Por
Eduardo
García En paralelo a una ofensiva cada vez más visible en el plano de la política exterior, el segundo mandato de Donald Trump ha intensificado de forma notable el frente interno. Minnesota y las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se han convertido en uno de los principales escenarios de esta estrategia.
Sin ir más lejos, The New York Times titulaba recientemente que “Mineápolis se siente como una guerra civil”, tras recoger testimonios de organizaciones comunitarias que operan sobre el terreno y analizan los nexos políticos entre Trump, el ICE y Minnesota.
El despliegue sostenido de operativos del ICE, acompañado de detenciones masivas y de varios asesinatos cometidos por estos cuerpos, ha actuado como detonante de un nuevo ciclo de movilización social en el estado.
En la práctica, el ICE opera hoy como una estructura parapolicial directamente asociada al trumpismo, reforzada mediante campañas de reclutamiento acelerado y dotada de recursos económicos cada vez mayores.
Minnesota vs. ICE
Minnesota no es un territorio cualquiera, sino que se trata de un estado que ha votado de forma ininterrumpida al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales desde 1976 y que suele analizarse desde la idea de un “excepcionalismo” vinculado a su tradición de acogida de refugiados y migrantes, así como a un perfil político progresista.
Además, fue uno de los epicentros del levantamiento de Black Lives Matter en 2020. Precisamente por ello, la ofensiva del ICE adquiere aquí un carácter especialmente disruptivo, tanto en términos simbólicos como políticos.
En barrios de Mineápolis y de su área metropolitana se han establecido sistemas de alerta temprana para advertir de la presencia de agentes del ICE. Vecinos apostados en esquinas estratégicas hacen sonar silbatos cuando ven llegar los operativos.
Esto genera un efecto de propagación inmediata que alerta a otras personas en otras manzanas para que repliquen el silbido, permitiendo así advertir a población migrante o racializada que se encuentra trabajando o circulando por la zona. Este mecanismo, sencillo pero eficaz, se ha visto reforzado por protocolos de seguimiento y grabación de las actuaciones policiales.
La escalada represiva, que ha incluido la detención de un niño de cinco años, ha sido también utilizada por Trump como herramienta de confrontación política. El presidente y su entorno digital y de medios ha instrumentalizado la violencia del ICE en Minnesota para cargar contra Tim Walz, actual gobernador del estado, excandidato a la vicepresidencia de Kamala Harris y uno de los nombres que circulan en las quinielas demócratas para 2028.
El asesinato de la activista Renee Good a manos de varios agentes del ICE aceleró una disputa que ya venía gestándose desde el inicio del segundo mandato del republicano. Asimismo, el ciclo de protestas abierto tras la campaña del ICE en Minnesota guarda similitudes con el vivido a mediados de 2025 en Los Ángeles, también a raíz de las actuaciones del ICE.
En este contexto, organizaciones comunitarias, estudiantiles, civiles y religiosas han protagonizado el 23 de enero una jornada estatal de “no trabajo, no escuela y no compras”, bajo el lema “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”. Cerca de un centenar de organizaciones y numerosos sindicatos habían respaldado la convocatoria.
Trump dispara el presupuesto del ICE
Se estima que unas 10.000 personas han participado en tareas de vigilancia comunitaria, patrullaje ciudadano y movilización en apenas dos meses, lo que da cuenta de un tejido social altamente politizado y con experiencia organizativa previa.
Este nivel de engrasamiento del tejido cívico y vecinal puede apreciarse también tras el asesinato de George Floyd en 2020. A ello se suma el apoyo y la probable capitalización política de la izquierda del Partido Demócrata y los socialistas democráticos.
Este escenario no puede desligarse del proceso de expansión material del propio ICE. El organismo depende del Departamento de Seguridad Nacional, actualmente dirigido por Kristi Noem, y fue creado en marzo de 2003 durante la presidencia de George W. Bush. Desde entonces, su peso dentro del aparato estatal ha crecido de forma sostenida, pero ha sido durante el segundo mandato de Trump cuando su presupuesto se ha disparado.
Según recoge NPR, hace apenas una década el presupuesto anual del organismo era inferior a los 6.000 millones de dólares. Hoy, esa cifra habría escalado hasta los 85.000 millones, convirtiéndolo en la agencia policial estadounidense con mayor financiación y permitiendo que Trump use el ICE en Minnesota como herramienta de profundización político-ideológica.
El incremento presupuestario ha ido acompañado de una expansión acelerada de efectivos. De acuerdo con datos oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional habría recibido más de 220.000 solicitudes para incorporarse al ICE.
El número de agentes se habría más que duplicado, pasando de 10.000 a 22.000. Este crecimiento no solo responde a mejoras salariales y condiciones materiales, sino también al encuadre ideológico impulsado por el trumpismo, que presenta al ICE como un cuerpo leal al presidente y como punta de lanza de su “guerra” contra las comunidades migrantes y las “ciudades santuario”.
Fuente: Descifrando La Guerra
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