Por
Bruno
Sgarzini Fiel al estilo trumpista de gobierno, detrás de cada funcionario hay un contrato, un negocio, un lucrativo interés que enmascara cada política pública. En este contexto, la persecución, encarcelamiento y deportación de migrantes se ha convertido en un sinónimo de puertas giratorios y conflicto de intereses. Un personaje central de esta trama es Tom Douglas Homan, nombrado como “el zar de las fronteras” de la Casa Blanca y número dos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).
Un vistazo rápido del Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO), por los nuevos contratos del ICE, y del Departamento de Seguridad Nacional, muestran como varios de ellos fueron adjudicados, por ejemplo, a antiguos clientes de Homan en su empresa de asesoría, Homeland Strategic Consulting. Lo que llama poco la atención si se toma en cuenta que la compañía, en su web, se vende como una que posee un “historial comprobado de abrir puertas y brindar relaciones exitosas a sus clientes, lo que resulta en decenas de millones de dólares en contratos federales para empresas privadas”. Incluso, antes de ser nombrado como zar de las fronteras, Homan recibió, al menos, cinco mil dólares por parte de la empresa de prisiones Geo Group en concepto de honorarios por consultoría. Geo Group es una de las dos empresas que opera la gran mayoría de los centros de detención de migrantes de Estados Unidos y ha sido beneficiado en la nueva Administración trumpista con un lucrativo contrato de mil millones de dólares para establecer una cárcel para migrantes en Delaney Hall, Nueva Jersey.
El historial comprobado de Homan en ayudar a empresas a obtener contratos públicos es tal que unos agentes encubiertos del FBI, incluso, se hicieron pasar por potenciales clientes, y lo grabaron mientras prometía favores en el nuevo gobierno trumpista a cambio de que realizara un pago de 50 mil dólares a su consultora. La investigación derivó en una presentación judicial en el Distrito Oeste de Texas por parte del Departamento de Justicia y el FBI. Sin embargo, el fiscal adjunto, Todd Blanche, exabogado personal de Trump, y el nuevo jefe del FBI, Kash Patel, anunciaron su cierre bajo el argumento de que no habían “pruebas creíbles” contra Homan. Como es normal, en el nuevo gobierno trumpista; todo se barre debajo de la alfombra cuando se trata de negocios y sobornos.
Los nuevos conflictos de intereses
Después de fundar su empresa de “consultoría”, uno de sus primeros clientes durante la Administración Biden fue la firma Fisher Sand & Gravel, una constructora con sede en Dakota del Norte que buscaba trabajo en la construcción del muro fronterizo en Texas. Incluso, en 2021, la firma del “zar de las fronteras” se registro como lobista de la constructora en Texas para ejercer presión a favor del contrato a cambio de la módica suma de 186.000 dólares, según los registros oficiales.
Fisher es una empresa controvertida. En 2019, construyó tramos cortos del muro fronterizo en Texas y Nuevo México. La obra fue financiada por “We Build the Wall”, una iniciativa en la que participó Steve Bannon, considerado uno de los primeros estrategas de Trump. Los organizadores consiguieron donaciones privadas mediante crowdsourcing para separar el país de México. En 2020, el fundador de We Build the Wall, Brian Kolfage, Bannon y otros dos hombres fueron acusados de defraudar a los donantes mediante la malversación de fondos recaudados. Los otros tres acusados fueron condenados y encarcelados, pero Bannon evitó el procesamiento federal cuando Trump lo indultó horas antes de dejar el cargo en 2021. Bannon se declaró culpable en febrero de defraudar a donantes en un caso similar presentado por el fiscal de distrito de Manhattan.
En 2024 con la ayuda de Homan, la empresa obtuvo un contrato de 225 millones de dólares de Texas para construir un nuevo tramo del muro fronterizo, a pesar de las críticas contra la empresa por las deficiencias en sus primeras construcciones. Con el regreso de Trump y el financiamiento de varios congresistas republicanos, Fisher Sand & Gravel está de vuelta en el “juego”. En junio de 2025, este antiguo cliente de Homan obtuvo un contrato de 309 millones de dólares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para construir un tramo de 43 kilómetros de muro en el condado de Santa Cruz, Arizona. Las fronteras, como la migración, es una de las áreas de influencia de Homan dado su puesto asignado por la Casa Blanca.
Otro excliente beneficiado en esta administración es USA Up Star, empresa especializada en la construcción rápida de edificios temporales en respuesta a emergencias. La compañía, antes de la asunción de Trump, donó 100.000 dólares al comité de investidura de Trump-Vance en enero y 15.000 dólares en junio de 2024 a un supercomité de acción política (PAC) pro-Trump llamado Right for America. En los meses previos a las elecciones de 2024, según Bloomberg, “los ejecutivos de USA Up Star mantuvieron llamadas y reuniones periódicas con Homan para explorar la posibilidad de ampliar la detención de inmigrantes”. La constructora, según Bloomberg, promocionaba “un extenso campamento de tiendas de campaña en El Paso, Texas, donde las personas serían retenidas en corrales y vigiladas desde arriba por guardias en estructuras de madera”.
En septiembre, la Armada de los Estados Unidos adjudicó un contrato masivo de seguridad fronteriza y control migratorio a docenas de empresas, entre ellas USA Up Star. El acuerdo podría alcanzar un valor de hasta 20.000 millones de dólares para cada contratista a lo largo de varios años, según un comunicado de prensa del gobierno. El contrato incluye trabajos para proporcionar “confinamiento seguro y protegido a extranjeros bajo custodia administrativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.”, según los registros de contratación.
Pero esto no se circunscribe a contratos y negocios; al parecer, Homan utiliza a terceros para recibir dinero a cambio de gestiones dentro del gobierno. Según los registros, SE&M Solutions, una consultora con sede en Pennsylvania reunió a dos de sus clientes con Mark Hall, asesor principal de Homan y miembro de la administración. Por supuesto las reuniones no representan ningún delito, pero todo cambia cuando se cruzan algunas conexiones, según POGO. Hall y el director ejecutivo de SE&M, Charles Sowell, tienen vínculos con la fundación Border 911, una organización sin fines de lucro centrada en la seguridad fronteriza, fundada y dirigida por el “zar de las fronteras de Trump”. Sowell comanda la misma junta directiva de esta fundación a la que, hace pocos años, pertenecía Hall. Otro exmiembro de la fundación es Rodney Scott, director de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza.
Al igual que la empresa de Homan, SE&M promociona sus servicios por tener “acceso a altos líderes del gobierno”.
Todas estas conexiones del “zar de las fronteras” se relacionan más que nada con su prontuario en la industria de encarcelamiento de migrantes. Homan comenzó su carrera policial como agente de policía en West Carthage, Nueva York, en 1983, y después se incorporó al Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, precursor del ICE, hasta convertirse en agente de patrulla fronteriza. Dentro de la institución, escaló posiciones hasta ser ejecutivo de operaciones de cumplimiento y deportación en 2013 durante la presidencia de Obama, un periodo en el que aumentaron las expulsiones a un total de 2,8 millones. En la gestión de Homan, las deportaciones promediaron entre las 300 y 450 mil por año.
En la primera Administración Trump, fue nombrado Director Interino del ICE desde el 30 de enero de 2017 hasta el 28 de junio de 2018. Durante este periodo, los arrestos aumentaron aproximadamente 40%, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Las detenciones pasaron las 143,470 en el año fiscal 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. También eliminó todas las categorías de inmigrantes exentos de deportación y estableció que el ICE “ya no eximiría ninguna clase de individuos” de los procedimientos de remoción si se probaba que estaban en el país “ilegalmente”.
Fue considerado, además, el creador de la política de separación familiar , dirigida a encarcelar menores para disuadir a sus padres de migrar. Esta política separó más de 5,500 niños de sus padres en 2018. Las edades de los niños llegaron hasta los 10 meses, y algunos permanecieron en custodia hasta 25 días -muy por encima del límite legal de 72 horas-. Para abril de 2024, todavía habían 1401 que no habían sido reunidos, de nuevo, con sus familias, según el propio Departamento de Seguridad Nacional. Esta política estableció un nuevo paradigma de crueldad sistemática como herramienta de disuasión.
Este periodo de Homan coincidió con uno de los periodos más lucrativos en la historia de las empresas de prisiones privadas. En su gestión, el ICE pagó, por ejemplo, $807 millones a 19 centros privados solo en el año fiscal 2018 para que albergaran a 18,000 personas - 41% del total de 44,000 detenidos, según el diario The Daily Beast. Las dos principales compañías, Geo Group y CoreCivic, operaban, por ese entonces, más de 16 instalaciones del ICE. Los costos por detenido variaron significativamente: $133.99 por día en promedio, pero las camas familiares costaron $319 diarios y las camas para niños separados llegaron a $775 por noche. Por eso, este nuevo capítulo en la vida de Homan parece el desarrollo natural de una vida al servicio de la crueldad y los negocios.
Fuente: Bruno Sgarzini
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