peruanos en el exterior.

Justamente, una semana antes de la segunda vuelta, a solicitud del nuevo canciller, la ONPE emitió una directiva cambiando las reglas para el voto fuera del país. Entre los cambios más controversiales de la nueva norma, se ordenaba que las actas no sean digitalizadas y enviadas de inmediato al organismo electoral en Lima, sino que debían ser trasladadas en físico para luego ser procesadas en territorio nacional.

El día de la elección se reportaron múltiples denuncias en los centros de votación del exterior: fusión de mesas, proselitismo a favor de Keiko Fujimori, parcialización de los consulados y suplantación de votos. En países con alta población electoral como Argentina, la cancillería retrasó escandalosamente el traslado de las actas para que llegaran al límite o fuera del tiempo legal permitido para observar o impugnar el material.

Los centros de votación en muchos países resultaron ser un territorio controlado por la maquinaria fujimorista. Si Roberto Sánchez ganó en el territorio nacional, fue también gracias a los personeros acreditados por el partido que participaron en la defensa del voto. Sin embargo, en el exterior, Juntos por el Perú (JP) carecía de un despliegue similar.

Estas jugadas en pared entre los poderes del Estado y el partido Fuerza Popular han logrado revertir el resultado y apagar los primeros gritos de victoria de Juntos por el Perú. A partir de este momento, el resultado final dejó de ser producto de la votación de los ciudadanos para convertirse en una batalla jurídica. Y en este terreno, JP libra la batalla con desventaja.

Por una parte, los poderes electoral, judicial y constitucional han sido nombrados o cooptados por el fujimorismo. Por otra parte, impugnar cuesta dinero y JP no cuenta con suficientes recursos propios.

Para recaudar fondos, Roberto Sánchez hizo un llamado a la solidaridad nacional y logró reunir una parte de la suma necesaria para impugnar mesas en Lima y Estados Unidos donde se denunciaron irregularidades. Sin embargo, luego de cobrar los 210 mil dólares correspondientes a la impugnación de estas mesas, el JNE desestimó en tiempo récord el pedido de Juntos por el Perú.

A la fecha, el poder electoral ha anunciado que los resultados finales estarán listos para la quincena de julio, pocos días antes de juramentar el nuevo presidente, el cual por mandato constitucional debe ser el 28 de julio.

Juntos por el Perú ha convocado marchas para la defensa del voto y condicionado el reconocimiento del resultado al esclarecimiento de las denuncias sore la transparencia de los votos en el exterior. Hasta la fecha, ni Cancillería, ni el poder electoral han aportado una repuesta contundente que podria disipar las dudas y asegurar la legitimidad del proximo presidente del Perú.

Fuente: Diario Red