Los sindicatos mandan un mensaje a la patronal: la huelga por la vivienda será legal y está justificada

 

 Por Laura L. Ruiz   

      Mujer, vegana y de Moratalaz. Ah! y periodista.

Al igual que ocurrió con la huelga feminista o por Palestina, las agrupaciones empresariales intentan generar dudas sobre la legalidad de los paros generales.

Manifestantes por la vivienda en Madrid, el 3 de octubre.

     Mientras que los sindicatos se apresuraban a responder a las demandas que se han visto este fin de semana en todas las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda, la patronal buscaba argumentos para impedir una posible huelga. “No son de naturaleza laboral”, “difícilmente justificable” o “claro componente político y electoral” son algunas de las reflexiones que han hecho las agrupaciones empresariales CEOE y CEPYME en un comunicado. Para la patronal mayoritaria, la demanda sobre el derecho a la vivienda “quedan al margen de la gestión de las empresas” y dejan entrever que podría ser hasta ilegal. 

Lo cierto es que se trata de un discurso similar al que se escuchó con la primera huelga feminista o con los paros por Palestina. En ambas fue una huelga general legalizada, con argumentos laborales y sin ningún tipo de irregularidad en su proceso. “La de Palestina supuso mucho más complejidad, pero se indicó que el dinero público se estaba invirtiendo en armamento y esto afecta directamente a la clase trabajadora”, explica a El Salto Miguel Fadrique, secretario general de CGT, que asegura que la afectación en esta huelga es mucho más clara: “Sin salarios dignos no te puedes comprar una vivienda”.

“Diría incluso que vamos tarde, pero hasta el estallido social por el desahucio de Maricarmen no ha hecho que se produzca”, comenta Fadrique en respuesta a por qué llega ahora y no antes la convocatoria de una huelga general. “Es que el problema es mucho más grande que el precio de un alquiler o el precio para comprar una casa. Está directamente ligado a los salarios, que son totalmente insuficientes”, explica. En esta misma línea se muestran CCOO y UGT, que ya han expresado su intención de apoyar la huelga general por la vivienda. 

“La posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan acceso a la vivienda es un aspecto central en la reivindicación de esta huelga, que ha sido impulsada por otras organizaciones como el Sindicato de Inquilinas”, explica a El Salto Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO. “La accesibilidad a la vivienda está condicionada por la especulación, pero también por los salarios excesivamente bajos”, añade. Precisamente ahí ven la justificación laboral que hace que la huelga sea perfectamente legal: la cuestión salarial. “Los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de un orden mundial caótico en el que vivimos, donde el precio de la energía se dispara y los precios de los productos básicos suben, muchas veces solo para garantizar los márgenes de beneficios de las empresas”.

“Con esta huelga, los trabajadores y las trabajadoras dicen claro que queremos tener vivienda, un salario digno y que no queremos ser quienes paguemos las consecuencias de la guerra y la inflación”, explica e indica que no son unas reivindicaciones improvisadas, si no que el sindicato lleva muchos años advirtiendo sobre el coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo. 

Gutiérrez, preguntado por el interlocutor de esta huelga general, tiene claro que no es solo uno. “No se convoca por un ataque concreto sobre nuestros derechos, lo que hace es poner en el centro una plataforma reivindicativa para los y las trabajadoras: interpelamos al Gobierno actual, al posible Gobierno futuro, a todas las administraciones incluidas las Comunidades Autónomas y, por supuesto a las empresas y a las organizaciones patronales”. A este respecto, el miembro de CCOO recuerda que la patronal ha estado bloqueando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. “No acceden a las subidas importantes de salarios que hay que hacer para compensar la inflación”, indica. Por eso manda un mensaje claro: “Que se sienten a negociar”. 

Ese mensaje se extiende al futuro Gobierno. Con el adelanto electoral, han quedado muchos temas en el aire que los partidos que ahora están en la oposición no garantizan. “¿Qué pasa con el registro horario, con el estatuto de los becarios, con las directivas europeas por transponer, con la revalorización de las pensiones?”, se pregunta. Gutiérrez también advierte que las Comunidades Autónomas tienen el deber de garantizar los servicios públicos, algo que afecta directamente al poder adquisitivo de la clase trabajadora. “Estamos viendo que muchas personas se están viendo obligadas a recurrir al mercado privado por el deterioro de los servicios públicos, sobre todo en educación, sanidad o temas sociales, lo que hace que pierdas poder adquisitivo”, explican desde CCOO.

En este sentido, desde CGT también indican que la huelga general no va contra el Gobierno actual solo. “No miramos el color del gobierno porque este ni ha hecho lo que podría hacer ni esperamos nada del futuro Gobierno, del color que sea, dependemos de la calle, de las movilizaciones para lograr los objetivos”, explica Fadrique que, eso sí, refuerza la idea de unidad. “Queremos hacerlo de forma conjunta, lograr paralizar el país y que estemos a la altura de las circunstancias, sin protagonismos ni egos”, comenta a este medio.

Lo cierto es que aunque la mayoría de sindicatos se han mostrado favorables a convocar o a apoyar la huelga, aún no se sabe quién dará el paso de liderar las gestiones de su legalización —es decir, ser el interlocutor con la mediación obligatoria en huelga— y cuándo se pondrá fecha. La mayoría de los sindicatos sitúan la fecha a principios de noviembre y antes de que empiece la campaña electoral, pero seguramente la fecha no se conozca hasta finales de la semana. Las conversaciones entre el Sindicato de Inquilinas y las centrales laborales empiezan este mismo miércoles.

“Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación del Estado se hayan puesto al lado de un movimiento que lleva diez días en la calle luchando por la vivienda digna”, explica Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en referencia al compromiso de UGT y CCOO a apoyar una huelga general, y asegura que “la huelga será de todo el pueblo”. “Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conseguir el derecho a una vivienda digna”, ha indicado a los medios y asegura que en breve se presentarán fecha y calendario de acciones para garantizar que la huelga general sea “masiva” y así lograr lo que se persigue. 

Apoyo mayoritario de otros sindicatos

De los primeros en apoyar una huelga general en Madrid han sido los sindicatos de clase CNT, Co.Bas, Solidaridad Obrera y la Plataforma Sindical de EMT que ya forman parte de la Mesa Sindical por la huelga general junto con CGT y el Sindicato de Inquilinas. “La vivienda y el trabajo no son luchas separadas”, han explicado en un comunicado conjunto que emitieron el mismo viernes 2 de octubre, justo después de que el Congreso tumbara los dos decretos por la vivienda. “La subida de los alquileres es una transferencia directa de la riqueza desde la clase trabajadora hacia el rentismo”, sentencian y añaden que, en el camino hacia la huelga general, el primer paso es el apoyo a la huelga de educación que se llevará a cabo en la Comunidad de Madrid el próximo 14 de octubre.

En Galicia, la CIG ha hecho público este martes que se suma a convocar la huelga general en Galicia ante la “insoportable” subida de precios en las viviendas, lo que genera “un empobrecimiento de la clase trabajadora” y ante la “falta de medidas de los gobiernos para garantizar” una vivienda digna. La central gallega llama al “conjunto del tejido social y sindical a la movilización y a que se haga efectiva una convocatoria de huelga general en la primera semana de noviembre”. Entre las reivindicaciones figura la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un refuerzo de los servicios sociales y más medidas de protección social. A la Xunta le reclaman un Plan de Choque recogido en los presupuestos de 2027 para hacer frente a la inflación. “El aumento constante e imparable de los precios de la electricidad, el combustible, los productos de primera necesidad y la vivienda está llevando a la ruina a la población y a las clases trabajadoras”, ha advertido el secretario general de la CIG, Paulo Carril.

Desde LAB se han apresurado a apoyar la convocatoria de una huelga general y se declaran dispuestos a hacerlo de forma conjunta con otros sindicatos. Además de reivindicar los alquileres indefinidos, recuperar las viviendas en manos de fondos buitres para expulsarlos o acabar con las ayudas fiscales que solo “alimentan al rentismo”, el sindicato manda un mensaje al PNV y al Gobierno vasco. “Los jeltzales han trabajado a favor de la patronal inmobiliaria y, en definitiva, de los especuladores”, explican en referencia al ‘no’ del PNV al segundo decreto que rechazaron en el Congreso de los Diputados. Por eso, LAB exige al partido nacionalista que “renuncie a aplicar políticas que den la espalda a las y los trabajadores tanto en Madrid como en Euskal Herria” y cree que es posible lograr en Euskadi y Navarra lo que no se ha logrado en la Cámara baja. 

El sindicato ELA también ha anunciado que apoyará la huelga general, aunque no ha dado más detalles. El discuto que argumente su respaldo podría encajar perfectamente con la reivindicación de subida de salarios que se pedía en su propuesta para no tener ningún convenio por debajo de los 1.500 euros mensuales. Un techo salarial que junto con la reivindicación de un SMI propio para Euskadi y Navarra podría hacer frente a la inflación provocado en parte por el precio de la vivienda.

Fuente: El Salto

CCOO y UGT se suman al llamamiento de huelga general y acuerdan convocar para este otoño

 

 De Redacción El Salto

La noticia del adelanto electoral no ha frenado las intenciones de los dos sindicatos mayoritarios de apoyar un parón “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”.

Fotografía de Alberto Astudillo.

     Lo pedía el Sindicato de Inquilinas, a lo que se sumaron muchos otros colectivos que abarrotan las acampadas como las de la Puerta del Sol, y los representantes de los dos principales sindicatos se pasaron por la acampada madrileña para mostrar su apoyo a la idea de una huelga general con el problema de la vivienda en el centro.

Manifestación en Logroño este pasado domingo en la que se ha pedido vivienda universal o huelga general.

Parecía que el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez en la mañana de este lunes podría calmar las aguas revueltas, pero no ha sido así.

Los sindicatos UGT y CCOO han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, según reza un comunicado conjunto publicado por las dos organizaciones obreras. Aunque todavía deberá ser ratificado por los órganos de dirección, los sindicatos se reafirman sobre sus declaraciones tras la caída de los dos decretos de vivienda el pasado viernes. 

La fecha todavía es una incógnita. El comunicado apunta a que “se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas”. “Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, afirman en el texto firmado de forma conjunta y en referencia a las masivas manifestaciones que recorrieron las calles de todo el Estado. 

No esconden su descontento con el Gobierno central, aunque apuntan a todos los niveles administrativos con responsabilidades en la crisis habitacional que sufre el país: “La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda; la renovación del AENC [Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva] y el desbloqueo de los convenios colectivos son ámbitos para demostrarlo”.

“Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, afirman los dos sindicatos en un llamamiento a las personas trabajadoras a sumarse a la campaña y al parón cuando haya una fecha definitiva consensuada con el resto de actores.

Fuente: El Salto

Manifestación en Murcia contra los desahucios, por el derecho a la vivienda y hacia la huelga general.

Una semana acampados por la vivienda: las organizaciones avanzan hacia la huelga general

 

 Por Alejandra Mateo Fano   

      Periodista y activista que escribe sobre justicia social.

Tras la caída este viernes de los dos decretos en el Congreso, las inquilinas han convocado una movilización que arrancará este sábado en Madrid a las 12.00 y se replicarán en más de 50 ciudades de todo el Estado.

Integrantes de la acampada de vivienda se concentraron este viernes afuera del Congreso.

“Hoy el Congreso tenía la responsabilidad de escuchar la oleada de protestas y aprobar unas medidas de mínimos. Hay una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso secuestrado por el rentismo”.

Contrapoder y pulso al rentismo. Fotografía de Álvaro Minguito.

Así respondía en la mañana de este viernes desde la Puerta del Sol el Sindicato de Inquilinas ante el anuncio que marcaría inevitablemente el rumbo del resto de la jornada: los dos decretos de vivienda nacidos del ‘caso Maricarmen’ han decaído en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La ciudadanía pronto se ha mostrado preparada para dar respuesta en las calles a esta negativa.

La primera norma ha caído con 172 síes y 178 noes y la segunda, con 166 a favor y 184 en contra. Ya en febrero los posconvergentes tumbaron la moratoria antidesahucios para personas vulnerables que protegía desde la pandemia a más de 60.000 hogares, así como otras medidas del llamado escudo social.

Macrodesahucio en Collado Villalba el pasado 19 de febrero.

Esta vez el batacazo se ha confirmado tras más de cuatro horas de intenso debate, aunque el resultado no ha modificado sustancialmente el ánimo de las presentes en el km 0.

Esto ha sido así en parte porque la gran mayoría era consciente de la compleja aritmética electoral con la que se contaba desde el principio y porque, como esgrimían algunos desencantados, “tras ocho años de legislatura teóricamente progresista sin hacer nada, ya habíamos visto antes el carácter regresivo de las actuales políticas de vivienda”.

Los acampantes siguieron en directo y reunidos en silencio desde sus pantallas una votación de infarto con un desenlace que nadie deseaba pero muchos auguraban.

Una joven sigue con su móvil el debate sobre los decretos de vivienda, afuera del Congreso.

“Era la crónica de una muerte anunciada”, deslizaba desde su tienda un joven acampado desde más de cinco días. Además, desde un primer momento los colectivos habían criticado el “troceo” del ‘Decreto Maricarmen’ con el objeto de dejar fuera las medidas más ambiciosas y contundentes. Ahora todo ha quedado en papel mojado: la moratoria antidesahucios para las familias vulnerables, la prórroga de dos años de los alquileres, la renovación automática y la regulación de los alquileres turísticos y de temporada se han convertido hoy en un triste recuerdo de lo que podría haber sido el resultado de una lucha histórica.

“Todo lo que hemos aprendido estos días que llevamos acampadas desde el sábado, continúa. Pero no continúa solo en Sol, continúa en cada barrio y en cada centro de trabajo, en cada centro de salud, en cada AFA, en cada colegio, porque allí donde hay vida, donde se organizan las personas y donde se está sufriendo el malestar de la vivienda, es donde tenemos que tener los esfuerzos puestos para organizar a la gente, para organizar ese poder popular”, ha señalado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, minutos después de decaer los soñados decretos.

Con esta pulsión de continuidad indefinida, este fin de semana la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado manifestaciones en más de 50 ciudades de todo el Estado.

Cincuenta movilizaciones por la vivienda recorren el Estado. Convocatorias previstas entre el 2 y el 5 de octubre.

La de Madrid arrancará este sábado a las 12.00 a través de cuatro columnas que se digirirán hacia Cibeles bajo el lema “Hacia la huelga general por la vivienda. Bajadas de alquileres al 50 % y expropiación de fondos buitres Ya”. Seguirán reclamando contratos indefinidos, expropiaciones masivas fondos buitre e inmobiliarias como Urbagestión y una bajada de los alquileres al 50 %. “Es prioritario seguir acumulando fuerza para convertir las demandas de la ciudadanía en ley, y hacer que bloquearlas tenga un coste político. Vamos a hacer que quienes den la espalda al pueblo tengan que dejar su sitio en el parlamento”, han clamado. Mientras se suceden las protestas por el bloqueo parlamentario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que decidirá este fin de semana si adelanta las elecciones generales a antes de que acabe este año.

El horizonte próximo no es otro que seguir con la lucha inquilina más allá de los confines de la acampada con la proyección de una huelga general “que pare el país” y que cuente con apoyos mayoritarios. Además, se espera que estos parones coincidan con el apoyo del inquilinato hacia la huelga de educación que arrancará el próximo 14 de octubre.

Más de diez mil personas salen a la calle el pasado domingo 27 de septiembre de 2026 para defender la educación pública frente a los ataques del Gobierno regional de Ayuso.

“La traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga”, han afirmado.

Entre estas alianzas figurarían previsiblemente sindicatos laborales y comités de empresa, asociaciones vecinales y de centros educativos, colectivos de estudiantes universitarios. Fuerzas también del movimiento ecologista, antirracista y feminista que han caminado de la mano del inquilinato organizado estos últimos meses a través de uniones como la Confluencia de Luchas.

Muchos de estos agentes sociales han llevado a cabo este último año sus propias movilizaciones, como es el caso de las educadoras en lucha. Las maestras infantiles de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI) han formado también parte activa de la acampada. Desde el pasado 7 de abril sostienen una huelga que ha cristalizado en una modificación del Real Decreto 132/2010 que promete la bajada de ratios. Rosa, una de sus integrantes, confesaba su frustración tras el rechazo parlamentario de los decretos que consideraba un avance para muchos colectivos. Además, si se volvieran a reconvocar elecciones generales, la modificación del mencionado decreto pendería de un hilo y podría caer en saco roto.

“Nos sentimos bastante decepcionadas porque si después de este movimiento en que la ciudadanía ha dejado claro que hay que regular la vivienda, aún así no sale adelante, ¿para qué sirve entonces la política?, deslizaba a este medio a escasos metros de las pancartas que rodean la ciudadela de tiendas. El lunes continuarán con sus asambleas y de momento no contemplan la desmovilización, aun con los ánimos algo desgastados.

Un hastío que se mezcla con el desgaste generalizado tras siete días duros de pernocta ininterrumpida, algunos de ellos como el de ayer pasados por agua durante varias horas de tormenta. Bien saben que los derechos de la infancia están íntimamente ligados a la estabilidad residencial. “Yo he trabajado en zonas vulnerables y he visto muchos problemas de desarrollo de lenguaje. Y cuando indagas es que vive una familia de 6-7 miembros en 20 metros cuadrados. Esa criatura que puede moverse, el desarrollo cerebral, el desarrollo neurológico de los tres primeros años de vida es a través del movimiento. No podemos pretender tener una educación de calidad sin una vivienda digna”, señala.

La sensación general de la acampada sigue siendo, no obstante, de triunfo. En los rostros de quienes todavía continuaban charlando o comiendo a la entrada de sus tiendas no había señal alguna de derrotismo ni ansiedad. Solo orgullo, esperanza y ganas de seguir dando la batalla con mayor intensidad. Durante esta semana de lucha que ha dado la vuelta al mundo, las manifestantes han logrado situar la crisis de la vivienda en el debate público y la agenda política, hasta el punto de poner contra las cuerdas como nunca antes al gobierno de coalición. Han convertido en posible lo que años atrás era casi impronunciable.

El discurso que señala como responsables de la emergencia habitacional a los fondos buitre y otros actores clave de la especulación se ha extendido incluso hacia capas de población joven despolitizada. De hecho, algunas creen que estos días han logrado tejer vínculos más sólidos entre las distintas organizaciones por la vivienda que han protagonizado el 26S: “Lo que ha pasado después de que haya caído el Real Decreto es que se ha formado una concentración de todas las organizaciones juntas, entrando a sol, hablando de que viva la lucha de la clase trabajadora y reivindicando la importancia de seguir organizadas”, han defendido algunas participantes.

Desde Sindicato de Vivienda de Carabanchel, una de las organizaciones de la acampada, Marta afirman que todo lo acontecido desde el desahucio de Maricarmen —quien gracias a la presión popular ha logrado recuperar finalmente su casa— ha servido para aglutinar y canalizar la rabia contenida de gran parte de la población. Para las organizaciones presentes en Sol, la acampada no es un fin sino un medio a través del cual arrancar acciones posteriores como protestas, movilizaciones y asambleas territoriales.

Aprovechando el altavoz mediático que ha traído consigo la lucha, “se han ido acercando determinados perfiles que quizás hace un par de semanas ni de broma se habrían planteado a empezar a militar o ir a una asamblea abierta y ahora lo contemplan como algo absolutamente necesario. Eso es un avance tremendo para los sindicatos”, comenta Marta ilusionada.

Aunque prefiere ser cauta a la hora de hablar de un posible viraje radical en la opinión pública y considera que deberá pasar un tiempo para comprobar los efectos sociológicos de esta semana, se enorgullece todo lo conseguido, que no es poco. “Lo que hemos vivido estos días hará que mucha gente empiece a situar el problema de la vivienda como un problema estructural”, celebra.

La juventud ha sido la gran protagonista de estos días, la mal llamada “generación de cristal” que se ha demostrado fundamental para tensionar a buena parte del gobierno estatal y regional. Desde los aledaños de su tienda, donde conversa con otros militantes que han pasado las últimas horas de la tarde achicando agua, nos recibe Raspu. A sus 20 años milita en la UJCE de Getafe y estudia un formación profesional en Producción Audiovisual. Estas seis noches en Sol ha compaginado la asistencia a clases en Carabanchel con la lucha en la acampada. Insiste en que su generación está hoy más concienciada que nunca sobre la coyuntura política y social que le rodea.

“La gente joven está activa en todo esto, lo que pasa es que se vende el relato de que la juventud es nazi porque a ciertos sectores del sistema capitalista les interesa vender ese relato. Pero la juventud no es nazi, de hecho mucha es abiertamente revolucionaria. La única diferencia es que ahora, por desgracia, no tienen vergüenza”, infiere. Ha descubierto cómo la autoorganización puede brindar esperanza a quienes muchas veces temen por su futuro en un mundo lleno de incertidumbres: “Puede parecer una cosa muy utópica, pero me levanto aquí, desayuno veo lo bien que todo funciona, cómo nos estamos limpiando todos, cómo a nadie le falta de nada. Entonces, me da una alegría que me quita de golpe el cansancio que pueda tener”, transmite emocionado.

Fuente: El Salto

De dragones flamígeros y caballitos de mar: ese Mar Menor al que enloda una delincuencia impune

 

Que tampoco el otoño es ya lo que era (3 de 21)

 Por Pedro Costa Morata   

   Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Vuelvo a interesarme por la obra de Antonio Jesús Ruiz Munuera, siendo esta vez su novela Donde nadaban los dragones (2026), el objeto de mi reseña después de haberlo hecho con Ojo de pez (La Opinión, 23 de mayo de 2017) y La ira del insecto (elDiario.es, 8 de mayo de 2021). Para reafirmarme en sus valores gramaticales y literarios, ya que sigo asombrándome tanto de su riqueza terminológica como de la narración profusa, suficiente y alegre; de una escritura no con desenfado, no, sino con una mala leche que no solo se ha de atribuir a los personajes (muy cinematográficos, por cierto, todos ellos), sino también por la ira a que mueve la trama, enmarcada en los crímenes contra el Mar Menor de nuestras entretelas. Es precisamente la recreación -certera, sugestiva y alarmante, pese a literaria- de la realidad murciana que queda especialmente dibujada en sus dramas ambientales lo que más me ha interesado de la producción novelística de este autor lorquino, ya que me resultan, todos, muy cercanos.

La novela de Munuera.

Pues se trata de un relato llevado a cabo con ironía compuesta de tal manera que cuida y respeta tanto la técnica como la trama. Una ironía que lleva al derroche expresivo, al giro hispánico y al habla murciana: todo ello al servicio de una inmersión constante en lo casposo, tanto de nuestra tierra como en lo general: Munuera odia la caspa y los casposos. El de nuestro autor es un estilo narrativo que no es que -exactamente- se despliegue con la jerga popular, sino que ya considero creación propia, hecha de desparpajo, exploración, creatividad… un algo que veo original, aunque con ecos (Munuera quiere reconocerlo así) de Dashiel Hamett/Sam Spade/Humphrey Bogart. A este respecto, siempre se dice que inevitablemente toda obra novelística tiene algo de autobiográfica y en el elenco de personajes con seguridad que alguno de ellos ha de parecerse, si no del todo, en buena parte, a nuestro autor, aunque supongo que él se sentirá un a modo de mixtura de varios de ellos (uno de ellos, el submarinista, pero hay otros reflejos que la historia emite).

Invito a los lectores a que presten atención a las descripciones humanas y paisajísticas de la obra, porque esto aparece con una maestría que llega a entusiasmar: fíjense lo que hace con personajes como la forense Escarbajal, la agente Aitana (y el asiático que se toma, válgame Dios) o el muerto 1 (como se dice en el teatro), Goyeneche, por no aludir al muerto 2, el fiscal Ubiña… exámenes, más que descripciones, exuberantes y también respetuosos, teniendo en cuenta que estamos ante literatura de ficción y el autor sabe hasta dónde debe llegar ya que es para pasarlo bien, aunque el objeto y las pretensiones de la obra sean, claramente, ilustrar la vida misma; o cómo se las apaña con el monasterio de San Ginés de la Jara y su arquitectura medieval y renacentista al hilo de la contemplación de sus ruinas que, como buenas ruinas de novela, quedan dramatizadas en grado superior. Creo que esta vez, A. J. R. Munuera se ha explayado más en la descripción de los personajes, más al planteamiento y al nudo que al desenlace: más cobertura, en definitiva, al suspense, que siempre envuelve a sus obras

Porque son las tramas de acción y misterio de las novelas de Munuera lo que más me admira, si he de compararlas con la extensa gama que la novela negra (policíaca, se decía antes, thriller según los virtuosos del género) ofrece: cómo surge la acción, con qué mimbres se desenvuelve y el papel asaltante de la sorpresa… que son recursos de pura literatura de suspense y que este escritor domina con verdadero arte, trenzando suficientemente bien la narración para que sorprenda, sí, pero con la emoción y el goce que se ha de esperar de la buena literatura de entretenimiento. Aunque, ya digo, el fondo y el horizonte sean los de un mundo en sus circunstancias más tétricas y odiosas, con el crimen suelto y la impunidad fungiendo que, explicados con realismo lleno de recursos, suaviza el hecho horrible con su literaturización ortodoxa.

Se evidencia, claramente, una sostenida huida desde la ficción, tanto por el arte literario como por el asunto por el que opta, que es de realismo apabullante: nada menos que el envenenamiento del Mar Menor por sus enemigos físicos y morales. Es un relato, pues, que se pega a la tierra (a esta maldita tierra, como él dice y repite dos o tres veces). De esta forma, Munuera derriba cualquier elegancia fatua sobre visiones inexistentes y deja desarmada al alma humana, capaz entonces de vivir y sufrir lo que contempla, supone y teme.

Y como el autor insiste en tomar para su trabajo los escenarios murcianos del crimen ambiental (y del otro), admirándose él mismo de hasta qué punto la realidad puede superar a la ficción, no deberá extrañar la abundancia del término mierda, ya que de la mierda delictiva regional trata su trabajo, que es ante todo indagación, documentación y experiencia, todo lo cual desemboca en mierda, mucha mierda. Un hedor que -habiendo sido yo invitado por él mismo para presentar su novela en Lorca hace poco, junto con Pepe Murcia, dilecto amigo común- me hizo comunicarle previamente que me llevaría a aportar, a tan gozoso encuentro, mi personal ejercicio de analogías entre elementos significativos de su trama, solo “instrumentalmente” alejados de la ficción, y realidades bien constatadas de la existencia murciana... Porque bien es verdad que no es esta una tierra idílica, sino criminalizada ética y ecológicamente de forma bien establecida desde -por lo que a los sufrimientos del Mar Menor se refiere- la llegada de las aguas del Trasvase al Campo de Cartagena, con la brutal y tóxica (pero crematística) conversión del secano en regadío; y resulta así que este sea uno de los casos por los que en esta tierra no corremos el riesgo de que la ficción supere a la realidad. Munuera, sensible, atento y bien informado, tiene a bien aludir en sus obras a los esfuerzos de los defensores de la tierra y sus valores, y así lo hace aquí con sus referencias a los “incansables ecologistas” y al “agropoder murciano”, el más temible enemigo.

El autor, entre los presentadores.

De entre esas analogías fácilmente trasladables del texto novelístico al discurrir del tiempo y las cosas quise destacar tres, tratándose la primera del canal del Estacio, cuyo ensanchamiento y reprofundización en 1975 el cuasi dueño de La Manga, Tomás Maestre Aznar, quiso realizar, y realizó, para permitir el tráfico de barcos de recreo de cierta envergadura hacia y desde el puerto deportivo interior a la albufera, de nombre, vaya sorpresa, “Tomás Maestre”, induciendo un primer y tremendo impacto por el progresivo descenso de su salinidad y su temperatura: lo que las autoridades de Costas, acostumbradas a allanarse ante el eximio empresario, debieron tomar al pie de la letra de lo que Maestre esgrimía: que el Mar Menor se “oxigenaba” con esa obra. Quise recordar aquel primer atentado contra el Mar Menor, adelantado al que la novela relata -que es de origen agrario y que ha resultado decisivo en las desgracias de la albufera-, añadiendo en sintonía con la trama criminal la respuesta desabrida que Maestre tuvo a bien dirigirme cuando lo califiqué (1980) de “señor feudal” y de “verdadero alcalde” del Mar Menor, lanzándome una querella por calumnias e injurias que, vista la documentación y las razones que aporté, quedó al poco sobreseída.

Un segundo detalle, relativo a la intimidación de la que gustan usar los criminales, con el destrozo que la agente ambiental Aitana, heroína de la novela, sufrió en su casa, lo enlacé con aquel asalto (2005) que las dueñas de la finca Architana, en Moratalla, sufrieron en su casa por delincuentes anónimos al resistirse a vender su propiedad, cultivada con conciencia ecológica y esmero mediterráneo.

Y la tercera y más importante semejanza la expliqué tomando como referencia la decapitación, en la novela, del fiscal Ubiña por meter las narices en el hecho criminal y llegar demasiado lejos, para lo que evoqué al fiscal Emilio Valerio, que la Fiscalía General del Estado tuvo que enviar desde Madrid a investigar el robo de agua en la Cuenca del Segura, ya que el poder judicial regional no mostraba gran interés por combatirlo. Y tras formular imputación (2004) de una treintena de políticos responsables y empresarios beneficiarios (lista en la que se incluía al magistrado murciano Mariano Espinosa, empresario a la vez del agua en Moratalla) hubo de enfrentarse a dificultades mil, querellas y desesperaciones, viéndose obligado Valerio (amigo mío) a renunciar a la carrera fiscal unos días antes de verse destituido, por lo que acusado y acosado vivió su decapitación profesional y moral contemplando cómo sus investigaciones y acusaciones quedaban sin efecto. O sea que, como el fiscal Ubiña del relato, el muy real fiscal Valerio pagó caro, muy caro, el querer cumplir con su deber. Y, supongo que amargado, ha muerto hace poco, demasiado joven.

A modo de corolario y siguiendo con los fiscales, también advertí a la concurrencia sobre el hecho de que el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia murciano, Miguel de Mata, es lo más parecido a un cero a la izquierda, si tomamos en cuenta el entusiasmo que muestra archivando causas ambientales que, para muchos murcianos, nos parecen relevantes y escandalosas.

Masacre en el Mar Menor (Fundación Aquae).

En la causa del Mar Menor están expuestas todas las responsabilidades, directas e indirectas, físico-químicas, políticas e incluso científicas, siendo las más graves -las agrarias- las que más protegidas se encuentran, y a las que ningún Juzgado ni institución política hincarán el diente de verdad, ya que se trata de la esencia de esta región, del agrocantón murciano que, siendo hermoso reducto mediterráneo, Munuera deja expuesto en sus obras en carne viva, recordándonos que son muchos los que, sin escrúpulo alguno y con militante impunidad, nos lo llenan de mierda cada día.