Demandas sin conciliación: el periodista se tiene y mantiene

 

Que tampoco el otoño es ya lo que era (12 de 21)

 Por Pedro Costa Morata   

      Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

        Tres demandas, tres, lanzadas contra quien esto escribe, relator veterano de los avatares -faustos e infaustos- de su pueblo, la hermosa villa marinera de Águilas, han sido rechazadas en su momento, no ya por las pretensiones pecuniarias de los demandantes exaltados (3.000, 10.000 y 30.000 euros de vellón, respectivamente), sino porque contribuirían, en distinta medida, al blanqueo de una situación, la político-municipal aguileña, que este cronista no puede dejar pasar.

El origen, típicamente periodístico y, digamos, de investigación, radica en aquel artículo, “Águilas: el desmedido poder del secretario López” (Alteridad, 3 de noviembre de 2025: el Artículo, en adelante), en el que me alarmaba de la ubicuidad y el poder personal del secretario municipal, Jesús López López (en adelante J2L, un algebraísmo elemental, por ahorrar tinta) con estruendosos resultados y no poca alteración de la vida municipal, por su intensa influencia en ciertos munícipes, principalmente la exalcaldesa Mari Carmen Moreno y el actual alcalde Cristóbal Casado, así como por su agresividad hacia ciertos funcionarios, leales cumplidores de sus tareas.

Pero la descripción social, o sea, la que interesa a la ciudadanía, de este funcionario J2L, con su transcurrir en la villa desde 2016, requiere consideración aparte, y en su momento habrá que dársela. En el presente artículo me refiero a dos ciudadanos a los que aludo en el mencionado Artículo de 2025, por vincularlos a la presencia y actividades de J2L en Águilas o Mazarrón (municipio donde posee la responsabilidad, también, de secretario por acumulación), ya que se han considerado perjudicados por su textual y por eso me lanzaron sus demandas de conciliación que yo, atenta y oportunamente, he ido rechazando, por considerar que carecen de motivación real.

El primero de ellos es Diego Martínez Montalbán, aguileño con puesto en el Ayuntamiento de Mazarrón, al que relaciono en el Artículo en seis líneas con un escándalo habido en el Ayuntamiento de Mazarrón a causa de una convocatoria de 18 plazas de auxiliares administrativos y que lo enfrentó a la lideresa del PP en esa Corporación, Alicia Jiménez, y de lo que la prensa en su día dio cuenta; también, por cierto, ha dado cuenta la prensa regional recientemente de las investigaciones de Guardia Civil y Fiscalía sobre “presuntas irregularidades en diversos procesos de selección de personal y promoción interna celebrados en el Ayuntamiento de Mazarrón” (La Verdad, 9 de setiembre de 2026). Por esa mera constatación Diego Martínez Montalbán me lanzó su demanda anunciándome “querella por injuria y calumnia” (o sea, Código Penal, ¡qué barbaridad!).

Ayuntamiento de Mazarrón.

Aunque en otro punto de su dolida filípica considera mi escrito como “un grave perjuicio al derecho al honor”, lo que parece que suavizaría la cosa a la hora de la verdad. Y todo por reproducir yo algo que sucedió y tuvo a él, de alguna forma, por protagonista, ya que también reconoce en su demanda que “desempeña funciones de especial relevancia institucional como Secretario de los procesos selectivos de oposición”... (O sea, que en qué quedamos).

En efecto, estas contradicciones resultan mera anécdota si prestamos atención -como yo hago, vaya si lo hago- a algo tan extraordinario como que por tres veces en su escueto escrito de demanda, de cinco folios, me atribuye el “tildar al Secretario General del Ayuntamiento de Águilas y acumulado en el Ayuntamiento de Mazarrón, el Sr. Jesús López López, de ladrón, corrupto y prevaricador” (¡qué barbaridad). Cuando leí esto y nos vimos, para no conciliarnos, ante el Juez de Paz de Águilas, le pregunté a su abogado si creía llegar muy lejos acusándome de haber opinado así, primero porque aludía a una tercera persona ajena a esa demanda, y segundo porque esos calificativos no aparecen en mi Artículo por mucho que se mire y remire (¡anda qué...!).

Para aclarar esta demanda tan confusa e incompetente, algo hay que subrayar y es el explícito interés del demandante de situarme frente y contra el Sr. Jesús López López, o sea, J2L, su jefe jerárquico, metiéndose en un jardín fértil y umbroso. Porque fue Diego Martínez Parra, padre del funcionario a quien aludo, quien me montó el pollo en plena calle y en el breve y animado lapso de tiempo entre la publicación de mi Artículo y la campaña desatada para desposeerme de mi (bien ganado) título de Hijo Predilecto de Águilas, amenazándome con mandarme “un amigo” si en mis artículos volvía a poner a su hijo, el funcionario, “en relación con el secretario de Águilas”, o sea, J2L (de quien, ambos, son grandes amigos, y a quien el provocador trata de “hermano”). A ver quién entiende a estos dos ciudadanos, y cómo es que el funcionario protesta también en su demanda por haber escrito yo en mi Artículo que él es “de la cuerda” de J2L, que hay que ver qué susceptible se me muestra.

Claro, claro, es la sombra de J2L lo que aletea sobre Martínez Montálbán, en perfecta sintonía con Martínez Parra que, desocupado como está, dedicó días y horas muy intensas a recabar firmas para que el Ayuntamiento me desposeyera de mi título de Hijo Predilecto en diciembre pasado, trabajándose a tope, según mis informadores más escrupulosos, los círculos más ultras del pueblo (¡ah, ya vamos entendiendo!).

El segundo demandante es Ángel López Santos, directivo de la empresa inmobiliaria ATTC, que lanzó una lastimera carta al director de Alteridad quejándose del periodista y de lo que vertía en el mencionado Artículo, que fue contestada con otra carta, explicativa y moderada, con la invitación adicional de mantener una reunión aclaratoria, teniendo en cuenta que este autor, de larga experiencia en atender a los problemas aguileños, no se ha distinguido nunca ni por ofender a las personas señaladas ni por faltar a la verdad. La respuesta fue la interposición de la demanda de conciliación, con dos puntos de merecida atención y gran copia de suposiciones, invenciones e interpolaciones atribuidas al Artículo pero que son imposibles de encontrar si se indagan con rigor. Como el anterior y potencial querellante, Ángel López advierte en el periodista “absoluto desprecio a la verdad” e intención de “causar daño al honor” del directivo y su empresa; lo que le lleva hacia un presunto “delito de calumnias”, lo que parece inducirle a acudir también a la vía penal.

De esos dos aspectos que considero dignos de mayor interés el primero –al que el demandante da una importancia claramente desproporcionada- es la negativa a reconocer que ATTC sea empresa constructora, sino inmobiliaria “de intermediación” y “nunca se ha dedicado a la construcción de inmuebles”, lo que pareciendo protesta nimia algo da de sí, y es que en la escritura de constitución de la empresa figura como primer objeto social la “construcción, instalaciones y mantenimiento”.

Sede en Águilas de la inmobiliaria ATTC, en letras de oro.

Además, la empresa ha construido (quizás “rehabilitado”) el edificio del Pº de la Constitución, 37, con la correspondiente licencia de obra, cosa que niega, contra toda evidencia material y de forma apodíctica: “No existe ni una sola licencia de promoción de vivienda concedida por el Ayuntamiento a favor de ATTC” (¿por la boca muere el pez?). El segundo, ¡vaya por Dios!, es su rotunda afirmación de que “no existe vinculación alguna de carácter profesional y empresarial entre el Sr. López López y ATTC o su administrador Ángel López”, a lo que el Artículo no hace referencia alguna, como tampoco alude, contra lo que subraya el demandante, a que esa empresa se vea “beneficiada ilegítimamente por la adjudicación de proyectos o concesión de licencias de promoción de vivienda...”. Imaginaciones de nula relevancia ante la literalidad del Artículo y, más todavía, la libertad de expresión y opinión del autor sobre la base de situaciones, hechos y realidades suficientemente fehacientes; y unas relaciones ATTC-J2L cuya inexistencia López Santos tendrá serias dificultades en demostrar si persiste en su demanda.

Llama la atención el rechazo de ambos demandantes -en el caso de Martínez Montalbán, incomprensible, y en el de López Santos, sorprendente- a que se les reconozca relaciones con el secretario municipal J2L, lo que, a fe mía, son cosa más que sabida y evidente. No es, sin embargo, la finalidad de este periodista el expresarse en términos pretendidamente jurídicos, que ni domina ni son su trabajo: sí lo es -por su trayectoria y, más aún siendo Hijo Predilecto- el plantear, difundir y señalar cuanto considera ajeno a la normalidad en su pueblo, sea ésta política, municipal, administrativa o ética.