El inmigrante de los informativos

 

 Por Marco Alagna Morales   

      Colaborador de CTXT.

En 1993, con un 1 % de población migrante, casi la mitad de los encuestados ya los consideraba demasiado numerosos. Treinta años después, el mapa del empleo extranjero y el del voto a Vox no coinciden. Salvo cuando se baja al municipio

Recorte de la portada del Diario de Cádiz del 2 de noviembre de 1988. La fotografía es de Ildefonso Sena.

     Aigues-Mortes, Francia, 1893. Las salinas de Peccais emplean cada verano a varios cientos de hombres para recoger sal bajo un calor que hace casi imposible el esfuerzo. Se paga a destajo. Quienes acuden allí no son trabajadores especializados. Son temporeros del Macizo Central, a los que la región llama trimards, y piamonteses a los que la miseria agraria ha arrojado a los caminos del sur. Estos últimos trabajan en cuadrillas organizadas y consiguen una mayor producción de sal.

El 16 de agosto de 1893, se produce un altercado junto a uno de los depósitos de agua dulce. No es más que una riña entre hombres exhaustos. La noticia circula sin embargo por el pueblo durante la noche y, al día siguiente, se forma una turba. Cientos de franceses, a los que se suman habitantes de Aigues-Mortes que no trabajan en las salinas, persiguen a los italianos por el campo. Ese día, trabajadores franceses matan a golpes y pedradas a trabajadores italianos. El balance oficial asciende a ocho muertos, aunque nunca podrá establecerse con exactitud, ya que algunos cuerpos desaparecieron en las lagunas. En diciembre de ese mismo año se celebra un juicio en Angulema que termina con absoluciones.

Los italianos de Peccais llevaban años trabajando en el lugar. Su número no había aumentado bruscamente durante el verano de 1893 y sus salarios tampoco habían caído de repente. Lo que había cambiado era la rivalidad habitual entre dos grupos de jornaleros, que había adquirido otra naturaleza. Una simple disputa laboral se volvió de repente una oposición entre franceses e italianos. Los socialistas usaron los hechos de Aigues-Mortes para defender una de las medidas que pedían. Querían un salario mínimo para todos los trabajadores, sin importar su nacionalidad. Así buscaban evitar que los extranjeros compitieran de manera injusta con los trabajadores franceses. Édouard Drumont, periodista y escritor de extrema derecha, acusaba a los italianos de aceptar salarios de miseria y pensaba que la solución era expulsar a los extranjeros. Lo decía en La Libre Parole, su periódico antisemita y nacionalista. 

En el Midi, los trabajadores franceses también se enfrentaban a la competencia de trabajadores extranjeros. En Marsella, desde 1888, obreros franceses iban a los barcos donde trabajaban italianos y pedían que los despidieran; en algunos casos lo lograron. En 1893, los trabajadores de la Joliette exigieron que las empresas que trabajaban para el Estado, la provincia o el municipio tuvieran que limitar al 10 % el empleo de extranjeros. El lenguaje era claramente económico. Se acusaba a los extranjeros de quitarles el trabajo a los franceses y de aceptar sueldos más bajos. Un boletín obrero marsellés de 1891 resumía este rechazo hablando de “ese obrero italiano o español” que venía a ocupar un puesto en el taller junto al trabajador francés. 

Posteriormente se registraron incidentes entre trabajadores franceses y españoles en Limoux, en 1894; Perpiñán, en 1897; y Narbona, en 1900. Los expedientes de los Archivos Nacionales franceses recogen así los “incidentes entre obreros franceses y españoles” de Limoux (ref: BB18 1972) y los “desórdenes entre obreros franceses y españoles” de Narbona (ref: BB18 2170). Lo que se repite de un conflicto a otro es menos una hostilidad vinculada a una nacionalidad concreta que un mismo lenguaje de la competencia: el extranjero es presentado como aquel que ocupa el lugar del francés y amenaza su salario.

La historiografía francesa ha documentado con minuciosidad estos episodios poco gloriosos de la historia social del país. Pero este mecanismo no se limita a la Francia de finales del siglo XIX ni a los enfrentamientos entre trabajadores de distintas nacionalidades. Aparece, bajo formas y en contextos muy diferentes, cada vez que una competencia real o supuesta con los extranjeros se transforma en una percepción más general de amenaza económica. La España de comienzos de los años noventa ofrece, a este respecto, un caso paradigmático de percepción ampliamente imaginaria de la competencia extranjera.

El 1 de enero de 1993, España contaba con 393.100 inmigrantes, aproximadamente el 1 % de su población.

Ese mismo año, un estudio del CIS concluía que el 45 % de quienes respondieron a la pregunta, una vez excluidas las respuestas sin opinión (n=2080), consideraba excesivo el numero de inmigrantes (CIS nº 2051).

La proporción era idéntica dos años antes. A la vista de los datos, no puede atribuirse estos resultados a ninguna experiencia de saturación ni a ningún pueblo desbordado por la inmigración, puesto que aquello que los encuestados consideraban excesivo no formaba parte de su experiencia cotidiana. Las demás respuestas del mismo barómetro apuntan en la misma dirección. En 1993, también según el CIS, el 74 % de los encuestados estaba de acuerdo con la idea de que los inmigrantes quitaban trabajo a los españoles, y el 67 % con que hacían bajar los salarios. El estereotipo de la competencia laboral estaba, por tanto, ampliamente extendido en nuestro país a comienzos de los años noventa, aunque esa competencia no se producía materialmente.

Hay que distinguir, por tanto, entre la presión migratoria real y la presión transmitida. Esta última parece estar estrechamente relacionada con el tratamiento mediático, cuyos efectos pueden observarse en los propios sondeos: aquellos en los que la inmigración ocupa el tercer lugar entre los problemas del país coinciden con anuncios de regularización, con su aplicación o con su restricción. Es decir, con los momentos en que la inmigración se convierte en noticia, no con aquellos en los que aumenta. En 1993, además, una mayoría de los encuestados identificaba al inmigrante con el marroquí, aunque los marroquíes ni siquiera constituían el grupo mayoritario entre los extranjeros residentes.

La iconografía que sustenta el estereotipo del inmigrante en nuestro país es, además, anterior a las propias encuestas. En noviembre de 1988, una embarcación naufraga en la playa de Los Lances, en Tarifa; mueren ahogadas once personas y la fotografía tomada por Ildefonso Sena deja una profunda huella en la opinión pública española. La palabra patera empieza a difundirse a partir de 1992, cuando las restricciones derivadas de Schengen modifican las condiciones de entrada, y durante la década se convierte en el símbolo por excelencia de la inmigración, hasta llegar a designar cualquier tipo de embarcación. La opinión pública de 1991 disponía ya, por tanto, de una representación del inmigrante, fijada, casi encuadrada, cuando su presencia real apenas había alcanzado el umbral de visibilidad.

Es lo que el sociólogo Jean Baudrillard denominaba la “desrealización del mundo”. A fuerza de circular, la imagen de lo real termina imponiéndose sobre aquello que pretendía representar. Deja de ser una representación de la realidad para convertirse en la realidad misma, hasta el punto de que la representación de la cosa representada se vuelve más real que la propia cosa. El marroquí o el subsahariano de los informativos españoles, la patera interceptada, la cifra anual de entradas, ya no son, a comienzos de los años noventa, una representación de la inmigración: son la inmigración misma.

España cuenta hoy con unos siete millones y medio de residentes extranjeros (14,9 %), según el censo del INE a 1 de julio de 2026, muchos de ellos empleados en la agricultura intensiva, la hostelería, la construcción y los cuidados a domicilio. La sensación de competencia laboral que los encuestados de comienzos de los años noventa describían sin haberla experimentado tiene ahora sectores, áreas de empleo y salarios concretos. El gráfico que sigue cruza dos variables para diecinueve territorios: en el eje horizontal, la proporción de extranjeros entre los afiliados a la Seguridad Social en cada CCAA; en el eje vertical, el porcentaje obtenido por Vox en las elecciones generales de 2023 en cada CCAA. Si la presencia extranjera alimentara el voto de rechazo, los puntos deberían disponerse siguiendo una pendiente clara. La medida utilizada se limita por comodidad metodológica a los afiliados a la Seguridad Social y deja fuera a desempleados, jubilados, menores y a toda la inmigración irregular. 

El coeficiente de correlación es de r= 0,15 (Bravais-Pearson), con p = 0,53: un resultado sin significación estadística. Conviene precisar su alcance. Con diecinueve territorios, la prueba solo detectaría un vínculo fuerte, y el intervalo de confianza deja abierto un abanico que va de una ligera relación inversa hasta una correlación moderada. Estos datos no permiten, por tanto, descartar cualquier relación entre ambas variables; indican únicamente que no bastan para establecerla. Lo que el gráfico muestra sin necesidad de inferencia es otra cosa: la nube de puntos no dibuja pendiente alguna y los casos extremos se reparten en todas las direcciones.

Porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados a la Seguridad Social, en el eje horizontal, y voto a Vox en las elecciones generales de 2023, en el vertical, para 19 territorios.

Ceuta registra el porcentaje más alto de voto a Vox del país, un 23,3 %, con una presencia extranjera entre los afiliados del 11,4 %, similar a la de Andalucía –aunque su condición de enclave fronterizo con un desempleo masivo la convierte en un caso aparte–. Baleares presenta la proporción más elevada del conjunto, un 26,3 %, y se queda en un 15,2 % para Vox, apenas por encima de la media. En Cataluña casi uno de cada cinco afiliados es extranjero y Vox obtiene un 7,8 %; en Canarias, con un 15,5 % de afiliados extranjeros, se queda en un 7,6 %. Extremadura invierte la lógica: la menor presencia extranjera del conjunto, un 5,7 %, y un 13,6 % de voto a Vox. Murcia y la Comunidad Valenciana, donde ambos valores son altos, no son casos ejemplares sino uno más entre los diecinueve. 

Así pues, el mapa del empleo extranjero y el del voto a Vox no se superponen. Lo que separa a Cataluña de Murcia o al País Vasco de Ceuta escapa a la demografía laboral. La explicación más plausible remite a la historia política de cada territorio y, en varios de ellos, al peso de un nacionalismo periférico que ocupa ya el terreno identitario y deja poco espacio a una formación centralista.

La relación aparece, en cambio, con mayor nitidez cuando descendemos a la escala municipal. Un estudio dedicado a los municipios de la región de Murcia, publicado en 2019 por elDiario.es, encuentra una correlación positiva de r= 0,54 entre la proporción de población extranjera y el voto a Vox, que alcanza 0,58 cuando se considera específicamente la población inmigrante extracomunitaria. El modelo presentado por los autores atribuye a esta variable, tomada de forma aislada, cerca de un tercio de la varianza del voto a Vox.

Este resultado no contradice el observado a escala de las comunidades autónomas. Sugiere más bien que la relación entre presencia extranjera y voto de rechazo puede manifestarse a una escala territorial reducida muy concreta y desaparecer cuando los datos se agregan a otra escala más amplia. La Región de Murcia constituye, a este respecto, un caso especialmente interesante: varios municipios combinan una presencia inmigrante superior a la media regional y un elevado voto a Vox. 

Los casos concretos de dos municipios que se han distinguido por los conflictos locales que han experimentado, como Torre Pacheco en Murcia y El Ejido en Andalucía, ilustran así la verdadera dimensión del fenómeno: los enfrentamientos entre españoles y extranjeros toman forma en espacios geográficos reducidos, a escala del municipio, allí donde la convivencia, la competencia por el empleo y los recursos y las tensiones sociales se vuelven concretamente perceptibles. Es a esta escala donde las relaciones entre poblaciones pueden transformarse en relaciones de competencia, conflicto o rechazo, mucho más que a la escala, necesariamente más abstracta, de las comunidades autónomas.

Este descenso a la escala municipal tampoco invalida lo que mostraba ya la España de los años noventa. Permite, al contrario, precisar su alcance. Si en determinados municipios una fuerte presencia extranjera puede coincidir efectivamente con un mayor voto de rechazo, también ocurre lo contrario: en territorios donde los extranjeros son poco numerosos, la sensación de una presencia masiva puede llegar a imponerse. Extremadura, Asturias o Cantabria ofrecen ejemplos de ello. 

De todo lo que hemos visto hasta aquí se desprende que la percepción de la inmigración no se mide únicamente por su presencia. Cuando la realidad local ofrece pocos contactos con una población extranjera que, sin embargo, es presentada como omnipresente, una parte de esa percepción procede necesariamente de algo distinto de la experiencia cotidiana.

A diferencia del siglo XIX, cuando la percepción del extranjero descansaba más en la experiencia directa y en una circulación de la información mucho más limitada, hoy la presencia extranjera y su percepción son dos realidades distintas. La imagen del extranjero no se construye únicamente a partir de la experiencia directa: también se forma mediante las categorías, los relatos y las imágenes que dan un rostro a esa presencia.

Esta representación puede recuperar, en un contexto contemporáneo, el lenguaje de la competencia económica que ya era visible en los conflictos del siglo XIX. En España, la investigadora López Talavera observa que, a partir de 2010, en el contexto de la crisis económica, los medios conceden mayor espacio al temor a la competencia de los inmigrantes por el acceso al mercado laboral y a las prestaciones sociales. Algunas informaciones presentan al colectivo inmigrante como parte implicada o incluso como responsable del conflicto económico, mientras que uno de los estereotipos señalados en la literatura sobre el tratamiento mediático consiste en asociar la inmigración al desempleo de la población activa española. El extranjero no aparece así únicamente como un otro demográfico o cultural: también puede ser construido como aquel que ocupa el lugar del nacional, compite por su empleo o pesa sobre los recursos colectivos.

De todo ello se desprenden dos exigencias políticas. La primera concierne a los medios de comunicación. La construcción reiterada del inmigrante como amenaza, delincuente o competidor económico no carece de consecuencias sobre la percepción colectiva. Los trabajos dedicados al tratamiento periodístico de la inmigración llevan tiempo reclamando un refuerzo de las normas deontológicas y una mayor contextualización de las informaciones.

La segunda concierne a las políticas públicas. Es urgente replantear las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio para evitar fenómenos de hiperconcentración territorial que pueden transformar una presencia demográfica en una experiencia cotidiana de competencia o de separación. No se trata de negar las realidades de la inmigración ni de imponer una dispersión administrativa de las poblaciones, sino de evitar que determinados territorios acumulen de forma duradera concentración migratoria, precariedad, dificultades de acceso a los servicios y escasa mezcla social. De lo contrario, dejamos en manos de los conflictos locales, de los discursos políticos y de las representaciones mediáticas la tarea de dar sentido a una realidad territorial que los poderes públicos deberían haber anticipado mejor.

Fuente: CTXT

Bulos y balas

 

 Por Joaquín Urías

Profesor de Derecho Constitucional. Exletrado del Tribunal Constitucional. 

     El peligro es inminente. Las autoridades tienen que actuar antes de que esta gentuza organizada y cada vez más numerosa consiga organizar su noche de los cristales rotos.

En los últimos meses está proliferando determinado tipo de bulos a través de redes sociales, canales de Telegram y supuestos medios de comunicación. No son mentiras inocentes, ni las habituales fake news para favorecer a determinados grupos políticos. Se trata de bulos destinados a crear inestabilidad social y provocar una reacción agresiva en las calles de nuestras ciudades. La tendencia se ha intensificado después de que en el Reino Unido un movimiento similar consiguiera que escuadrones de extrema derecha atacaran comercios de inmigrantes, centros de refugiados, bibliotecas y a personas de otras razas, culpando a la comunidad extranjera y racializada de supuestos crímenes que no habían cometido.

El caso más reciente ha utilizado el terrible asesinato de un niño de 11 años por parte de un joven español de 20. Desde perfiles de conocidos periodistas, políticos y propagandistas de extrema derecha se difundió falsamente que el autor era un menor migrante, con la intención de criminalizar a toda la población de origen extranjero. Al poco, centenares o miles de personas, de mala fe, comenzaron a propagar por las redes sociales llamamientos expresos a quemar la mezquita de la localidad donde se había cometido el asesinato, a atacar un hotel cercano, donde hay alojados menores inmigrantes o, en general, a salir a la calle en pogromos contra cualquiera de otra etnia o religión. Junto a la multitud de malnacidos que pedían muertes, empalamientos y palizas, otros miles de ciudadanos ligeramente más moderados se limitaban a evidenciar el “problema” que, según ellos, supone la inmigración para un supuesto aumento de la violencia.

Ciertamente, vivimos el peor momento de las últimas décadas para los derechos humanos. Hace unos días, personas que se consideran de buena fe, algunas de ellas religiosas o progresistas, proponían dejar que se ahogaran los migrantes náufragos que zozobren en el Mediterráneo. Cuando una persona que se considera decente se permite abogar públicamente por dejar morir a sus semejantes en situación de peligro, definitivamente estamos renunciando a los valores esenciales de la humanidad y entramos en un nuevo paradigma, donde la idea misma de persona pierde su valor. Este contexto de degradación moral lo aprovechan quienes quieren provocar la violencia física contra sus oponentes.

Junto a los bulos que acusan a los migrantes o los musulmanes de cualquier delito que se cometa, están también proliferando los que acusan a periodistas o políticos de izquierda de delitos imaginarios, con idénticas respuestas agresivas. A un periodista homosexual, muy cercano a Podemos, se lo ha acusado falsamente estos días de coquetear en redes con un adolescente, lo que ha provocado centenares de amenazas de muerte, mutilación o tortura contra él. La noticia falseada siembra la mentira, pero quienes amenazan así a una persona son quienes animan a la violencia.

La convivencia democrática está en peligro, hablar de delitos de odio solo sirve para minimizar la amenaza a la que nos enfrentamos

 

Todo esto ya no tiene que ver con los estudios sesudos sobre la posverdad. Tampoco se trata estrictamente de un fenómeno de desinformación, como los que contaminan los procesos electorales o la información sobre conflictos internacionales. Es un movimiento nuevo que puede suponer la mayor amenaza a la convivencia cívica de las últimas décadas. En paralelo a los bombardeos israelíes sobre Gaza, que han causado ya más de 40.000 muertos, se fomentan los disturbios en las calles y se anima a la eliminación física de árabes, extranjeros y homosexuales, como válvula de escape a las frustraciones de una población especialmente alienada. Ni la sociedad ni el Estado pueden permanecer inermes frente a estas amenazas. Jurídicamente, hay mecanismos para perseguir y castigar a los culpables de estos intentos de desestabilización que ponen en peligro la vida y la integridad de los demás, sin necesidad de recurrir a categorías ideológicas como la de delitos de odio. Pero hace falta una voluntad en las instituciones, que a veces flaquea cuando no son lo suficientemente imparciales.

En efecto, resulta tramposo invocar ahora los instrumentos que supuestamente castigan la expansión del odio en nuestra comunidad. Se trata de instrumentos ideológicos que castigarían el pensamiento intolerante en lo que tiene de disidente, aumentando la victimización de quienes ocultan sus delitos bajo la cobertura de presentarse como antisistema. Desde hace muchos años, algunos académicos venimos alertando de los riesgos que para la libertad de expresión supone la generalización de la categoría “delitos de odio”. Son la excusa ideal para que las mayorías políticas silencien el discurso disidente. Se trata de un concepto arbitrario y subjetivo que solo puede aplicarse de manera discrecional y que refuerza la errónea convicción de que podemos cancelar o castigar la difusión de todo aquello que no nos gusta oír. En estos momentos en que la convivencia democrática está en peligro, hablar de delitos de odio solo sirve para minimizar la amenaza a la que nos enfrentamos.

El riesgo de los bulos deliberados creados estos días no es que fomenten el odio. Si lo hicieran, tampoco sería evidente que fomentar el odio deba ser delito, pues cada uno tiene derecho a tener sus filias y sus fobias. Sin embargo, ahora el riesgo ya no está en el terreno de las ideas, sino en el de los hechos. No se está animando a la población a odiar, sino a asesinar, apalear o destruir.

Basta aplicar las leyes para identificar y perseguir penalmente a quienes participan en los llamamientos a asesinar, violar y quemar

 

Los mecanismos penales para frenar estos actos existen hace años. No hay que innovar, sino aplicarlos. Las amenazas son un delito, sin necesidad de odio alguno. La provocación a delinquir está prevista en el Código Penal. Aparece específicamente castigada en lo que se refiere a provocar al homicidio, a las lesiones o a los desórdenes públicos. No hacen falta creaciones novedosas, ni fiscalías especializadas para perseguir a quienes utilicen las redes sociales y los medios de comunicación para incitar a darle una paliza a alguien, a quemar una mezquita o directamente a matar a otro. Se trata de delitos simples y habituales. Calificarlos como odio contribuye a dotar a esas conductas naturalmente antijurídicas de un contenido ideológico o político que no tienen.

Hace falta, pues, voluntad de usar las herramientas que ya tenemos. Y ahí es donde pueden flaquear instituciones del Estado como jueces, fiscales y policías. Especialmente, si el movimiento insurreccional es masivo y ellas mismas están, como ocurre en ocasiones, contaminadas por las ideologías que promueven esta situación. Cuando desde las cuentas en redes sociales de los jueces se difunden bulos racistas, xenófobos o antifeministas; cuando los fiscales manifiestan en público sus fobias a determinadas ideologías y su lealtad a la patria antes que a la ley; cuando los agentes de los cuerpos de seguridad se pasean con signos de partidos de extrema derecha o reciben formación de sus miembros, es muy posible imaginar que ninguna de estas instituciones va a actuar con la diligencia debida contra el germen de la intolerancia de quienes ahora llaman a cometer pogromos y puede que acaben lográndolo.

No son unos locos aislados, sino un movimiento organizado y deliberado que el sistema judicial tiene la obligación de frenar

 

Las redes sociales permiten que en los llamamientos a apalear a extranjeros, a quemar mezquitas o a linchar a periodistas participen centenares de personas. La masa furibunda se expresa en las redes antes de juntarse en la calle. Eso no impide su persecución. Cuando hizo falta, el Estado fue extremadamente eficaz en silenciar cualquier expresión pública de apoyo al independentismo vasco que pudiera parecer, siquiera indirectamente, enaltecimiento de los métodos terroristas. Basta aplicar las leyes para identificar y perseguir penalmente a quienes participan en los llamamientos a asesinar, violar y quemar, empezando por sus principales instigadores. La decisión de hacerlo solo surge del pleno compromiso con el sistema democrático de derechos y libertades. Ese mismo compromiso que parece tan débil entre quienes solo ven el Estado desde el prisma de su ideología política.

En realidad se trata de una amenaza que excede con mucho la disyuntiva entre izquierda y derecha. El portavoz de la familia de Mateo, el niño asesinado en Mocejón, recibió amenazas de muerte por ser misionero en África y concejal del Partido Popular. Los que sueñan con masas en las calles quemando negocios de extranjeros, asaltando centros de menores y apaleando a homosexuales se califican de apolíticos y ven un enemigo en cualquiera, de izquierda o de derechas, que crea en los derechos humanos.

El peligro es inminente. Las autoridades tienen que actuar antes de que esta gentuza organizada y cada vez más numerosa consiga organizar su noche de los cristales rotos. No son unos locos aislados, sino un movimiento organizado y deliberado que el sistema judicial tiene la obligación de frenar. Antes de que pasemos de los bulos a las balas.

Fuente: Cxtx