Aquella brisa de los veranos de antes (6 de 20)

Mi amigo Ismael el Rubio

  Por Pedro Costa Morata

           Ingeniero, Periodista y Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

       Era por 1998, o así, y había conseguido -no recuerdo bien de la parte de qué amigo me vino aquel encargo- elaborar una guía natural y cultural de la Montaña de León y Palencia, lo que financiaba la Asociación de Municipios Mineros (ALMI) de esas dos provincias con fondos europeos del postcarbón. Ese trabajo me duró dos o tres años de feliz peregrinar por pueblos, aldeas, riscos y robledales, todo ello sin echar cuentas, que es lo que he aprendido a hacer cuando me acomete ese gozo, tan íntimo, de recorrer espacios desconocidos, bebérmelos y asimilarlos, que eso no tiene precio. Así que me permití trascender el encargo y recorrer los 55 municipios de esa Montaña biprovincial, con todos sus pueblos (digo bien: todos, creo que 605, no todos habitados y la mayoría sufriendo ese declive feroz sin arreglo ni fin), y aunque hecho el trabajo la Junta de Castilla y León no cumplió con su compromiso de editar el libro-guía, el relato quedó escrito y disponible, y yo me apropié de un tesoro de visiones humanas y naturalísticas, en inseparable mezcla, que me sigue alimentando y al que recurro con mi reiterada presencia por esos parajes subcantábricos en cuanto las circunstancias me lo permiten.

      Tengo que recordar a Laudino García, alcalde de Igüeña en la “transición de los dos siglos”, que siendo además presidente de ALMI, fue el encargado de supervisar aquel trabajo. Antes que alcalde socialista había sido minero y comunista: su cordialidad, pareja a su competencia, dejó en mi experiencia señales, vivencias y afectos imborrables, para siempre impresos en estos paisajes.

      Que fue cuando conocí a Ismael Suárez, más conocido como el Rubio, vecino de Igüeña, a quien Laudino pidió que me “subiera” en su viejo land rover por esos montes que, formando parte de la sierra de Gistredo, cierran las cuencas altas del Boeza y el Tremor (que a punto han estado de arder este agosto infernal, por cierto), de brezales espesos y robledal misterioso, que hace tiempo que los ganaderos no frecuentan ni los excursionistas de ahora incluyen en sus rutas de cómodo y pasivo deambular. Y ya desde aquella primera excursión me pasmó Ismael por su caudaloso verbo, hecho de sabiduría antigua y cuentos inagotables entre el mito y la picaresca, que es como se expresan, en su plática amistosa, los españoles que sobreviven pegados a su tierra. Conservo algunas de sus poesías más ingeniosas, pero aquel raudal de historietas me solía pillar desprevenido y ahora lamento no haber estado más atento.

      Ismael era el alma de las fiestas de septiembre, con su alegría íntima y profunda, y su buena traza. Y también era el centro del resurgir, siquiera momentáneamente, del que fuera su pueblo, Los Montes de la Ermita que, incrustado en la sierra y abandonado, se aferra a su fiesta anual y convoca con algarabía a los que allí nacieron y a sus hijos y nietos. Un día, acompañándole a echar un ojo a su docena escasa de vacas en esas laderas, decidimos subir al Catoute, cumbre del Alto Bierzo, por los caminos ganaderos, esos que consiguen con mínimas pendientes alcanzar la cumbre pacientemente, con el menor esfuerzo.

El autor e Ismael, en la subida al Catoute, 2003.

      Yo había subido al Catoute en otra de mis anteriores visitas, iniciando la excursión con Maximino, afectuoso vecino de Almagarinos, por la ruta más conocida, corta pero desesperante, y cuando él decidió renunciar pude engancharme a un grupo de jóvenes excursionistas a los que al poco fui yo quien ya no pudo seguir... Así que emprendí, solo y entusiasmado, la subida por el Boeza y –fuerzas mediante– hacia la cima del Catoute. En unas dos horas se puede alcanzar esa cuenca plana y secreta que es el Campo, o campa, de Santiago, a 1.500 m de altitud, por un camino que a trechos se hace calzada antigua. Del espeso robledal surgen mil hilillos y chorreras de agua que engrosan un Boeza que se deja adelgazar en altura, surgiendo de un laberinto de canales que divagan por la verde y plana cubeta glacial. Más arriba, al roble suceden los brillantes acebos y los piornos resistentes, que forman sobre el camino una galería paralela a la que se crea el propio río con sus sauces y fresnos. Hay también sabinas en la solana y en las más altas laderas, y a los que se atreven con el Catoute los protegen el haya umbrosa y el tejo mítico.

       En el Campo de Santiago hay una ermita bajo la advocación del Apóstol, con portada románica y retablo neoclásico, en torno a la cual se celebra cada año la romería del día del Apóstol. Cerca hay también un refugio bien preparado. Desde esta campa, tras un descanso para reponer fuerzas, debe iniciarse la subida al Catoute, que espera oculto con su negror pizarroso, al que peinan de blanco los neveros persistentes. Son otras dos horas las que se necesitan para hacer cumbre. El camino lleva, primero, al circo del Rebeza, con dos lagunas glaciares por los 1.800 m; y desde ahí, cresteando por sobre los 2.000 m, se alcanza la cima piramidal del gigante Catoute (2.117 m), de amplísima y emocionante perspectiva. El descenso puede hacerse por el mismo camino o atreviéndose con los desniveles del río Susano, más ingratos. (En aquella primera excursión me pilló en la bajada el tormentón veraniego de ordenanza, alcanzando el hostal de Gloria feliz y empapado.)

Empeñándome en fotografiar al escaso rebeco, un día pedí a Ismael que me diera las instrucciones necesarias, con la seguridad de que de su mano me encontraría con el esquivo ungulado; y así fue: “pégate al tronco, no pises las hojas sino la hierba y no respires”, fueron sus recomendaciones, inapelables, que seguí al punto consiguiendo que pronto se me apareciera un joven y desconfiado ejemplar, al que el triunfal clic de mi cámara hizo huir de un atlético salto, tras haberme dado el placer de “cazarlo”.

      Siempre que he podido he vuelto a su casa en Igüeña, a disfrutar de la amistad y la alegría de Ismael y Marina, su “esposa desde los 16 años”, y a escucharlo atento y embobado. Pero este año, los hados malos, traicioneros e injustos, se han llevado a Ismael quién sabe si por esas brañas que yo conocí de su mano y en las que ambos revivíamos lo mejor de nosotros mismos: él, su vida de pastor, minero y agricultor, yo mis leoneses años jóvenes… Ahora es seguro que me habría facilitado el encuentro con el oso, que ya ha pasado de Valseco al Boeza y del que sin duda conocería su paradero y andanzas.

El río Boeza, por Igüeña.

     Nostálgico, pero en absoluto triste, he vuelto a su casa a rendirle mi homenaje y a honrar a su familia; y secreta, pero firmemente, le he prometido que un día lo buscaré por los caminos altos del Catoute, y que me cuente más cosas.

Aquella brisa de los veranos de antes (2 de 20).

 

 Por Pedro Costa Morata

Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

El Monte, como el Agua y las Costas, debe ser competencia del Estado

Poco, y breve, es lo que este cronista puede aportar a la marabunta de comentarios, análisis, denuncias, improperios y desvergüenzas que, envolviendo a las llamas implacables, nos escandalizan en este agosto espantoso, en el que las Comunidades autónomas más afectadas -Galicia, Castilla y León, Extremadura- han demostrado su impotencia, incompetencia y mala uva, dedicando sus líderes más, mucha más energía a imprecar al Gobierno central que a organizarse frente a los incendios. Han tenido que recurrir al disimulo de sus inclementes ataques para tratar de ocultar su nefasta política ambiental general y de Montes en particular, reduciendo durante años efectivos, presupuestos y voluntad, pidiendo ahora árnica al Estado (como si ellos fueran administraciones lunares) y exigiendo la puntual y eficiente ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de directo control de Madrid. A destacar, de entre los vociferantes mandos del PP, a ese mamarracho de Bendodo, convencido de que tenía que sustituir con nota al gran Tellado, ausente, que debe estar acumulando bilis para el nuevo curso.

Elías Bendodo, portavoz del PP, calificando de "pirómana" a la directora general de Protección Civil.

Empezaré por el final, no vaya a ser que se me olvide lo principal, que es que entre las medidas consecuentes que haya de adoptar el Gobierno central ante la penosa actuación de las satrapías más arriba citadas, y teniendo en cuenta lo que nos espera por la crisis ecológica general, que ni aflojará ni dará tregua, debiera de figurar una UME reformada para que las catástrofes naturales hayan de ser atendidas (prevenidas, analizadas, atacadas) desde una dirección única, estatal, bien provista y a salvo de los necios deslenguados que produce esta manada del PP. Una UME ampliada, reorganizada y de recursos globales multiplicados, a la orden del Ministerio del Interior o del que sea competente en Medio Ambiente. Y que no tenga nada de militar: ¿a cuento de qué ha de ser militar un cuerpo anti incendios, anti riadas, anti nevadas…? Supongo que cuando Zapatero se planteó este uso del Ejército en tareas tan estrictamente civiles como las señaladas, pensaría al menos dos cosas: que (1) la disciplina militar contribuiría a la eficacia en las misiones que se le encomendara y (2) que siendo militar ese órgano se excluía a la competencia/incompetencia de las Comunidades autónomas, que generalmente no son de fiar en asuntos serios y graves (pero que esto, ni se debe reconocer ni se les debe imputar, por políticamente incorrecto y peligroso).

Incendio en Galicia (iSTOCK).

Pero la cosa nunca había adquirido tanta gravedad como en este verano, y todo indica y anuncia que se repetirá si no se adoptan medidas drásticas, valientes y capaces, lo que debe de ser asumido por el Estado en su Administración central. Soy de los que nunca creyeron positivo, cuando tomaba cuerpo el Estado autonómico, que las competencias ambientales cayeran en manos de la jurisdicción autonómica, y que no solo las Costas, las Aguas y algo más, serían ámbitos que debía retener el Estado “por razones obvias”, principalmente por su amplitud y la imposibilidad de atribuir su presencia e influencia a regiones y límites administrativos, sino y sobre todo porque la importancia y la seriedad de los asuntos ambientales, estructurales en el país y por lo tanto en el Estado, debían a quedar a salvo del esperable (sí, no nos equivocábamos) mal hacer autonómico, con su perspectiva localista y su mínima sensibilidad ambiental.

Así lo percibíamos quienes nos enfrentábamos a la contaminación variopinta, las agresiones ubicuas y el corrosivo veneno del industrialismo, fuera franquista, fuera paleo-democrático. Un combate erosivo y desesperante con los alcaldes, y que también empezaba a revelarse, según avanzaba el tiempo, con las entidades autonómicas. Aquello de que “desde cerca” se podían resolver mejor los problemas ambientales, y que los directamente afectados actuarían con mayor interés y eficacia no era creíble, por falaz e indemostrable. Y sí quedaba mucho más claro que los intereses locales, las redes clientelares, el caciquismo, la ignorancia y la corrupción eran notas locales bien enquistadas que herían e indignaban, sometiendo a los primeros grupos ecologistas a una lucha sin descanso y a enfrentamientos desoladores.

     Por supuesto que esta consideración peyorativa hacia los niveles locales y autonómicos competenciales no implicaba que las instituciones del Estado iban a ser mucho más sensibles, sinceras y eficaces, pero al menos el enemigo quedaba -allá en Madrid y los órganos ministeriales- mucho más localizado y, se suponía, más tratable al disponer de una visión global respecto del problema y más separada respecto de los intereses y maldades territoriales. A este respecto, no hay más que ver ese timo del MITECO, sin idea en sus mandamases sobre cualquier tipo de transición ecológica y de bien probada acción nula en lo del reto demográfico.

Y una vez aprobada la Constitución, solo los ingenuos creyeron que el artículo 45 y su mirífico enunciado (“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado… así como el deber de conservarlo… Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales…. Para quienes violen lo dispuesto… así como la obligación de reparar el daño causado”), serviría como marco estricto y apremiante para que las cosas se hicieran bien. Menos mal que los artículos 148 y 149, los concretamente competenciales, aunque atribuían a las Comunidades autónomas expresamente “Los montes y aprovechamientos forestales” (148.8), y “La gestión en materia de medio ambiente” (148.9), guardaban para el Estado “La legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias” (149.23). Lo que, mira por dónde, nos viene al pelo para que el Estado se ponga las pilas y trabaje con diligencia a asumir estos contenidos constitucionales con el apremio de la crisis climática, cosa de la que no se hablaba, en aquellos años fundacionales, en los ambientes políticos y raramente en los ecologistas.

Quiero recordar que aun antes de brotar el ecologismo político los ecologistas conservacionistas tenían que mantener un desigual combate con la “filosofía forestal”: las repoblaciones masivas, el tirón de las papeleras y fábricas de celulosa y, en definitiva, los ingenieros de Montes, enemigos protagonistas que, tristemente, mandaban con exclusividad en aquella ICONA que reflejaba la escasa preocupación ambiental-global de nuestro Estado, ya que apenas sobrepasaba a los montes, y aun esto con un enfoque forestal y evidente confusión entre bosque y plantación, ecosistema y objeto, naturaleza y economía…. (Con la pelea, las urgencias, la confusión y el “expertismo” haciendo eclosión ahora se ha colado con fuerza eso del “paradigma forestal”, es decir, el trato forestal, o sea, productivo, a las masas arboladas desdeñando la realidad y el concepto de bosque como ecosistema y albergue de vida, en el que ese sotobosque al que ahora se ataca sin misericordia es tan importante como los árboles de porte, y donde la ganadería extensiva, que ahora se reivindica como máquina “natural” y barata de limpieza, debe ser excluida.)

Con la consolidación del Estado liberal, socialista o popular, y sobre el principio inamovible y necesario de que el liberalismo como doctrina o política es perfecta y radicalmente incompatible con la conservación de la naturaleza, sus recursos y el medio ambiente en general, que por su propia esencia son bienes públicos y que por ello debieran ser inalienables, al ecologismo le ha correspondido alinearse con las políticas públicas ambientales, la propiedad pública de espacios y bienes de índole natural y la directa intervención pública en su gestión, en las duras y en las maduras. De ahí que haya de ser el Estado el que incremente su papel ambiental global, no que lo reduzca, fortaleciendo su papel según la Constitución y actuando con la legalidad legislativa y normativa que le asiste para actualizarse y asumir la crisis ecológica general, que se agrava por momentos, más allá y con perspectiva más realista (descartando toda histeria y la cínica teatralidad al uso) del problema del clima y sus efectos inmediatos y visibles. O sea, que el Gobierno de Pedro Sánchez no pierda el tiempo viendo cómo esa oposición montaraz le rechaza cualquier pacto ambiental civilizado, sea climático, sea de otro tipo.

No, el ecologismo no quema los montes.

 

 Por Juan Miguel de la Fuente

Técnico en seguimiento de fauna. Autor del libro "El Gallipato (Pleurodeles waltl)".

La durísima temporada de incendios forestales que están padeciendo España, Portugal y Francia está movilizando a la opinión pública. Las recientes declaraciones de Carlos Suarez-Quiñones, Consejero de medio ambiente de la comunidad de Castilla y León, no han hecho sino avivar las llamas dialécticas que ya devoraban las redes sociales.

     De sus respuestas a la SER y de la información vertida por los medios de comunicación se extrae que las causas de este empeoramiento se deben a la despoblación, a la política de protección de los espacios naturales y al cese de actividades del primer sector de producción agroganadera, entre otros factores. Toda la crítica parece centrarse en los planteamientos ecologistas y conservacionistas y en la demonización de la mal llamada maleza, que no es sino el monte bajo y, especialmente, el sotobosque. Frente a esta corriente de pensamiento aparentemente única, surgen voces de profesionales del medio ambiente que llaman a la reflexión y al estudio de los datos históricos. En este artículo, Juan Miguel de la Fuente, técnico ambiental, especialista en seguimiento de fauna (Pandion Estudios de Fauna y Medio Ambiente) y autor del libro monográfico El Gallipato (Pleurodeles waltl) tratará de contestar a las numerosas cuestiones que se plantean al respecto, analizando los datos oficiales de los que se dispone.

¿Arde el monte debido a la despoblación rural?

Contrariamente a lo esbozado por los medios de comunicación no especializados, la disminución de habitantes del medio rural no está ligada al aumento de la superficie perdida por el fuego. En una contraposición de datos, podemos ver que en 1985 el pico histórico de superficie incinerada, desde que existen datos fiables, con 484.474 hectáreas quemadas, se dio cuando la población rural aún era el 26% de la población total. A partir de ese momento hay un evidente descenso en el número de hectáreas quemadas (salvo años puntuales), como las menos de 24.000 hectáreas del año 2018, coincidiendo con un censo de la población rural más bajo, situándose por debajo del 20% de los habitantes de España. Si analizamos estos datos, nos damos cuenta de que la superficie arrasada por el fuego disminuye a lo largo de la historia, al mismo tiempo que crece la despoblación rural. No parece, por lo tanto, que tenga alguna relación con el aumento de superficie quemada. Incluso, podría parecer lo contrario. Según datos del MITECO, en la década de los 80 el número de grandes incendios forestales fue más del doble que las dos siguientes décadas.

Por supuesto que los medios contra el fuego han cambiado mucho en estas décadas. Equipos, vehículos y conocimiento han evolucionado mucho. Y el músculo, potencia y profesionalidad, que puntualmente ofrece la Unidad Militar de Emergencia (UME) también ha de ser tenido en cuenta respecto a las estadísticas, desde que este cuerpo se fundó en 2006, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la implementación de sistemas digitales y satelitales, así como otros medios de vigilancia y lucha activa, como drones, han ayudado a que las cifras aterradoras de la devastación de los incendios de los años 80 hayan disminuido drásticamente. Pero aceptar esta idea, desmonta aún más el concepto creado de que el fuego cabalga a lomos de la despoblación.

¿Arde el monte porque no dejan pastorear?

Basta con darse una vuelta por el monte para ver que se puede pastorear. De hecho, no solo no está prohibido, sino que recibe ayudas directas e indirectas de la Unión Europea, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas. Además, estamos viendo incendios forestales de grandes dimensiones en Ávila, provincia que reúne el 85% de la trashumancia de todo el país, o en Málaga, que es el territorio español con el mayor censo de cabras domésticas. De hecho, es en el noroeste ibérico -la zona más afectada por incendios de manera recurrente y de manera histórica- donde se concentra la mayor parte de la ganadería extensiva. Una vez más, los datos y estadísticas confirman esta realidad. Si miramos las causas de los incendios forestales intencionados, vemos que los relacionados directamente con el pastoreo suponen casi un 30%, solo por detrás de la quema agrícola ilegal.

La ganadería tradicional no es, por supuesto, un agente incendiario sistemático. Lo es la gestión que hacen de los recursos naturales un número indeterminado de ganaderos y la costumbre tradicional de dar fuego al monte bajo – e incluso bosques- con el fin de obtener espacios abiertos, facilitando así las labores de pastoreo. Al respecto, ya el Ingeniero de Montes Santiago Pérez Argemí arranca el VIII capítulo de su libro Las Hurdes, escrito en 1921, con esta contundente frase: “No puede ser más deplorable el aspecto que nos ofrece las montañas hurdanas. La codicia e ignorancia de los pastores han destruido la riqueza forestal, quemando los árboles dejando limpias las superficies carbonizadas (…) las llamas que destruyeron las semillas han consumido las raíces que aprisionaban la tierra, han quemado el manjar de las abejas y han abierto paso al pedregal, que avanza como ola de muerte sobre la yerba destrozada”.

¿Arde el monte por las leyes de los ecologistas?

Desde los años 90, coincidiendo con el aumento de la conciencia sobre la conservación del medio ambiente, la profesionalización del sector y la renovación de leyes redactadas, cuando la gestión solo se centraba en el rendimiento económico y no en el conocimiento científico, la superficie forestal ha aumentado casi un 10% en España. Contrariamente a lo dicho frecuentemente en medios de comunicación y redes sociales, las gráficas indican, que, aun habiendo aumentado la masa forestal, el total de la superficie quemada ha disminuido en un 50%. La ampliación de esos espacios forestales y la disminución del impacto de los fuegos está directamente relacionada con las leyes de protección, conservación y gestión de los recursos naturales.

Estas leyes, que generalmente son atribuidas a los ecologistas, como si estos fueran una entidad con capacidad legislativa, han sido escritas e implementadas por los sucesivos gobiernos estatales. Estos gobiernos, de uno u otro signo y en mayor o menor medida, han ido aceptando que la defensa del medio natural es fundamental. La protección de los ecosistemas, la defensa de la biodiversidad y el cambio climático están, sin duda, sobre la mesa de los consejos de ministros desde hace décadas. Pero son los gobiernos autonómicos, en muchos casos, los responsables en ciertas materias medio ambientales que inciden directamente sobre el tema que tratamos. Es el caso de los dispositivos antiincendios, la delimitación de zonas de pastoreo o las autorizaciones para la gestión de los recursos. Y para quitar toda duda sobre el origen ecologista de las mencionadas leyes, basta recordar que son gobiernos autonómicos como el Castilla y León o el de Asturias, que se manifiestan públicamente a favor de cazar especies estrictamente protegidas o en contra de los Parques Nacionales, los que regulan sus espacios naturales y que no se les puede tachar de ecologistas.

Como se aprecia en la gráfica, casi el 70% de los incendios intencionados son provocados por la quema para regeneración de pastos y las quemas ilegales agrícolas. Ambas prácticas prohibidas por leyes creadas para evitar los incendios forestales. ¿Son estas las leyes de los ecologistas?

¿Arden los bosques porque no se limpian?

No: arden porque se les prende fuego. Los incendios naturales por rayos suponen tan solo un 4% de los incendios totales. El resto se podría evitar con más vigilancia, sanciones más duras y leyes que prohíban pastorear, construir, cultivar o cazar durante décadas en zonas quemadas para evitar la especulación posterior al siniestro.

Esto no quiere decir que no haya que limpiarlo. Si hay cartuchos, restos de plástico de la agricultura o cualquier otro tipo de basura hay que limpiarlo y denunciarlo a las administraciones. Pero el matorral y el sotobosque, lo que el desconocimiento hace que se le llame maleza, forman parte del bosque. Son parte de la biodiversidad y de ella dependen un sinfín de especies de animales y vegetales. Eliminarlo sistemáticamente para que no se queme, sería como eliminar los árboles para que no se quemasen. Más bien habría que protegerlo.

¿Los cazadores son los primeros que apagan los fuegos? ¿Antes se gestionaba mejor? ¿Hay suficientes medios?

Preguntas como estas y otras muchas más, lanzadas como afirmación, son las que estos días aparecen continuamente en los medios. En ocasiones, son ideas repetidas, como mantras tradicionales, transmitidos de unos a otros y en los últimos tiempos amplificadas por las redes sociales. Son parte de ese cúmulo de verdades dogmáticas que dominan el conocimiento tradicional de lo rural. No podemos solucionarlas todas, pero algunas se contestan por sí solas. Los que apagan los fuegos son los bomberos. Si hay un incendio y te acercas a ayudar, no te lo van a permitir. Es un trabajo de profesionales. No obstante, se da por hecho que, cualquier ciudadano que vea un fuego hará lo que esté en su mano, independientemente de su hobby. Tampoco se debe llevar agua ni comida a los animales después de un incendio. Los supervivientes buscarán nuevas zonas, pero si se les ceba, no se marcharán y evitarán la regeneración de la superficie calcinada. El buenismo y la visión Disney de algunos colectivos es perjudicial para el medio ambiente en general, por lo que la gestión debe estar en manos de profesionales, con formación y sin intereses económicos.

Antiguamente la gestión se basaba en el rendimiento económico, por lo que se plantaban monocultivos, en muchos casos de especies pirófitas, a lo que llamaban bosque y que son los que se queman sin control en la actualidad. La evolución de los conocimientos sobre el medio ambiente está haciendo que, poco a poco, se camine hacia una gestión forestal sostenible, realizada por profesionales, que sirva para que el número de hectáreas quemadas siga descendiendo, la masa forestal crezca y se vayan reconvirtiendo los monocultivos en bosques de verdad, donde la biodiversidad sea la que esquive los incendios de forma natural, gracias a los cambios en la vegetación, que evitan que se propague el fuego.

En todo lo anterior, lo más importante son los medios de los que disponemos para seguir luchando contra los incendios. Hace falta más vigilancia, más sanciones y más duras, más profesionalización e investigación y, sobre todo, que se empiece a dar a los bomberos forestales el valor que se merecen. No consiste en abrir los telediarios diciendo que son héroes, sino con sueldos y contratos dignos, formación y medios materiales para hacer su trabajo con todas las garantías de seguridad.

Quedan muchas cuestiones y temas en el tintero, como la propiedad privada, que en muchas ocasiones impide la gestión correcta de la zona, el acceso a los dispositivos antiincendios o que los animales escapen del fuego. Se necesitan mayor número de torres de vigilancia antiincendios ocupadas por personal permanente en temporada alta, caminos y pistas practicables y mantenidos durante todo el año, que permitan el acceso adecuado en caso necesario. También acabar con la descoordinación entre comunidades autónomas a la hora de aplicar protocolos o dispositivos. Y, finalmente, que la realidad medioambiental que nos ha tocado vivir esté presente en las mesas de todos los políticos a la hora de tomar decisiones.

Fuente: El vuelo del Grajo

La oleada de incendios propaga el ecofascismo

 

 Por Alberto Mesas   

      Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

Cómo las ultraderechas europeas, Vox y un sector del PP han evolucionado del negacionismo climático a un falso ecologismo nacionalista que justifica la xenofobia

     España se quema. Está siendo el peor verano de incendios en nuestro país en los últimos 30 años. Las decenas de fuegos propagados durante el último mes y medio ya han calcinado más de 300.000 hectáreas, dejando al menos cuatro muertos, más de 30.000 personas evacuadas y multitud de casas y bosques carbonizados.

Esta tragedia también se está utilizando como arma política entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos de las comunidades autónomas más afectadas (Galicia, Castilla y León y Extremadura), donde gobierna el PP, en algunos casos con el apoyo de Vox.

Miembros de la UME trabajan para frenar un fuego en Caminomorisco -Cáceres-, el pasado 1 de agosto.

Sin embargo, la disputa verbal sobre la logística y los efectivos desplegados, las carencias de medios técnicos para extinguir el fuego o la precariedad del personal de emergencias se ha extendido al terreno de la narrativa sobre el cambio climático. Vox no ha dudado en culpar de los incendios al “fanatismo climático” y a la Agenda 2030, y el PP también ha contribuido a construir el discurso antiecologismo difundiendo bulos y desinformación.

Ambos partidos, a través de figuras como Javier Ortega Smith o Isabel Díaz Ayuso, han asegurado que “las agendas ideológicas” prohíben limpiar montes, márgenes de ríos o desbrozar, algo que queda desmentido por el Artículo 48 de la Ley de montes. En 2019 Vox se negó a firmar una declaración institucional que relacionaba los incendios con el cambio climático tras alegar que tenía un “enfoque ideológico”.

Del negacionismo al ecofascismo

El cambio climático, como el feminismo, la violencia machista o la inmigración, es uno de los ejes del discurso reaccionario de la extrema derecha en todo el mundo. Ante la evidencia científica, los partidos ultra han dejado atrás el negacionismo simplista para reorientar la narrativa climática hacia el nacionalismo excluyente.

En este nuevo marco se sustituye la negación por la apropiación de discursos aparentemente verdes que legitiman políticas de jerarquización de la ciudadanía (los españoles primero) y de cierre de fronteras, desplazando el debate ecológico hacia el terreno de la identidad nacional. Así, las aduanas y la cultura se presentan como barricadas protectoras del medioambiente frente a la “saturación” que provocaría lo extranjero.

Otra de las estrategias de la extrema derecha para desplazar el foco de la amenaza climática es culpar al ecologismo por las consecuencias de diversos problemas sociales, como los incendios en España. Hace unos años, el líder del Partido Nacional Británico llegó a responsabilizar a los parques eólicos de la muerte por hipotermia de las personas mayores, y en Alemania el partido neonazi AfD acusó a las políticas verdes de aumentar el desempleo en sectores tradicionales.

El ecofascismo enfatiza la protección del “ecosistema nacional” frente a supuestas amenazas externas. Este discurso ha permitido a partidos de ultraderecha presentarse como defensores del medioambiente y del campo, pero circunscribiendo su visión al nacionalismo, no al ecologismo y la protección del entorno. El origen del término se remonta a los años cuarenta, cuando la propaganda nazi adoptó el concepto Blut und Boden (sangre y tierra) para justificar el vínculo entre pureza racial y tierra que romantizaba la vida agraria y la protección ambiental como parte integral de la nación.

Integrantes de Núcleo Nacional haciendo el saludo nazi.

Vox: localismo y xenofobia

En España, el giro del discurso negacionista clásico hacia el nacionalismo ecológico ha sido impulsado por Vox, aunque en los últimos años lo han incorporado diversos sectores del PP. La formación de Santiago Abascal ha adoptado una visión instrumental de la ecología, vinculándola con la defensa del agricultor local y la soberanía hídrica, a la vez que apuesta por una narrativa abiertamente xenófoba.

En el programa de Vox no hay ninguna medida que contemple crear más zonas verdes o reducir la contaminación; únicamente hablan de agricultores españoles, soberanía de los acuíferos y la deportación masiva de migrantes, muchos de los cuales son jornaleros del campo y trabajan en explotaciones agrarias. Hace tan solo unas semanas, Vox propuso la “remigración masiva” de “millones de inmigrantes y sus hijos”, e intentó justificar la medida no solo con argumentos de seguridad, sino también con la defensa de la identidad y la cultura españolas.

Poco a poco el PP ha ido incorporando parte del discurso y las propuestas de Vox a su propio programa, especialmente en materia de migración. El resultado es un discurso híbrido que tiene un gran calado en zonas rurales. Seduce a votantes que están preocupados por la crisis climática, pero les da el marco discursivo de la inmigración como amenaza para los recursos y la cultura locales.

Ecologismo identitario en Europa

En Europa, el discurso ecofascista ha adquirido formas distintas según el contexto nacional, aunque todos comparten la instrumentalización de la crisis climática y ambiental como argumento para justificar políticas antiinmigración.

En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen también ha mutado del negacionismo a una visión de la ecología como proyecto nacionalista. Le Pen apela a la protección de la producción local frente a la globalización y considera la inmigración como una amenaza tanto identitaria como medioambiental. Miembros del partido, como el eurodiputado Hervé Juvin, han propuesto defender el ecosistema nacional, y presentan la frontera francesa como un elemento “protector” frente al “nomadismo”.

Bajo esta “ecología patriótica” vinculada al localismo y la autosuficiencia, Le Pen ha vertebrado un discurso que impulsa la xenofobia, con la idea central de que sólo la población nacional cuida realmente de la tierra.

Aunque Marine Le Pen no niega abiertamente el cambio climático, varios dirigentes de su partido cuestionan su gravedad o que esté causado por la acción humana. Además, son habituales los ataques a instituciones científicas como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), a las que acusan de alarmismo. También ignoran políticas de adaptación a un escenario de digitalización y evitan comprometerse a aplicar medidas para reducir emisiones de carbono.

Alternativa por Alemania, tradicionalmente negacionista del cambio climático, también ha evolucionado hacia posiciones proteccionistas basadas en el nacionalismo identitario. Si bien mantienen corrientes reticentes a asumir la crisis climática, varios sectores del partido han empezado a articular la defensa de “los recursos alemanes”. Esto se plasma en su rechazo a políticas migratorias de integración como al Pacto Verde Europeo. Se centran en remarcar que ellos priorizan al ciudadano alemán.

Caso similar es el de Italia, donde la Lega y Fratelli d’Italia han incorporado en su discurso ambiental la protección del agricultor local y la defensa del Made in Italy. El argumento identitario se mezcla con propuestas de soberanía alimentaria, la oposición al Mercado Común Europeo y el rechazo a las migraciones, de nuevo deslizando la idea de que los productos nacionales y las comunidades locales son más sostenibles y respetuosas con el entorno. El ecologismo, por tanto, se utiliza para reforzar la batalla cultural por la identidad italiana y justificar medidas proteccionistas y restrictivas.

En Europa central y oriental, Hungría y Polonia son los mayores referentes de cómo los partidos de extrema derecha asumen el discurso ambiental como parte de su estrategia para legitimar políticas excluyentes. En estos contextos, la protección del medio ambiente se convierte en excusa para exaltar la cultura nacional y culpar a migrantes o países vecinos de la degradación ecológica.

En todos los casos se observa una tendencia a enfocar la sostenibilidad desde la óptica de la “resistencia nacional”, donde la transición verde se convierte en un instrumento para proteger las capacidades nacionales y justificar una política migratoria restrictiva, que impide la entrada bajo supuestos como la “saturación ecológica” o el “agotamiento de recursos”.

Este enfoque contrasta con las políticas climáticas solidarias y redistributivas que apuestan por la justicia global, la cooperación y la equidad socioambiental. Mientras las primeras consolidan barreras y jerarquías de ciudadanía bajo la bandera de la ecología, las segundas defienden que la verdadera sostenibilidad implica un reparto justo de recursos y responsabilidades más allá de las fronteras.

En nombre de la seguridad y el control

El concepto ecobordering sintetiza esta tendencia. Los partidos de extrema derecha presentan el cierre de fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias como medidas de protección, también ambiental, justificando barreras físicas y tecnológicas bajo el pretexto de preservar lo nacional. Organizaciones como Adelphi han documentado los efectos de esta retórica en el entorno europeo actual, subrayando el peligro de que la respuesta climática derive en políticas abiertamente excluyentes bajo una falsa apariencia de sostenibilidad.

En 2021, los expertos británicos Joe Turner y Dan Bailey publicaron un estudio donde constatan esta estrategia de la extrema derecha de vincular las políticas fronterizas rígidas con la protección del medioambiente. Esta idea queda perfectamente resumida en las palabras que Marine Le Pen pronunció en 2019: “El ambientalismo es el hijo natural del patriotismo, que es el hijo natural del arraigo”, y “La mejor preservación del medioambiente es la defensa de las fronteras”.

Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre adaptación al clima advierte de que los colectivos más vulnerables (personas mayores, con bajos ingresos o enfermedades) están soportando el mayor peso de los impactos climáticos, desde las olas de calor hasta las inundaciones o los incendios.

Precisamente quienes menos contribuyen a la crisis climática son los más afectados por sus consecuencias. Según un informe de Oxfam y el Stockholm Environment Institute, el 1% más rico produjo más emisiones que el 50% más pobre entre 1990 y 2020. Por lo tanto, es evidente que el proceso no afecta por igual a todos los sectores y clases sociales.

Es lo mismo que concluyen varios estudios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o el informe sobre transición ecológica publicado por el Observatorio Transición Justa, que evidencian cómo en todos los ámbitos vinculados al cambio climático se producen importantes desigualdades de género, renta y edad, que se trasladan también al proceso de digitalización. Por ejemplo, sólo una de cada siete personas ocupadas en empleos verdes en España es mujer, mientras que los mayores y quienes viven en situaciones de pobreza sufren con mayor intensidad el impacto de los desastres naturales.

Fuente: Ctxt