El desahucio del Mar Menor y el pacto de los farsantes

 

 Por Pedro Costa Morata

No, no es verdad -y esto es de convicción casi general- que las administraciones públicas estén trabajando por resolver los problemas ecológicos del Mar Menor. Al revés, están guardando, cubriendo y hasta alimentando a los causantes, consintiendo en la permanencia de los terribles impactos que degradan y condenan a nuestra albufera. Lo que sí hacen es el paripé, el teatro y la pérdida de tiempo (ganancia para ellas), con la irresponsable compensación de volcar millones en un escenario de impostura pertinaz, aunque con luces y taquígrafos.

No sin cierto retintín (conociendo el percal), los medios destacaron el paseo, al alimón, de la ministra Ribera y el presidente López Miras, por la ribera del Mar Menor para “recuperarlo”, aludiendo a “acuerdo”, “sello de la paz”, “segunda oportunidad”, “comienzo de una nueva etapa”, etcétera, que son términos, típicos y clásicos, de la palabrería hace tiempo consagrada en este asunto; que es lo que aquí yo destaco, consciente de que invento bien poco. La ocasión la ha causado la firma conjunta del protocolo (entre las tres administraciones del Estado) para la creación de la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, que tiene como objeto “coordinar y cooperar institucionalmente en la ejecución de las políticas y actuaciones públicas que afecten a la laguna”.

El gesto de esos políticos por el Mar Menor sucedía en pocos días a la publicación del resultado del concurso público abierto a mediados de 2023 para otorgar subvenciones a entidades que se postularan con propuestas para la “Restauración y Mejora ambiental del Mar Menor”. Unas propuestas que ignoraban el hecho evidente de que los problemas ambientales no se resuelven sin actuar sobre las causas, por más millones que se echen al actuar sobre los efectos; cosa que es de puntual conocimiento de quienes participan en la patraña (pero como si nada, oigan).

El esquema de la inepcia y la mala voluntad siempre es el mismo y no varía: se acuerda no tocar lo importante (fase de entendimiento implícito), se crea una comisión y se encarga un estudio; o veintidós, como es el caso. En ocasiones se crea, además, un órgano ad hoc, como se hizo con la Dirección General del Mar Menor, autonómica, que empezó a funcionar con inútiles de mucho cuidado, carentes de la menor sensibilidad ambiental. Nada de lo cual servirá para gran cosa, fuera de celebrar reuniones, entretener a la prensa, dejar que pase el tiempo y actuar in extremis ante las emergencias sin afectar a la dinámica de degradación, parcheando con remiendos y taponando fugas: total, nada de nada.

La Fundación Biodiversidad ha debido seguir tres criterios a destacar en la concesión de las subvenciones: cuidar el clientelismo, o sea, camelar a los (potenciales) críticos que se dejan (en definitiva) comprar; apaciguar a los (rebeldes) culpables; y, envolviendo a ambas, cuidar el entretejido del sainete, es decir, aparentar una preocupación inexistente y ganar tiempo en la barahúnda inconstante del clamor por los crímenes contra la laguna; es decir, marear la perdiz.

Y como de repartir dinero se trata, el MITECO, patrono de esa Fundación, mantiene lo esencial de su hoja de ruta: disimular su preocupación acallando voces críticas que señalan lo que -verdaderamente- hay que hacer, y convertir las desgracias del Mar Menor en atractiva -y facilona- fuente de ingresos y negocio para empresas, consultoras y fundaciones. Brevemente aludiré, por lo que a los agraciados por la generosidad oficial se refiere, a los que callan y apoyan, como las dos universidades públicas (a las que el interés social y la ética pública trae al pairo), y el grupo (de negocios) Anse, que fuera ecologista y que funge de pesetero e inmobiliario. Unas palabras, qué menos, para la Fundación Sierra Minera, premiada, como Anse, con más de medio millón de euros, a la que mi experiencia (larga y acre, así como harta de mojigangas) ve como chiringuito de existencia semi clandestina y de cuyos trabajos se ignora casi todo, así como de su utilidad social.

                                            

           Los máximos ganadores del concurso, los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier ven correspondida su histórica afinidad por el urbanismo cerril y depredador y su fatal impacto en las aguas marmenorenses, con casi dos millones de euros. A los que sigue, en nivel de emolumentos, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, gran agente cautelar del crimen del Mar Menor y con la que -pese a ello- la ministra Ribera mantiene especiales lazos de entendimiento. En el grupo de entidades distinguidas, y que pertenecen al mundo de enemigos necesarios o funcionales de la laguna, hay que incluir a dos organizaciones, ASAJA y COAG, a la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena y, sobre todo, a Proexport, ese lobby en la cúspide del agropoder que manda en el agrocantón murciano y, por lo tanto, visible y activo motor de nuestras agrodesgracias. A estas últimas organizaciones, en lugar de llevarlas a los tribunales penales y reclamarles multas de miles de millones de euros, al MITECO le da por seducir, con dinerillo y una sonrisa, para que, si es posible, nos llevemos bien todos. Esa sería la más propia y leal política oficial desde ese Ministerio, ya que el Gobierno de España no lanza un 155 constitucional contra la institución autonómica, al menos en sus competencias ambientales, por reaccionaria, rebelde, tóxica y falsaria: por ser un peligro público, en suma.

          Este cronista no conoce el enunciado de los trabajos premiados, y alinea su juicio según la significación socioecológica de los premiados; pero no duda en rechazar que algo de todo esto tenga que ver con esa Transición Ecológica que -tan adulterada y chuscamente- pretende llevar adelante el MITECO. Y llama a la ofensiva civil y cívica, ecologista y social, tenaz e inteligente -con menos aspavientos, romerías y lamentaciones; y más, mucha más indignación y agresividad contra esta farsa y estos farsantes, por el bien del Mar Menor.