Mujer,
vegana y de Moratalaz. Ah! y periodista.
Al
igual que ocurrió con la huelga feminista o por Palestina, las
agrupaciones empresariales intentan generar dudas sobre la legalidad
de los paros generales.
Manifestantes por la vivienda en Madrid, el 3 de octubre.
Mientras
que los sindicatos se apresuraban a responder a las demandas que se
han visto este fin de semana en todas las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda,
la patronal buscaba argumentos para impedir una posible huelga. “No
son de naturaleza laboral”, “difícilmente justificable” o
“claro componente político y electoral” son algunas de las
reflexiones que han hecho las agrupaciones empresariales CEOE
y CEPYME en
un comunicado. Para la patronal mayoritaria, la demanda sobre el
derecho a la vivienda “quedan al margen de la gestión de las
empresas” y dejan entrever que podría ser hasta ilegal.
Lo
cierto es que se trata de un discurso similar al que se escuchó con
la
primera huelga feminista o
con los paros
por Palestina.
En ambas fue una huelga general legalizada, con argumentos laborales
y sin ningún tipo de irregularidad en su proceso. “La de Palestina
supuso mucho más complejidad, pero se indicó que el dinero público
se estaba invirtiendo en armamento y esto afecta directamente a la
clase trabajadora”, explica a El Salto Miguel Fadrique, secretario
general de CGT, que asegura que la afectación en esta huelga es
mucho más clara: “Sin salarios dignos no te puedes comprar una
vivienda”.
“Diría
incluso que vamos tarde, pero hasta el estallido social por el
desahucio de Maricarmen no ha hecho que se produzca”, comenta
Fadrique en respuesta a por qué llega ahora y no antes la
convocatoria de una huelga general. “Es que el problema es mucho
más grande que el precio de un alquiler o el precio para comprar una
casa. Está directamente ligado a los salarios, que son totalmente
insuficientes”, explica. En esta misma línea se muestran CCOO
y UGT,
que ya han expresado su intención de apoyar la huelga general por la
vivienda.
“La
posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan acceso
a la vivienda es un aspecto central en la reivindicación de esta
huelga, que ha sido impulsada por otras organizaciones como el
Sindicato de Inquilinas”, explica a El Salto Carlos Gutiérrez,
secretario de Estudios y Discurso de CCOO. “La accesibilidad a la
vivienda está condicionada por la especulación, pero también por
los salarios excesivamente bajos”, añade. Precisamente ahí ven la
justificación laboral que hace que la huelga sea perfectamente
legal: la cuestión salarial. “Los trabajadores no pueden pagar las
consecuencias de un orden mundial caótico en el que vivimos, donde
el precio de la energía se dispara y los precios de los productos
básicos suben, muchas veces solo para garantizar los márgenes de
beneficios de las empresas”.
“Con
esta huelga, los trabajadores y las trabajadoras dicen claro que
queremos tener vivienda, un salario digno y que no queremos ser
quienes paguemos las consecuencias de la guerra y la inflación”,
explica e indica que no son unas reivindicaciones improvisadas, si no
que el sindicato lleva muchos años advirtiendo sobre el coste de la
vida y la pérdida de poder adquisitivo.
Gutiérrez,
preguntado por el interlocutor de esta huelga general, tiene claro
que no es solo uno. “No se convoca por un ataque concreto sobre
nuestros derechos, lo que hace es poner en el centro una plataforma
reivindicativa para los y las trabajadoras: interpelamos al Gobierno
actual, al posible Gobierno futuro, a todas las administraciones
incluidas las Comunidades Autónomas y, por supuesto a las empresas y
a las organizaciones patronales”. A este respecto, el miembro de
CCOO recuerda que la patronal ha estado bloqueando el Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva.
“No acceden a las subidas importantes de salarios que hay que hacer
para compensar la inflación”, indica. Por eso manda un mensaje
claro: “Que se sienten a negociar”.
Ese
mensaje se extiende al futuro Gobierno. Con el adelanto electoral,
han quedado muchos temas en el aire que los partidos que ahora están
en la oposición no garantizan. “¿Qué pasa con el registro
horario, con el estatuto de los becarios, con las directivas europeas
por transponer, con la revalorización de las pensiones?”, se
pregunta. Gutiérrez también advierte que las Comunidades Autónomas
tienen el deber de garantizar los servicios públicos, algo que
afecta directamente al poder adquisitivo de la clase trabajadora.
“Estamos viendo que muchas personas se están viendo obligadas a
recurrir al mercado privado por el deterioro de los servicios
públicos, sobre todo en educación, sanidad o temas sociales, lo que
hace que pierdas poder adquisitivo”, explican desde CCOO.
En
este sentido, desde CGT también indican que la huelga general no va
contra el Gobierno actual solo. “No miramos el color del gobierno
porque este ni ha hecho lo que podría hacer ni esperamos nada del
futuro Gobierno, del color que sea, dependemos de la calle, de las
movilizaciones para lograr los objetivos”, explica Fadrique que,
eso sí, refuerza la idea de unidad. “Queremos hacerlo de forma
conjunta, lograr paralizar el país y que estemos a la altura de las
circunstancias, sin protagonismos ni egos”, comenta a este medio.
Lo
cierto es que aunque la mayoría de sindicatos se han mostrado
favorables a convocar o a apoyar la huelga, aún no se sabe quién
dará el paso de liderar las gestiones de su legalización —es
decir, ser el interlocutor con la mediación obligatoria en huelga—
y cuándo se pondrá fecha. La mayoría de los sindicatos sitúan la
fecha a principios de noviembre y antes de que empiece la campaña
electoral, pero seguramente la fecha no se conozca hasta finales de
la semana. Las conversaciones entre el Sindicato de Inquilinas y las
centrales laborales empiezan este mismo miércoles.
“Estamos
muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación del
Estado se hayan puesto al lado de un movimiento que lleva diez días
en la calle luchando por la vivienda digna”, explica Alicia del
Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en referencia al
compromiso de UGT y CCOO a apoyar una huelga general, y asegura que
“la huelga será de todo el pueblo”. “Desde los sindicatos de
inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una unidad
popular de todas las trabajadoras de este país para conseguir el
derecho a una vivienda digna”, ha indicado a los medios y asegura
que en breve se presentarán fecha y calendario de acciones para
garantizar que la huelga general sea “masiva” y así lograr lo
que se persigue.
Apoyo
mayoritario de otros sindicatos
De
los primeros en apoyar una huelga general en Madrid han sido los
sindicatos de clase CNT, Co.Bas, Solidaridad Obrera y la Plataforma
Sindical de EMT que ya forman parte de la Mesa Sindical por la huelga
general junto con CGT y el Sindicato de Inquilinas. “La vivienda y
el trabajo no son luchas separadas”, han explicado en un comunicado
conjunto que emitieron el mismo viernes 2 de octubre, justo después
de que el Congreso
tumbara los dos decretos por la vivienda.
“La subida de los alquileres es una transferencia directa de la
riqueza desde la clase trabajadora hacia el rentismo”, sentencian y
añaden que, en el camino hacia la huelga general, el primer paso es
el apoyo a
la huelga de educación
que se llevará a cabo en la Comunidad de Madrid el próximo 14 de
octubre.
En
Galicia, la CIG ha hecho público este martes que se suma a convocar
la huelga general en Galicia ante la “insoportable” subida de
precios en las viviendas, lo que genera “un empobrecimiento de la
clase trabajadora” y ante la “falta de medidas de los gobiernos
para garantizar” una vivienda digna. La central gallega llama al
“conjunto del tejido social y sindical a la movilización y a que
se haga efectiva una convocatoria de huelga general en la primera
semana de noviembre”. Entre las reivindicaciones figura la subida
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un refuerzo de los
servicios sociales y más medidas de protección social. A la Xunta
le reclaman un Plan de Choque recogido en los presupuestos de 2027
para hacer frente a la inflación. “El aumento constante e
imparable de los precios de la electricidad, el combustible, los
productos de primera necesidad y la vivienda está llevando a la
ruina a la población y a las clases trabajadoras”, ha advertido el
secretario general de la CIG, Paulo Carril.
Desde
LAB se han apresurado a apoyar la convocatoria de una huelga general
y se declaran dispuestos a hacerlo de forma conjunta con otros
sindicatos. Además de reivindicar los alquileres indefinidos,
recuperar las viviendas en manos de fondos buitres para expulsarlos o
acabar con las ayudas fiscales que solo “alimentan al rentismo”,
el sindicato manda un mensaje al PNV y al Gobierno vasco. “Los
jeltzales han trabajado a favor de la patronal inmobiliaria y, en
definitiva, de los especuladores”, explican en referencia al ‘no’
del PNV al segundo decreto que rechazaron en el Congreso de los
Diputados. Por eso, LAB exige al partido nacionalista que “renuncie
a aplicar políticas que den la espalda a las y los trabajadores
tanto en Madrid como en Euskal Herria” y cree que es posible lograr
en Euskadi y Navarra lo que no se ha logrado en la Cámara baja.
El
sindicato ELA también ha anunciado que apoyará la huelga general,
aunque no ha dado más detalles. El discuto que argumente su respaldo
podría encajar perfectamente con la reivindicación de subida de
salarios que se pedía en su propuesta
para no tener ningún convenio por debajo de los 1.500 euros
mensuales. Un techo salarial que junto con la reivindicación de un
SMI propio para Euskadi y Navarra podría hacer frente a la inflación
provocado en parte por el precio de la vivienda.
Fuente:
El
Salto
